Primero fue la vicepresidenta, Francia Márquez, quien arrendó dos pisos por más de 2.000 millones de pesos para el Ministerio de la Igualdad a pesar de la orden de austeridad de Petro, y parece que eso no tiene eco porque ahora la polémica recae en la Cancillería con compras cuantiosas, que se han confirmado desde la Casa de Nariño, en flotas de camionetas de alta gama para uso de entidades y ministerios.
Recientemente, se dio a conocer la compra millonaria que fue realizada por la Cancillería, a cargo de Álvaro Leyva Durán, al adquirir una dotación de 31 camionetas 4×4 de alta gama, que usarán sus funcionarios con un costo de 6.200 millones de pesos.
Con la orden 121771, del pasado 5 de diciembre, se realizó dicha compra para el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual fue subida a la plataforma Secop II del Sistema Electrónico de Contratación Pública, en donde se detalla que los vehículos por más de 6.000 millones de pesos fueron pedido para el Fondo Rotatorio de la Cancillería con la compra de 31 camionetas híbridas 4×4.
En el detalle de los 6.000 millones se señala que 5.832 millones de pesos fueron destinados para comprar los 31 automotores, 121 millones de pesos para las adecuaciones y accesorios adicionales y 42 millones de pesos en gastos de matrículas.
Cada una de esas camionetas costó cerca de los 200 millones de pesos, un hecho que no pasó desapercibido y levantó ampolla hacia la Casa de Nariño por no reducir los gastos en esta materia.
Desde la Cancillería se aclaró que esta adquisición de vehículos se hizo cumpliendo con las exigencias de ley a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente y bajo el Acuerdo Marco de Precios establecido.
Además, para tratar de contener las críticas por el millonario gasto, se defendió desde esa cartera ministerial que la flota actual de vehículos de la Cancillería tiene más de 11 años de antigüedad y excede el límite establecido por ley de seis años para vehículos oficiales.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, indicó el pasado 6 de enero en su cuenta de X que la Unidad Nacional de Protección (UNP) hizo un millonario gasto con la adquisición de 202 vehículos tipo camioneta blindados que serán utilizados para la protección de funcionarios públicos y personas naturales con el fin de garantizarles la seguridad.
El Estado se gastó 89.000 millones de pesos en dos compras y dotación de estos vehículos de alta gama. El argumento de la UNP fue que estas compras eran necesarias para ampliar la flota propia y “brindar las garantías necesarias en el marco de la protección humana, de una forma transparente y eficaz”.