Faltan menos de dos meses para las elecciones regionales en Colombia y las condiciones de seguridad en el país no son las mejores. Estructuras armadas como las disidencias de las Farc siguen fortaleciéndose en los territorios y algunos políticos y candidatos de los comicios están siendo blanco de amenazas.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de los candidatos a esos cargos.
“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, afirmó el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.
Tras la solicitud, algunos políticos del país reaccionaron. Ese es el caso del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que en más de una ocasión ha denunciado la inseguridad en los territorios y las amenazas contra algunos de sus colegas y él.
“Valoro mucho la iniciativa del defensor del pueblo de elevar estas preocupaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En varias oportunidades han intentado atentar contra nuestra vida y son muchas las amenazas que tenemos, pero no nos vamos a esconder en la cobardía del silencio”, afirmó.
Zuluaga, que como el resto de gobernadores se molestó con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por haberle restado importancia a la inseguridad y afirmar que se trataba de un tema político en la contienda electoral, afirmó que no se quedará callado frente al actuar de los grupos e ilegales y el recrudecimiento de la violencia.
“La conciencia no me permitiría quedarme callado frente a las violaciones de derechos humanos que están cometiendo las disidencias de las Farc: los secuestros, las extorsiones, el reclutamiento de menores, las minas antipersonas y tantas otras cosas que afectan a las comunidades de mi departamento. Y vamos a seguir denunciando. Y la preocupación no debe ser solamente por mi integridad, que insisto, lo valoro mucho; debe ser por la gente que está indefensa, quienes están sufriendo el rigor de esas acciones ilegales, en contra de agricultores, ganaderos, campesinos y juntas de acción comunal”, agregó.
Hay 26 alcaldes amenazados en el país
La Defensoría del Pueblo anunció que hay 26 alcaldes amenazados en Colombia, algunos de ellos despachando fuera de sus municipios.
Los alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).
Los burgomaestres amenazados son de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).
Un total de tres gobernadores están amenazados hoy: quienes tienen a cargo la administración de los departamentos del Tolima, Guaviare y Meta.
Un personero, el de Norosí (Bolívar); cuatro concejales: uno de San Vicente del Caguán, uno de Cartagena del Chairá y uno de Florencia (en Caquetá), uno de Quibdó (en Chocó); un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.
Candidatos amenazados y víctimas de atentados
Son 42 personas (candidatas y candidatos que compiten para ocupar cargos públicos) las que han sido amenazadas y víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas. Aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales.
La crítica situación es registrada en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.