Hay funcionarios del Ministerio del Trabajo acudiendo a acciones de tutela para exigirle al Gobierno nacional que les paguen sus salarios, porque tienen demoras en sus nóminas que datan, incluso, desde junio, cuando se hicieron evidentes las fisuras laborales entre los funcionarios y la administración.
SEMANA documentó casos de tres funcionarias públicas, todas ellas mujeres, que tuvieron que acudir a las cortes para instar a la cartera a que les pague su sueldo. Todas ellas tienen en común que están sindicalizadas y participaron en la huelga que hicieron los trabajadores de ese despacho durante un mes.
De hecho, no son las únicas que enfrentan esta situación, porque los sindicatos vienen recavando un listado de tutelas interpuestas por los empleados, para hacer frente a las demoras en los pagos que se registran pese a que son funcionarios de carrera que laboran desde hace varios años con el Ministerio.
“A partir de junio empezaron los inconvenientes, porque empezaron a pagar la nómina de manera selectiva. Hemos tratado de averiguar cuáles fueron los argumentos jurídicos de la ordenadora del gasto para ordenar el pago de esa manera, pero los derechos de petición que pasamos nos los responden diciendo que tienen datos sensibles”, contó la vicepresidenta de la organización sindical Sintramérito, Maylie Contreras, una de las afectadas por la situación.
La huelga que realizaron los funcionarios tenía como objetivo reclamar los derechos laborales que les había prometido la cartera, esta duró un mes y se suspendió en julio después de fallidas negociaciones entre la Secretaría General del Ministerio y los sindicatos.
Empero, los sindicalizados señalan que levantaron el paro por la “falta de garantías” que les dio la cartera para manifestarse como trabajadores. En todo caso, para el día 31 de ese mes los funcionarios ya estaban trabajando otra vez en las oficinas de la cartera.
“Hay algunos compañeros que no tienen pagos desde junio, entre esas estoy yo, que no me pagaron ni la prima, ni julio. En mi caso tuvo que fallar un tribunal en segunda instancia, pero una semana después del falló no me han pagado (...) Esto es por la huelga, por represalias que ellos están tomando. En su afán de hacernos daño como trabajadores, están cometiendo errores”, aseguró Contreras.
Otra de las afectadas es Maritza Manrique. “Hay una persecución laboral, un acoso laboral. Al parecer la orden viene de secretaría general para no cancelarnos a los líderes sindicales el salario. No me han pagado la prima de junio, ni agosto, tampoco han cumplido las órdenes de las tutelas. Tenemos también el caso de una funcionaria que tiene dos hijos con discapacidad a la que no le pagaron julio”, sostuvo Manrique.
SEMANA se remitió al Ministerio del Trabajo para consultar cuál es la respuesta de la cartera a estas aseveraciones, pero el despacho respondió que este era un asunto directo de Secretaría General, que es la oficina encargada de ordenar el gasto.
Los funcionarios están convencidos de que las demoras en los pagos se deben a una respuesta de la entidad a la huelga que realizaron durante el primer semestre de este año. Leidy Cortés es otra de las afectadas y calcula que unos 700 trabajadores estarían perjudicados por alguna de estas demoras, pero advierte que hay miedo de los funcionarios para reportar sus casos.
“En la respuesta que nos dan en la tutela nos dicen que no laboramos los meses de junio y julio y nos dicen que debemos firmar un acta, esa sería una autoincriminación. Ellos no quieren reconocer la legitimidad de la huelga que hicimos y ningún juez ha dicho que la huelga sea ilegal”, aseguró la funcionaria que lleva 18 años en el Ministerio del Trabajo.
La anterior huelga le exigía a la cartera cumplir con los compromisos que suscribió con los sindicatos para una ampliación de los derechos laborales de los funcionarios.