A través del Decreto 1961 de 2023, el Gobierno nacional creó una nueva entidad adscrita al Ministerio de Transporte, llamada Instituto Nacional de Vías Regionales. De acuerdo con el documento, tendrá como objetivo “el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de vías regionales”.
Todo esto se realizará en cooperación con departamentos, municipios u otras entidades oficiales, semioficiales y privadas.
“Para tal efecto, el Invir ejecutará las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura de carácter regional, así como la red vial nacional de carreteras terciarias y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte”, agregó el decreto.
Lo que llama la atención del decreto es que existe una excepción en el régimen contractual, que se someterá al Estatuto General de Contrataciones con unas excepciones establecidas en el artículo 35.
El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, agregó un parágrafo que permite la contratación a dedo, saltándose procesos de selección o revisión a profundidad de competencias.
“Para la contratación con comunidades rurales, cabildos, organizaciones populares, unidades de economia popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y/o comunidades étnicas, comunidades en todas sus diversidades, mujeres y víctimas, para el desarrollo de proyectos, e infraestructura vial, las cuales se someterán a la contratación directa, sin importar su cuantía, en los términos y condiciones que determine el manual de contratación del instituto”, se lee en el decreto.
Además, la entidad asumirá funciones del Instituto Nacional de Vías (Invías) y demás entidades públicas de orden nacional. Para esto, se llevará personal de una entidad a otra, con el fin de suplir tareas similares.
El decreto, por su clara intención de llevar a cabo la contratación de forma directa y sin tope de monto, preocupa a sectores críticos del Gobierno nacional. Si bien se trata de una entidad enfocada en vías terciarias y regionales, las asignaciones para los proyectos de infraestructura son multimillonarias y, en este caso, irían dirigidas a comunidades y organizaciones sociales que podrían no tener las capacidades de ejecutarlos.
La oposición manifestó su descontento con el decreto expedido por el presidente, poco antes de irse a su viaje internacional a San Francisco, California.
“Cómo les estorba la ley 80 para contratar a dedo. Evidentemente, demandaremos el decreto que crea esa entidad y autoriza la contratación directa”, dijo Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático.
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, asegura que se trata de un decreto “ilegal abiertamente”.
“¡Cuidado! Con la creación del Instituto Nacional de Vías Regionales, no solo se le quitan funciones al Invías, sino que se viola la ley 80 sobre contratación, al ordenar que todo contrato con comunidades y grupos sociales, se haga de manera directa sin importar la cuantía. Este decreto es ilegal abiertamente”, dijo la senadora en su cuenta de X.
Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional, también opinó al respecto: “Acaban de ‘crear’ el Instituto Nacional de Vías Regionales. Suprimen varias funciones del Invías para la construcción, y supuestamente es para mejoramiento y conservación de vías regionales. ‘Habrá contratación directa para organizaciones sociales’. Nos van a tener que contar cuáles grupos armados en negociación harán parte de esas supuestas ‘organizaciones’”.