La Fiscalía General de la Nación anunció que presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencia de imputación de cargos a María Isabel Urrutia, exministra del Deporte, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El ente acusador asegura que la exfuncionaria es la “posible responsable de varias conductas delictivas” en la celebración de más de un centenar de contratos.
En marzo de este año, el presidente de la República anunció que declaró insubsistente a Urrutia por “actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”.
Según la Fiscalía, en la noche del 28 de febrero, luego de que el presidente le solicitó públicamente la renuncia, la exministra ordenó terminar “de manera selectiva y subjetiva” 106 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Estos tenían una vigencia de cuatro meses.
“En las actas de terminación anticipada cada contratista señaló que ponía fin al compromiso laboral por motivos personales. Sin embargo, por instrucción de la entonces ministra, en apenas cuatro días fueron contratados nuevamente, pero por un término mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023″, se lee en el comunicado de la Fiscalía.
En la investigación del ente acusador se estableció que los nuevos contratos fueron celebrados “en aparente desconocimiento de las normas de contratación”.
Por esta razón, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará a Urrutia el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. En este caso no se solicitará la imposición de medida de aseguramiento.
La impresionante feria de contratos de María Isabel Urrutia
Como no había ocurrido en la historia reciente del país, la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, fue declarada insubsistente por orden del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de marzo. La salida por la puerta de atrás de una de las glorias del deporte colombiano encendió las alarmas y generó más de un interrogante. SEMANA revela las razones de su sorpresiva salida y que tienen que ver con serias sospechas por presuntas irregularidades en una auténtica maratón de contratos.
En total son 202 procesos que están en la mira de los organismos de control. Todos ellos fueron suscritos entre el sábado 4 de marzo y el lunes 6 de marzo, es decir, cuando Urrutia había dejado de ser ministra, según las primeras indagaciones del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco. Los hallazgos fueron trasladados a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
La velocidad relámpago de la contratación de los 202 convenios es llamativa y hubo movimientos de documentos hasta la medianoche, tal como lo denunció el abogado Daniel Briceño. Los recursos comprometidos ascienden a 24.000 millones de pesos.
Las fechas muestran que, antes de ese fin de semana, el volumen de contratos era otro en la entidad: entre el 16 y el 20 de enero, en el Ministerio del Deporte se firmó solo un contrato; entre el 23 y el 27 de febrero fueron 40; entre el 30 de enero y el 3 febrero fueron 39; entre el 5 y el 10 de febrero, 34; entre el 13 y el 17 de febrero, 37; entre el 20 y el 24 de febrero, 64, y entre el 28 de febrero y el 3 de marzo, 25.
Esos 202 contratos representan el 45,7 % del total que se ha firmado este año en ese ministerio. En total, son 442 contratos en lo corrido de 2023. Ese fue el primer punto que generó una gran alerta en la Presidencia.
Otra preocupación de la Secretaría de Transparencia es que, de esos 202 contratos, 106 seguían teniendo funciones activas, es decir, contaban con contratos vigentes con la entidad, lo que podría conllevar a una doble contratación y a problemas más graves.
En un documento enviado por la Secretaría de Transparencia a la Contraloría, y que conoció SEMANA, se detalla la documentación de esos 106 contratistas que tuvieron duplicidad. En el archivo se evidencian los nombres y datos de cada uno de ellos. Los contratistas tenían funciones hasta abril o mayo. El problema es que, antes de que se les venciera la prestación de sus servicios, Urrutia firmó directamente con ellos un nuevo contrato hasta el 31 de diciembre de 2023.
Idárraga aseguró que un requisito para acudir a ello es que se presente un acta de terminación del contrato anterior, que fue radicada en algunos de los casos. Sin embargo, 79 de ellos volvieron a contratar con el Ministerio del Deporte con los mismos objetivos, tareas, obligaciones, certificados, entre otros documentos que deben ser presentados. Solo 27 contratos tuvieron un nuevo propósito. “Se trata de un ajuste de redacción en muchos casos o de la tarea que podía modificar sus honorarios”, alertó el secretario de Transparencia, quien dice que se pudo haber incurrido en un posible detrimento patrimonial.
Asimismo, se habría vulnerado el principio de planeación “al no tener en cuenta que tendría suscritos contratos con objetos iguales con los mismos contratistas”, según el documento enviado por la Secretaría de Transparencia a los organismos de control. Eso quiere decir que se usó la misma justificación en la segunda contratación, sabiendo que la actividad estaba cubierta y en ejecución por un par de meses.
Idárraga advirtió que, para que la exministra Urrutia hubiera llevado a cabo esa tarea, debía presentar una justificación y una autorización, documentos que deben ser publicados en el Secop. Sin embargo, en las investigaciones solo se encontró el primer documento. El segundo no fue cargado al sistema.
El Decreto 2209 de 1998 establece que se podrían suscribir los contratos sin ese documento con una autorización expresa del “jefe del órgano”, pero esta tampoco fue detallada. “En la verificación realizada no fue posible evidenciar la existencia de dicha autorización”, aseguró Idárraga.
El secretario de Transparencia advirtió que, en el caso de las justificaciones, también hubo inconsistencias, ya que se encontró un número menor a los contratos suscritos. En el paquete que se está investigando hay seis categorías de contratos para prestar servicios profesionales y de apoyo.
En el primer grupo de modelo contractual se suscribieron 56 contratos y solo se justificaron 30; en la segunda se firmaron 31 contratos y se justificaron 30; en la tercera hubo 30 contratos y hubo 13 justificaciones; en la cuarta, 18 contratos y se presentaron 16 justificaciones; en la quinta se evidencian 14 contratos y solo radicaron 11 justificaciones, y en la sexta firmaron seis contratos y solo hay tres justificaciones.
Por esa razón, Idárraga anotó: “Los contratistas no tuvieron ningún reparo personal para suscribir inmediatamente un nuevo contrato con la misma entidad para la misma actividad. Situación que demuestra la posible premura que se tenía en la formalización de los contratos actuales, pese a que la ministra tenía pleno conocimiento de su salida del cargo”. En otras palabras, los contratistas, sabiendo que tenían un contrato con el Ministerio del Deporte que no había finalizado, aceptaron suscribir uno nuevo hasta fin de año. Los organismos de control deberán establecer si los contratistas incurrieron en celebración indebida de contratos.
La Secretaría de Transparencia sigue indagando en más posibles irregularidades en la contratación del Ministerio del Deporte, en los meses que estuvo María Isabel Urrutia. Idárraga afirmó que nunca antes había visto una contratación de este tipo y que considera “sospechoso” cómo se llevaron a cabo. “Nos parece desafortunado ese manejo, y más que una sospecha, lo que nos genera es un sinsabor, porque desafortunadamente se dan esos contratos cuando ella ya conocía su salida del ministerio”, señaló el secretario de la Presidencia.
Por su parte, la exministra Urrutia no contestó las llamadas y mensajes de SEMANA para responder ante estas denuncias. Tras el escándalo, la exfuncionaria publicó un comunicado en el que dijo que está dispuesta a aportar las pruebas a los entes de control y que todo se desarrolló en el marco de sus funciones. Reconoció que se hicieron “giros directos” a federaciones deportivas “eliminando la intermediación” y entregas para premios de deportistas de alto rendimiento, “entre otros”. Ahora, la responsabilidad está en manos de la Fiscalía y los entes de control para determinar qué sucedió.