El expresidente Álvaro Uribe Vélez no pasó por alto la declaración que dio la excongresista Zulema Jattin ante la Justicia Especial para la Paz (JEP). Allí, la exsenadora habló de supuestos pactos con paramilitares y campañas políticas, y salpicó al exmandatario.
Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Uribe fue directo en señalar que Jattin está interesada en obtener beneficios de la jurisdicción transicional, con una declaración después de 20 años.
En el mensaje que publicó el expresidente, aseguró que Zulema Jattin debe denunciar no solo con su testimonio, sino con las pruebas. Y advirtió con severidad: “La denunciaré ante la justicia”.
“Si la señora Zulema Jattin me preguntó si denunciaba una amenaza que habría recibido de los paramilitares, es propio de mi persona contestar: “Denuncie con las pruebas”, sin más. Si afirma 20 años después, para beneficiarse en la JEP, que era una “amenaza velada”, la denunciaré ante la justicia”, trinó Uribe.
En un documento de 92 páginas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la libertad condicional de la excongresista Zulema Jattin Corrales. En el minucioso estudio, se concluyó que la otrora presidenta de la Cámara de Representantes ha cumplido con sus compromisos de aportar a la verdad sobre los nexos entre la clase política (léase congresistas, gobernadores, alcaldes), empresarios y funcionarios públicos con los grupos paramilitares en el norte de Colombia, principalmente en el departamento de Córdoba.
En la decisión, emitida el pasado 18 de agosto, se ponen de presente los temas principales en los cuales Jattin entregará información minuciosa y detallada, así como sustento probatorio. Igualmente, y por primera vez de forma directa, la exrepresentante a la Cámara reconoció haber firmado un pacto político con los grupos paramilitares comandados por Salvatore Mancuso Gómez en 2003.
Sin embargo, admitió que no fue la única, puesto que al llamado Pacto de Sindicato se sumaron Julio Manzur –senador conservador– y el contratista Juan Carlos Aldana. “Hubo un pacto no escrito, sino tácito, con las Autodefensas para entregarles las secretarías si ganaba el candidato del llamado Sindicato”. Con esto, dejó en claro la forma como se negoció el apoyo de Aldana a la Gobernación de Córdoba.
Jattin entregó nombres completos de las “cuotas” de los paramilitares en los cargos en la Gobernación, señalando que muchos de ellos no han sido investigados hasta la fecha por estos nexos con las AUC. Por ejemplo, William Saleme Martínez, quien fue secretario de Hacienda, ha ocupado otros cargos públicos, entre estos juez y funcionario de la Defensoría del Pueblo.
El hecho de que no exista un expediente contra Saleme Martínez fue catalogado por la excongresista como “increíble”, y manifestó que entregará las evidencias. “Es uno de los nombres que yo quiero presentarle como aporte a la jurisdicción, porque es increíble que no solo no haya sido procesado por un vínculo directo, reconocido por todos los autores en ese momento, sino que también ocupe cargos en la jurisdicción ordinaria”.
Reunión con Uribe en 2002
En el segundo acápite de colaboración, llamada “Aportes novedosos ofrecidos por la compareciente”, se cita el capítulo ‘Reunión con el candidato Álvaro Uribe en el 2002″. En esta, se señala como contexto que el 13 de septiembre de 2001 se reunió con el comandante paramilitar Salvatore Mancuso para planear la estrategia política de cara a las elecciones que se iban a celebrar en 2002.
En ese encuentro estuvo presente el director del Meridiano de Córdoba, William Salleg. “Nos reunimos allí en un quiosco que lo llamamos nosotros en esa finca y me notificó que no podía volver a hacer proselitismo político en los municipios de Tierralta y Valencia porque esa zona estaba orientada por él a la votación de Eleonora Pineda, que aspiraba la Cámara de Representantes, y de Miguel de la Espriella, que aspiraba el Senado para las elecciones del año 2002. Tuvimos una discusión muy fuerte porque a mí no me gustó que me cerraran dos municipios en los que yo había hecho alguna presencia política desde el 98 a esa fecha”.
Eso generó una fuerte discusión con el jefe paramilitar por la restricción que estaba fijando de realizar actividades políticas. Por esto, manifestó que iba a celebrar una rueda de prensa en Bogotá para “contar lo que está pasando en Córdoba”.
En enero de 2002, citó Jattin, “a razón de la reunión con Mancuso, la compareciente se refirió a la reunión que sostuvo ella y otro candidato del departamento de Sucre con el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez”.
Según reseña un resumen de la Sala, “esta reunión tampoco había sido conocida por la justicia penal ordinaria. En dicho encuentro, la señora Jattin le explicó al señor Uribe las dificultades que tenía en su campaña para las elecciones legislativas, por la injerencia que tenían los paramilitares en el departamento. En esa reunión, Uribe le dijo que si no tenía pruebas escritas de estas restricciones, era mejor que no lo denunciara”.
“Por eso le llamé al entonces candidato a la Presidencia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien se encontraba en esos días en la finca de Montería, en jurisdicción de Montería, y le pedí que me recibiera (…). Acudí a esa reunión en compañía del doctor Luis Felipe Villegas Ángel, que era congresista por Sucre y que también está presentando su nombre a las elecciones de la Cámara de Representantes del año 2002, pero por el departamento de Sucre, y que tenía digamos allá unos problemas similares a los míos (…).
Entre los dos fuimos al Ubérrimo en enero de ese año, le contamos al candidato, en ese momento candidato presidencial, por lo que estaba pasando en Córdoba y en Sucre, con nombres propios (…), y él me dijo que si yo tenía alguna prueba real, que no solo fuera mi testimonio de la prohibición, de la prohibición de hacer proselitismo en esos municipios, o que si tenía algún documento escrito donde constara esa prohibición (…). Pero eso era imposible la verdad en ese momento, que existiera un documento con un llamado de cualquier jefe paramilitar, pues estaba claro que no podíamos ir a donde ellos no querían que fuéramos, y me dijo que como yo no tenía ninguna prueba, pues él creía que lo mejor era que no, que no pusiera esa denuncia, y que tratara de hacer campaña en el resto del departamento”, dijo textualmente Jattin.