En los próximos días podría darse el debate final del proyecto que busca hacer una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) por medio del cual se distribuye el dinero del Estado en las regiones. Aunque la propuesta del gobierno de Gustavo Petro busca aumentar las transferencias a los mandatarios locales y regionales, han surgido distintas críticas de diversos sectores y expertos que consideran que podría verse impactado negativamente las finanzas de la Nación.
Desde la Federación Nacional de Departamentos (FND) se pronunciaron sobre la iniciativa y la respaldaron, pero dijeron que se deberían hacer algunos ajustes para mejorar el proyecto. “Nosotros, gobernadores de diversos departamentos de Colombia, queremos clamar por el apoyo del Congreso de la República a la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP), enfatizando que coincidimos en que la reorganización de la estructura del Estado y el fortalecimiento de las capacidades territoriales es una transformación necesaria, urgente e impostergable para el país”, aseguraron.
Por ejemplo, dicen que si bien la reforma establece un crecimiento progresivo del SGP hasta alcanzar el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) en 12 años, y redistribuye las cargas entre los distintos niveles de gobierno, representa solo el 7,5 % adicional al crecimiento esperado, según detalló el propio Banco de la República.
“Los gobernadores somos elegidos por el pueblo colombiano para ejercer el Poder Ejecutivo en los departamentos. El gobierno subnacional es fundamental para el normal funcionamiento de la gobernanza, y preocupantemente la actual estructura organizativa nos ha debilitado a niveles alarmantes, en los que hoy las gobernaciones no contamos con una capacidad para gestionar eficientemente el desarrollo de nuestros territorios”, dijeron desde la FDN.
Igualmente, pidieron ser escuchados cuando se discuta y se vote el proyecto en su debate final.
Desde la FND reconocen que se debe modificar la estructura del Estado o de lo contrario se podría presentar ese impacto fiscal negativo. Y piden que eso se haga a través de una Ley de Competencias.
“Estamos dispuestos a participar activamente en la discusión que se desatará en el país en los próximos dos años para rediseñar las cargas del Estado, convencidos de que un Estado con unas cargas mejor distribuidas entre los distintos niveles de gobierno será un Estado más eficiente y eficaz al atender las necesidades de la población”, aseguraron.
Por otro lado, hicieron algunos comentarios de lo que se podría mejorar en el proyecto para impactar positivamente a las regiones. Por ejemplo, dijeron que la reforma no prioriza los recursos para atender adecuadamente las competencias transferidas a los territorios durante 33 años y para cubrir los déficits estructurales existentes de sectores como la educación y el agua potable.
Además, señalan que las nuevas obligaciones asociadas a la descentralización de competencias en la educación superior, deja clara la necesidad de retomar la Constitución de 1991 y la redacción inicial del proyecto.
“Se debe proteger la autonomía y garantizar que no sean utilizadas a futuro la sostenibilidad fiscal, el Marco Fiscal, el PGN y el aval de MHCP, para justificar retrasos o limitaciones en las transferencias”, fue otro de los puntos que sugirieron desde la FND.
Los gobernadores insistieron en que quieren participar activamente de la discusión en el Congreso y que sean tenidos en cuenta. Animamos al Congreso de la República a dar ese paso fundamental, y les solicitamos respetuosamente se nos permita a los gobernadores de Colombia asistir y participar el próximo lunes 2 de diciembre de 2024 al debate en la Cámara de Representantes, para manifestar de viva voz nuestro respaldo unánime a esta, la reforma constitucional más importante que ha discutido el país en las últimas décadas”, aseguraron.
La carta fue aprobada en nombre de los gobernadores del país en la Asamblea Ordinaria de Gobernadores CXXXVIII, que se llevó a cabo en Inírida, Guainía, este 29 de noviembre. Está firmada por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presidente de la FND, y por Didier Tavera, director ejecutivo.