Aunque el diálogo de paz con la Segunda Marquetalia quedó oficialmente instalado en Caracas, Venezuela, y las delegaciones iniciarán con la primera ronda este martes 25 de junio, ahora el debate se centra en la viabilidad de estas negociaciones.
Diferentes sectores políticos han advertido que negociar con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez no es posible porque volvieron a delinquir y el Acuerdo de Paz dejó claro que quienes incumplieran lo pactado desde el 1 de diciembre de 2016 perderían todos los beneficios.
En la delegación del Gobierno Petro conocen este tema a fondo, pero quieren avanzar en la consolidación del proceso de paz con este grupo y en el camino ir revisando los panoramas jurídicos para darles una seguridad jurídica a los guerrilleros.
Por esa razón, el comisionado de paz, Otty Patiño, señaló que aunque todos tengan dudas al respecto, las nuevas acciones en dicha materia se irán tomando durante la negociación y no descartó una reforma constitucional que sería presentada al Congreso de la República.
“La ley es algo que puede cambiar y para eso existe el Congreso y la misma sociedad. Las leyes no son inamovibles y son producto de una historia social y con base a los acontecimientos que vayan sucediendo”, dijo el funcionario.
Explicó que uno de los caminos puede ser el Legislativo y aclaró que la constituyente no está prevista para este asunto, que tanta polémica genera en el país. “Seremos minimalistas con el tema de la justicia y aprovecharemos lo que existe para trabajar todo lo que tenga que ver con la posibilidad de hacer la paz”.
Agregó: “El tema jurídico es otro tema que puede tomar tiempo, pero la legitimidad y la fuerza del proceso se construye con la sociedad”.
A juicio del comisionado de paz, el Estado debe cumplir con el Acuerdo de Paz y sacar adelante las negociaciones que se están haciendo con diferentes grupos criminales. “El presidente Petro ha planteado que el Estado tiene que romper la maldición de un Estado incumplido”.
No obstante, no entregó mayores detalles de esa posible reforma que se presentaría al Congreso, pero si así se decide debería radicarse el 20 de julio, ya que se necesitan ocho debates para modificar la Constitución.
El exjefe negociador del gobierno Santos, Humberto de la Calle, criticó el inició de estos diálogos de paz y justamente señaló que negociar con un grupo que abandonó el tránsito a la legalidad no tiene sentido alguno.
“En aras de la paz, uno quisiera desearle suerte a la mesa de conversaciones con la Nueva Marquetalia. Pero hay obstáculos serios y reparos importantes. Legalmente, normas sobre no repetición impiden acuerdos”. Es la tesis del ‘ahí vamos viendo’, nada aconsejable. El supuesto entrampamiento es una base deleznable. Aun si fuese jurídicamente discutible, moralmente es inaceptable: el entrampado de todos modos ingresó al delito”.
Agregó: “El mensaje a la sociedad es fatal: el incumplido y mañoso sale adelante. Y no es claro qué pueden negociar más allá de lo acordado”.
Al margen de esta discusión jurídica, el comisionado de paz confirmó que no habrá un cese al fuego bilateral con la Segunda Marquetalia.
“Lo que se ha planteado es un desescalamiento del conflicto, metodología que cambia totalmente el sentido de la bilateralidad. Ese tema es muy importante porque la Marquetalia ha planteado que no atacará a las Fuerzas Armadas”.
La primera ronda de paz se hará hasta el 29 de junio y ese día las partes darán a conocer los primeros avances de la negociación que, por ahora, está definiendo asuntos logísticos de la mesa.