Bastó que pasaran unas horas después de la aprobación de la reforma a la salud en su segundo debate en la Cámara de Representantes para que empezaran a llegar las advertencias sobre las implicaciones de ese proyecto de ley.
Gestarsalud, el gremio de las EPS que agrupa a las entidades prestadoras del servicio de salud del régimen subsidiado, advirtió que el contenido de ese articulado pone en riesgo la integralidad de la atención a los pacientes.
Esa agremiación publicó una lista de ocho preocupaciones sobre las implicaciones del proyecto de ley que, en todo caso, deberá ser estudiado también en dos debates en el Senado antes de que sea sancionado como ley.
“El actual articulado va en contravía del derecho a la salud de los usuarios porque, entre otras, rompe la integralidad que debe existir entre los servicios de baja, mediana y alta complejidad, poniendo en riesgo la atención oportuna de los usuarios; vulnera el derecho individual de las personas a la seguridad social y pone en riesgo la protección financiera de las familias”, señaló Gestarsalud.
La primera advertencia es que la reforma a la salud llevaría a un fraccionamiento en la atención del paciente, ya que el primer nivel de complejidad quedaría desarticulado de la mediana y alta complejidad, debido a que ese primer nivel quedará a cargo de los Caps y los otros dos bajo la batuta de las Gestoras de Salud y Vida.
El segundo llamado de alerta surge porque la reforma deja múltiples responsables de la atención: mientras que en la actualidad todas recaen en las EPS, ahora estará entre los Caps, la Adres, los municipios y departamentos, las Gestoras de Salud y Vida y el Ministerio de Salud. “El usuario no sabrá ante quién acudir para reclamar su derecho. Nadie se hará responsable del paciente y las instituciones van a terminar ‘tirándose la pelota’”, sostuvo Gestarsalud.
A esos dos puntos se le suma que se daría una desarticulación de redes y rutas de atención que ya están consolidadas. “Las redes se redefinen por regiones y dependerá de la oferta territorial. Los grupos de riesgo que hoy se manejan tendrán nuevos prestadores y nuevos mecanismos para la entrega de tecnologías que hará más complejo garantizar integralidad”, detalló el gremio.
El cuarto punto de inconformidad es que se presentarán más brechas en el acceso y la atención porque quienes tengan más capacidad de pago podrán resolver los problemas de atención del sistema con servicios privados. Una quinta advertencia es que los mismos recursos que hoy existen para atender a las personas se necesitarán para responder a cuestiones administrativas de ese nuevo sistema: la plata para las necesidades del paciente quedará de última.
La sexta preocupación de Gestarsalud es que la reforma a la salud acaba con el seguro individual de salud. “Con la reforma se pierde completamente la protección al usuario, es decir, el aseguramiento individual en salud, una conquista de los trabajadores colombianos que lleva más de 70 años para los del régimen contributivo y de 30 años para los del subsidiado. El articulado aprobado deja una gran incertidumbre sobre los derechos y la protección que ofrece el actual sistema”, señala el gremio de las EPS del régimen subsidiado.
Hay dos puntos más dentro de ese catálogo de observaciones. El séptimo, el proyecto de ley genera riesgos para protección financiera de las familias y podría generar que suba el gasto de bolsillo para cuestiones de salud en Colombia, y es que en la actualidad hay una Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se sustituirá “un teórico mejoramiento de los servicios sin cuentas claras de los costos y la inversión requerida”. Finalmente, se afecta la libre elección de los usuarios para determinar por cuál entidad serán atendidos.
La reforma a la salud fue aprobada en su segundo debate en la Cámara de Representantes en la noche del martes (5 de diciembre) y ahora está pendiente de su trámite por el Senado, donde tendrá que pasar dos debates más.
Una vez esta sea aprobada por el poder legislativo, pasará a la sanción presidencial. Sin embargo, la oposición ha advertido que demandará ese proyecto ante la Corte Constitucional, por lo que la decisión final sobre la implementación de ese articulado estará en los magistrados.