Con la realización del Encuentro Nacional para la Formalización del Empleo Público en Equidad, que Función Pública llevó a cabo en el Hotel Tequendama, en Bogotá, este Departamento Administrativo les dio directrices a las entidades para que inicien el proceso de Formalización Laboral en la vigencia 2023.
Al evento asistieron secretarios generales, jefes de control interno, jefes de talento humano y jefes de planeación de todo el país para conocer de primera mano los lineamientos de Función Pública e implementarlos en sus respectivas entidades.
“La Formalización Laboral es uno de los principales compromisos del señor presidente Gustavo Petro y por medio de la creación de plantas temporales lo vamos a llevar a cabo en la administración pública. Con esto buscamos dignificar la labor de quienes trabajan en el Estado, premiar el mérito y brindarles a los trabajadores todas las prestaciones de las que carecen como contratistas”, comentó César Augusto Manrique, director de Función Pública.
La Formalización Laboral es un tema neurálgico para la administración pública, pues cómo pudo establecer Función Pública a través del Formulario de Reporte de Contratos de Prestación de Servicios de Personas Naturales y Jurídicas , en esta vigencia las entidades del orden nacional y territorial suscribieron más de 911.000 contratos de prestación de servicios en diferentes modalidades y con distintas fuentes de financiación.
Es importante recalcar que la figura de las órdenes de prestación de servicios es de carácter excepcional y no deben ser utilizadas para el cumplimiento de labores misionales, por lo que esta línea base denota un uso excesivo de dicha figura que precariza el empleo público.
Frente a esta situación, Función Pública presentó en el encuentro la Guía Metodológica para adelantar el proceso de Formalización Laboral, donde se resalta la elaboración de un diagnóstico, lo suficientemente robusto como para determinar la situación actual de la entidad pública, y porqué ha tenido que acudir a la tercerización laboral para ejercer los fines esenciales del Estado.
Con este insumo base, cada entidad podrá establecer alternativas que mejoren sus capacidades internas, entre ellas, las tecnológicas, presupuestales, de estructura y principalmente de talento humano, a través de creación de plantas temporales, como mecanismo de transición para un fortalecimiento institucional que le aporte a la reorganización de las administraciones públicas en el orden nacional y territorial.
Este esfuerzo requerirá del trabajo conjunto entre el sector Función Pública, quien brindará toda la asesoría y el acompañamiento necesario a las entidades en nación y territorio; y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, y la Procuraduría General de la Nación como garantes independientes de esta gran apuesta.
La necesidad de formalizar vista desde otros sectores
Desde el Ministerio del Trabajo, la ministra Gloria Inés Ramírez destacó que “es imprescindible que de manera inmediata se dé inicio en todas las entidades públicas el proceso gradual y sistemático de la formalización del empleo público en equidad, porque debemos mejorar las condiciones de las y los trabajadores vinculados a través de los contratos de prestación de servicios, muchos de los cuales han sido despojados de los derechos mínimos e irrenunciables”.
Por su parte, Fernando Grillo, procurador delegado para la prevención en control señaló la importancia de entender la figura del contratista y su alcance: “Los contratos por prestación de servicios no van a desaparecer, lo que hay que hacer es contratar para lo estrictamente necesario, el Estado debe brindar igualdad a los trabajadores”.
Desde la Contraloría, Julio César Cárdenas, contralor delegado para la Gestión Pública, apuntó que “con la formalización del empleo público vamos a mejorar el desempeño institucional asociado al criterio de mérito en la provisión de personal, y así aumentar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad”.
En cuanto a los riesgos de los contratos de prestación de servicios, el magistrado auxiliar de la sección segunda del Consejo de Estado, César Augusto Barragán, resaltó que “la simulación de un contrato estatal de prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales no solo es contraria a la Constitución y a la ley, sino que conduce a la precarización de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores, el Plan Nacional de Formalización acaba con estas ilegalidades”.
Por su parte, el director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Jorge Iván Bula, expresó que “la meritocracia debe ser el principio fundamental del acceso al servicio público, solo así podremos construir una sociedad más equitativa que promueva la igualdad social. La formalización del empleo en el sector público acaba con el clientelismo, favoritismo, nepotismo, de la actual contratación”.
Con la formalización laboral del empleo público se dignifica el trabajo de los servidores, lo que contribuye desde la administración pública a que Colombia sea Potencia Mundial de la Vida.