Fuentes de alto nivel le revelaron a SEMANA que el gobierno del presidente, Gustavo Petro, se declaró como víctima del escándalo de Centros Poblados, en el cual se realizó un polémico anticipo de 70.000 millones de pesos, caso que puso entre las cuerdas al Ministerio de las TIC del gobierno del expresidente Iván Duque.
En ese sentido, un caso poco usual, la Agencia Defensa Jurídica del Estado, ante un juez en etapa de acusación contra Ottomar Lascarro, Juan José Laverde y Juan Carlos Cáceres, anunció que la intención es que sea reconocido el Ministerio de las TIC como víctima en ese proceso penal, la manifestación la realizó en audiencia la directora de la agencia Martha Lucía Zamora.
La funcionaria del Gobierno nacional hizo la petición formal ante elJjuzgado 59 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, quien tomará la decisión si acepta o no como víctima al Ministerio.
Uno de los objetivos que ha señalado el gobierno Petro del Pacto Histórico es la posibilidad de recuperar el multimillonario anticipo, de la misma manera lograr con políticas públicas la conectividad de las zonas más apartadas de Colombia.
Negociaciones en el caso Centros Poblados
Cabe recordar que hace varios días, y pese a que en la audiencia celebrada el pasado 12 de mayo, Jorge Enrique López Benavides se declaró inocente de los señalamientos que le hizo la Fiscalía General dentro del escándalo por el billonario contrato de Centros Poblados, SEMANA conoció que finiquitó la firma de un preacuerdo en el que reconoce su plena responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. El documento será presentado el próximo 20 de octubre ante el juzgado primero de conocimiento de Bogotá.
Desde un principio sabía que con su actuar estaba induciendo en error a los funcionarios del MinTIC encargados de estudiar los documentos en el proceso de licitación. Benavides, según narraron varios testigos, había sido contactado por los empresarios Emilio Tapia Aldana, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque Torres para que alterara tres documentos y los presentara como oficiales y así lograr que se le otorgara el contrato que tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Con su experiencia, López Benavides trascendió que falsificó tres documentos en los que aparecía la firma de Luis Fernando Duque Torres en su condición de representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 y supuestos funcionarios del Banco Itaú, esto con el único fin de darle apariencia de legalidad al proceso. Por todo esto, el ahora procesado recibió una bonificación económica.
El contrato
El contrato 1043 que se celebró en noviembre de 2020, tenía como objetivo la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
En la licitación, la Unión Temporal Centros Poblados (conformada por las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora) presentó como soporte pólizas de seguros emitidas por el Banco Itaú con el fin de darle soporte y respuesta a los riesgos del contrato avaluado en un billón de pesos.
Finalmente y poco tiempo después, ante las demoras en la instalación de los centros virtuales, el Banco Itaú le informó al Ministerio de las TIC que “No había expedido ninguna de las pólizas”, situación que motivó a que se convocará una revocatoria del billonario contrato. Para ese entonces, la Unión Temporal ya había recibido 70 mil millones de pesos para la compra de equipos. Cabe recordar que el contrato fue caducado por la ministra de las TIC de su momento Karen Abudinen.