El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, reveló que se revisará con lupa la petición que elevó la defensa del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sobre la aplicación de una ley de punto final.
La medida de punto final habla de la aplicación de amnistías, hecho que ha generado un revuelo político, debido a los crímenes de lesa humanidad que habría cometido Mancuso y los cuales son materia de investigación.
“Tenemos que evaluar muy seriamente todas esas propuestas. Sin embargo, la principal finalidad del Gobierno es llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido en el conflicto armado, reparar a las víctimas y que no haya impunidad”, sostuvo Osuna.
Y avanzó en su intervención: “Si una ley llamada punto final es compatible con eso, podríamos analizarla, si no es compatible con eso, pues primero están esos principios, no impunidad, reparación a las víctimas y verdad”.
El pasado fin de semana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en un extenso mensaje que publicó, se refirió al tema de la amnistía política e insistió en que se puede realizar, por una única vez, para recuperar los derechos políticos de los condenados.
“La ley de punto final es inaplicable en Colombia. De manera pública he propuesto una amnistía política, no penal, por una vez”, indicó el exmandatario colombiano en su cuenta de X, antes Twitter. Insistió en que será necesario, “dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el ELN y otros”.
Uribe Vélez también confesó que “tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”, señaló el líder político, haciendo referencia a la propuesta que ya ha manifestado en otros espacios.
En el extenso mensaje, Uribe Vélez también dio a conocer su opinión con respecto a los procesos de paz con el ELN y las Farc, así como sobre el regreso del confeso paramilitar Salvatore Mancuso para ser gestor de paz en el país.
Frente a las negociaciones con el ELN, dijo que estas pueden tener dos problemas: “la destrucción que quieran hacer al modelo democrático y el espejo de impunidad absoluta otorgada a la Farc”, lo que también afectaría el proceso con las disidencias Farc, que en conjunto con el ELN está ejerciendo un grave poder opresor en las regiones.
Específicamente dice que los beneficiarios de las Farc del indulto “innominado o disimulado ya quieren acabar con la JEP que impusieron. Para sus delitos atroces no les sirve la sanción ilegal e irrisoria de restricción temporal de movilidad y de residencia, que, si el proceso fuera serio, se debió imponer antes de llegar al Congreso”. En su concepto, puede que la cárcel no resocialice, pero eximirla del todo da mal ejemplo y estimula a delinquir.
También asegura que en 2013 el narcotráfico estaba cerca de acabarse, pero que, al aceptar las exigencias de Farc en el proceso de paz, este creció exponencialmente. “Por su causa, los procesos de paz se convierten en indultos a criminales mayores en edad, que son reemplazados por otros o nuevos delincuentes”, puntualiza, y agrega que hoy en varias regiones del país el Estado de derecho está reemplazado por poderes narcoterroristas. “El narcotráfico criollo se puede acabar por la competencia de drogas sintéticas o porque se elija a un Gobierno que restablezca la autoridad, elimine las republiquetas del crimen y reunifique la nación”, insistió.
Como muchos expertos, el expresidente considera que el mayor problema con el narcotráfico es que crecerá mientras más se demoren las soluciones, pero que además se requieren alternativas económicas para cientos de miles de personas que quedarían en hambruna si se extermina ese flagelo.