La Fundación para el Estado de Derecho, organización en defensa de la Constitución en Colombia, emitió este lunes, 23 de septiembre, un preocupante concepto frente al proyecto de ley de jurisdicción agraria que se tramita en el Congreso de la República. La iniciativa, con la que el Gobierno busca reglamentar esta nueva instancia, empeoraría la situación en el campo colombiano.

La organización, con el apoyo de National Endowment for Democracy, analizó la totalidad del proyecto con un grupo de abogados expertos en temas sociales y agrarios. El resultado del estudio dio con varios posibles problemas en el articulado.

“El equipo encontró que el proyecto actual sobre la jurisdicción agraria y rural podría poner en riesgo los derechos de propiedad privada, el debido proceso y la seguridad jurídica”, manifiesta la organización.

De acuerdo con la organización, los puntos que amenazan el Estado de derecho son: “La regulación de procedimientos agrarios administrativos que eliminan la etapa de control judicial, prerrogativas que generan desigualdad procesal entre las partes, la legitimación de la ocupación de predios a través del principio de ‘permanencia agraria’, y el riesgo de vaciamiento de las funciones constitucionales de otras jurisdicciones”.

Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación para el Estado de Derecho, asegura que esta norma empeoraría los conflictos de tierras en el país.

“Este análisis reveló una serie de complejidades y desafíos que exigen una atención cuidadosa para el futuro del país. La jurisdicción agraria y rural debe implementarse sí, pero sin violar principios del Estado de derecho. Como están redactadas algunas de estas normas, no se va a generar más paz en el campo, sino nuevos conflictos más graves que los que tenemos hoy por cuenta de las luchas por tierras en el pasado”, indicó el vocero de la organización.

Entre las preocupaciones, encienden las alarmas sobre la legitimación de la ocupación de tierras mediante el principio de permanencia agraria, lo cual limita la capacidad de los propietarios para proteger sus tierras frente a ocupaciones.

Igualmente, les preocupa que la Agencia Nacional de Tierras designe o adquiera tierras a través de procedimientos administrativos rurales, sin que decida una autoridad judicial. Esto, de acuerdo con la fundación, “alimenta el temor de una posible expropiación exprés”, donde los propietarios quedan indefensos.

También llaman la atención frente a las “prerrogativas y desequilibrios” que presenta este modelo, que afectarían el derecho al debido proceso y a la igualdad en los juicios. Finalmente, resaltan la “incertidumbre jurídica y el debilitamiento institucional” por la falta de claridad en el régimen de transición hacia la jurisdicción agraria, que además le quita competencia a las jurisdicciones ordinarias y la contencioso-administrativa.

“Si no se corrige el rumbo y se hacen los ajustes, lo que se viene es un tremendo caos jurisdiccional. La asignación de competencias pertenecientes a la jurisdicción contenciosa a otros actores no especializados en la materia en favor de la Jurisdicción Agraria podría generar duplicidad en el sistema judicial”, manifestó el presidente de la junta directiva de la organización.

Finalmente, invitan a que se le preste “atención cuidadosa” a las dificultades señaladas, dado que el éxito de la instancia depende de la reglamentación de la misma.