El fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, al término de una reunión de alto nivel que sostuvo con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, defendió a capa y espada las líneas rojas para la liberación de la primera línea como voceros de paz del Gobierno nacional.
Barbosa reveló que se definió en el encuentro con el mandatario colombiano que duró más de una hora en el Palacio de Nariño, que los jueces de la República y no el presidente tendrán la última palabra para evaluar la liberación de integrantes de la primera línea que se encuentran en diferentes cárceles.
“Primero la función de la Fiscalía General de la Nación, es una función que tomó todas las decisiones que se tomaron y que se tomaron con fundamento en la constitución y la ley y son los jueces quienes otorgaron las medidas de aseguramiento determinadas por la Fiscalía, para nosotros existen unos límites”, sostuvo Barbosa.
Y agregó en su declaración en la Casa de Nariño: “Yo he venido diciendo que personas condenadas, personas que cometieron delitos graves o que tuvieron que ver con episodios de violencia, homicidios, secuestros y torturas, son personas que no podrían estar vinculadas como voceros”.
“Da muchísima tranquilidad de que sean los jueces en el marco de su autonomía judicial y de los casos concretos quienes tomen las decisiones finales que van hacer sugeridas por el comité intersectorial que se creó con el decreto 2422″, anotó Barbosa.
¿Cuántos serán liberados?
Siete integrantes de la primera línea serán liberados en las próximas horas y serán designados voceros de paz. Se trata de cinco personas detenidas y dos que tienen casa por cárcel.
Dos son de Medellín, uno de Cali, dos del Cauca y dos más de Bogotá.
SEMANA conoció que el decreto se firmó en la noche de este jueves 15 diciembre, justo cuando el presidente Gustavo Petro se reunió a puerta cerrada con el fiscal general, Francisco Barbosa, para analizar el alcance jurídico de su propuesta.
El presidente cumplió lo que había prometido desde el 19 de junio pasado cuando resultó el ganador de las elecciones presidenciales, un tema en el que volvió a insistir hace dos semanas cuando dijo que los jóvenes de la primera línea merecían pasar Navidad con sus familias.
Ocurrió el marco del diálogo con presidentes de juntas de acción comunal, que se realizó en Pasto, donde el mandatario confirmó que “centenares de jóvenes que fueron detenidos en las protestas en las que se registraron desmanes en diferentes departamentos de Colombia, serán liberados antes de la Noche Buena”.
“Tienen derecho a pasar Navidad con sus familias”, añadió el líder del Pacto Histórico en un evento público.
Ese día, Petro comparó lo sucedido con estos polémicos jóvenes con lo ocurrido en la dictadura en Chile, cuando mataron a decenas de jóvenes en los estadios tras el fallecimiento de Allende “en un estadio así como este, frío y oscuro mataron a Víctor Jara y decenas de jóvenes”.
Horas después de su declaración, la Casa de Nariño trabajó un decreto presidencial con el que el líder progresista oficializaba su promesa de campaña.
Se trata del Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022. Y estable, entre otras, la creación de una comisión intersectorial para la promoción de la paz, la reconciliación y la participación ciudadana, que estará integrada por el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del Dapre.
Dicha comisión, entre sus funciones, tendrá que “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″, según el documento oficial.
El decreto fue firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la viceministra de Justicia, Jhoana Alexandra Delgado Gaitán; y el director del Dapre, Mauricio Lizcano.