Este martes 5 de noviembre se conoció que los ponentes de la reforma a la justicia tomaron la decisión de eliminar el artículo séptimo de esa iniciativa, que buscaba darles beneficios penales a violadores y asesinos de menores de edad, supuestamente, para acabar con la impunidad y sancionar ejemplarmente este tipo de delitos.

La decisión se tomó por la polémica que se generó en el país y la molestia en el Congreso de la República, donde se consideró que no era viable tramitar una reforma a la justicia si tiene, entre otros, esa finalidad.

Por esa razón, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, celebró la decisión, ya que de esa manera el trámite de la iniciativa podrá continuar sin problema alguno en la Comisión Primera del Senado.

“Este es un proyecto concertado con la cúpula judicial. Creo que es un proyecto importante para avanzar en el sistema acusatorio y considero que la ministra de Justicia, en conversación con la Fiscalía y con la Corte Suprema, tomaron una decisión que me parece sabia y conveniente”, dijo el jefe de la cartera política.

Como ese polémico artículo generó un gran número de reuniones entre ponentes, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, el inicio de la discusión se retrasó un par de semanas, por lo que Cristo considera que ahora no hay excusa alguna para dilatar el debate.

“Esto permite avanzar sin tanta discusión y tanta controversia innecesaria en un tema que, dada la actual circunstancia que está viviendo el país con esta clase de crímenes, nos indigna a todos los colombianos y por el que pedimos las condenas más fuertes”, afirmó Cristo.

La reacción del jefe de la cartera política se dio tras el acuerdo que se logró en la Comisión Primera del Senado y que fue anunciado por el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa.

“Son siete los temas que contempla la reforma a la justicia y tenemos un acuerdo al interior de la coordinación de ponentes en el sentido de eliminar el artículo séptimo que pretendía conceder ciertos beneficios bajo precisos parámetros de colaboración o allanamiento, o lo que han llamado rebaja de penas frente a delitos atroces contra menores”, dijo.

Entre lo acordado por los ponentes quedó claro que, frente al tema de la reparación integral, este tema no procederá cuando la persona capturada sea reincidente. “Si el delincuente ya ha cometido el delito durante los cinco años anteriores, no puede proceder a la extinción de la acción penal”, explicó Motoa.

El congresista también contó que quedó claro que habrá una evaluación a fondo sobre los delitos de extorsión, secuestro y financiación del terrorismo, que también tendrían rebaja de penas. “Se establece una posibilidad de rebaja de pena siempre y cuando logren preacuerdo con la Fiscalía y esa colaboración sea eficaz para desmantelar organizaciones criminales que cometan delitos como terrorismo”, agregó el senador.

La representante Carolina Arbeláez celebró la decisión al considerar que no era posible que la reforma a la justicia diera beneficios a quienes cometieran este tipo delitos en Colombia.

“Lo logramos, y los violadores y asesinos de niños no tendrán beneficios. Celebro que el Gobierno haya escuchado el clamor de los congresistas y ciudadanos que pedimos el retiro de dicho artículo”, señaló.

La ponencia se radicará esta misma semana y el debate podría empezar la siguiente para que antes de terminar el mes pase a su segundo debate en la plenaria del Senado.