A pesar de que el presidente Gustavo Petro aseguró que una de las prioridades de su gobierno para este año sería la eliminación de los contratos por prestación de servicios en el Estado para los primeros meses de 2023, el proceso va a demorarse más de lo esperado.
Uno de los caminos que había explorado Petro era una directriz que envió el Departamento de la Función Pública que ordenaba a las entidades del Estado adelantar las gestiones pertinentes para formalizar a los trabajadores por prestación de servicios en los primeros cuatro meses de este año.
Sin embargo, tras una comunicación del Ministerio del Trabajo, en la que señalaba que este proceso tenía varios inconvenientes, Función Pública tuvo que emitir una nueva circular en la que flexibiliza el plazo perentorio de cuatro meses para la formalización.
El documento, conocido por SEMANA, señala que la prioridad será la formalización de los trabajadores del Estado, por lo que las entidades podrán suscribir contratos por prestación de servicios “por plazos que no superen los cuatro meses”.
Pero a renglón seguido se establecen algunas excepciones en las cuales se podrían extender este tipo de contratos, como cuando “se requieran para garantizar la permanencia y continuidad del servicio, si dentro del plazo señalado no se concreta la provisión mediante plantas temporales”.
Igualmente, se permite que “de manera excepcional” se recurra a este tipo de vinculación de trabajadores “cuando exista la necesidad de contar con una experticia o conocimiento especializado en una materia determinada con la que no se cuenta en la planta de personal”.
También se permite extender estos contratos para “garantizar la estabilidad ocupacional reforzada de aquellas personas que se encuentren en estado de gestación, en licencia de paternidad o maternidad”.
Otra de las excepciones es cuando se firman contratos por prestación de servicios para el cumplimiento de tareas “no vinculadas a funciones permanentes financiadas con recursos de proyectos de inversión”.
“De manera excepcional, los contratos mencionados podrán exceder el plazo de cuatro meses siempre que, de manera expresa y clara, se precisen las razones que justifiquen la fijación de un plazo mayor, así como los motivos por los cuales resulta conveniente proveer tal necesidad a través de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, en lugar de la creación de un empleo de la planta temporal”, se señala.
Estas excepciones, en la práctica, pueden llevar a que, por lo menos durante este año, siga proliferando la figura de los contratos de prestación de servicios en el Estado.
Las preocupaciones de MinTrabajo
Esta nueva directriz se da pocos días después de que se conociera una carta enviada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, en la que explica que la formalización de todos los trabajadores del Estado en los primeros cuatro meses de este año no se podría ejecutar en el tiempo que se estipuló inicialmente, incluso aseguró que no existe viabilidad presupuestal.
En la misiva enviada por la cartera de Trabajo, se advierte que teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya asignó un presupuesto para este año, las metas puestas por el Gobierno referente a la modificación de este tipo de contratos es “imposible de ejecutar”.
“Sin las apropiaciones presupuestales correspondientes, por cuanto el trámite de asignación de recursos de inversión y funcionamiento en el marco de los proyectos de inversión de las entidades públicas ya se surtió y se cerró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no solo dificulta la gestión administrativa. (…) Sino también imponen una carga imposible de ejecutar”, indica la carta.