Un grupo de mujeres gobernadoras se reunió en medio de la primera Cumbre de Gobernadoras por la Paz y la Seguridad, que se llevó a cabo en Villavicencio, capital del departamento del Meta, desde donde le pidieron al Gobierno del presidente Gustavo Petro mayor apoyo en temas de seguridad.
En el encuentro estaban la gobernadora del departamento anfitrión, Rafaela Cortés Zambrano; del Chocó, Nubia Carolina Córdoba; del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; de Sucre, Lucy García Montes; y del Tolima, Adriana Magali Matiz.
Uno de los reclamos fue por las conversaciones que se están adelantando con varios de los grupos armados que tienen presencia en estos departamentos. “Los procesos de construcción de paz y la seguridad necesitan mejor articulación entre el gobierno nacional y las autoridades regionales y locales”, dijeron las gobernadoras.
Asimismo, aseguraron que es importante que instancias como la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, las delegaciones del Gobierno, los ministerios y las diferentes agencias del sector tengan un discurso unificado y coherente a las ejecuciones que se están haciendo en los territorios, especialmente en temas de seguridad y construcción de paz.
Igualmente, pidieron que esos procesos vayan acompañados de una estrategia sólida de seguridad que implique el fortalecimiento de las instituciones en las regiones, que haya un rol más activo de la Fuerza Pública en la protección de las comunidades, una mayor inversión social y oportunidades para los jóvenes y las mujeres.
Ese fue otro de los enfoques de las gobernadoras, quienes exaltaron el papel de la mujer en el proceso de construcción de paz y las discusiones políticas del país. “Nosotras como gobernantes escuchamos con mayor sensibilidad a nuestras comunidades afectadas por la violencia. Le apostamos a la construcción de paz y al fortalecimiento de la seguridad como pilares fundamentales para la transformación territorial”, afirmaron.
Y reconocieron el valor del trabajo de las líderes sociales en sus territorios, especialmente las que han tenido que enfrentar en fenómenos de violencia o porque son víctimas del conflicto armado.
“El conflicto armado y las diversas manifestaciones de las violencias tienen sus particularidades en cada territorio. Por esto las diferentes instancias de diálogo y negociación que adelanta el Gobierno nacional con grupos armados ilegales y bandas criminales deben incluir la visión de las autoridades regionales y locales, y de diversos sectores de la sociedad civil, en especial de las mujeres que padecen el conflicto de forma diferencial”, pidieron las gobernadoras.
Asimismo, le pidieron a los grupos armados ilegales que renuncien al reclutamiento de menores de edad y el uso de las violencias basadas en género, así como la instalación de minas antipersonal y el confinamiento.
“Hacemos un llamado para que los procesos en curso no afecten la seguridad ni la garantía de derechos de las comunidades, en especial de las víctimas del conflicto y de quienes defienden los derechos humanos. Exigimos que a través de las mesas y espacios de diálogo se priorice la desvinculación inmediata de menores de edad”, solicitaron.
Otro punto por el que le pidieron ayuda al Gobierno es para que se aceleren los procesos de transformación territorial en las zonas PDET y los municipios que han sido azotados por el conflicto armado y que se giren los recursos comprometidos para esos territorios.