Los rectores de las universidades Nacional, Industrial de Santander, Antioquia, Colegio Mayor de Cundinamarca, del Valle, de Nariño y Pedagógica Nacional emitieron un comunicado conjunto sobre la construcción de la reforma a la Ley 30. Las instituciones le hicieron una serie de recomendaciones al Gobierno nacional en torno a la concertación y el contenido de la iniciativa.
En primer lugar, las universidades resaltaron la labor del Ministerio de Educación en la construcción y formulación del proyecto de ley, así como la construcción de acuerdos necesarios. De esa forma, las instituciones manifestaron su disposición para participar en el proceso y hacen un llamado a otras comunidades universitarias a sumarse al “análisis y a hacer propuestas de actualización” de la norma.
“Este proceso es una excelente oportunidad para consolidar a la educación como el motor del cambio social que el país anhela y para que la gestión del conocimiento diseñe caminos al futuro. Interpretar las necesidades actuales en su dimensión local, regional y nacional, con un enfoque en nuestro entorno global, es un reto central en la formulación de este proyecto”, indicó el comunicado conjunto.
Las universidades recordaron que aceptaron la invitación a las mesas temáticas que analicen aspectos particulares de la norma, pero solicitaron que se identifique un rumbo.
“Hace falta reflexionar sobre el sistema en su conjunto, definir un horizonte común y establecer los vasos comunicantes de este con los demás sectores de la sociedad”, manifestaron las instituciones firmantes, quienes resaltan que la nueva norma debe poner en el centro al estudiante y su “formación integral”.
“Así ocurre en los mejores sistemas de educación del mundo, sistemas pensados para la formación a lo largo de la vida. Necesitamos un sistema más flexible, con entradas y salidas diversas, articuladas con los demás niveles educativos”, recomendaron los rectores de las universidades públicas.
Las universidades reconocieron la necesidad de crecer en cobertura responsable y de calidad, de manera que se garantice la permanencia y la pertinencia. De esta forma, recomiendan tener en cuenta las debilidades del sistema, así como sus experiencias valiosas y logros acumulados en tres décadas.
Adicionalmente, recalcan que la nueva ley deberá definir un marco fundamental de principios “coherente, factible, centrado en lo fundamental, y que incluya una estructura del sistema con funciones y responsabilidades”.
Todo esto, según las universidades, “sin dejarse llevar por la tentación de llegar al exceso de la reglamentación particular”.
“La nueva ley de educación superior debe ser una auténtica política de Estado que contemple la gestión, la evaluación, la calidad y la inspección y vigilancia. Cumplir con este horizonte exige consolidar acuerdos en tiempos razonables, garantizando la participación de la pluralidad de actores del sistema, en diversos y continuos espacios, y la sistematización de los resultados de esa participación”, agregó el grupo de universidades públicas en el comunicado.
Por esta razón, las instituciones resaltan la importancia de la educación superior para la transformación del país y advierten que se deben surtir todas las etapas de concertación: “No podemos permitirnos el error de presentar un proyecto de ley sin la discusión, la legitimidad y la pertinencia que nuestra realidad nacional demanda”.
“Es necesario contar con tiempos y garantías suficientes para que las comunidades de las instituciones de educación participemos adecuadamente. Las universidades tendremos que cumplir un papel fundamental en la construcción de este nuevo sistema. Reconocer el carácter autónomo, universal, científico y colegiado, y nuestra responsabilidad social, nos configura como agentes garantes de este proceso amplio, participativo y colectivo en el que debemos construir la reforma”, se lee en el documento.
Finalmente, resaltan el fortalecimiento financiero de las instituciones y reiteran su llamado a la concertación con todos los sectores involucrados.
“El camino de los acuerdos con la participación de todos los actores es el camino de la educación. Recorriéndolo en conjunto, con el compromiso, el esfuerzo y la voluntad de todas y todos, tendremos una propuesta estructural, legítima y realmente transformadora, antes de finalizar el presente año”, concluye el pronunciamiento de las instituciones públicas.