En un hilo de X, la congresista Julia Miranda presentó un panorama preocupante de lo que implicaría la aprobación de la jurisdicción agraria para la protección de los ecosistemas del país. “Las preocupaciones ambientales sobre el proyecto de ley de la Jurisdicción Agraria son reales; están respaldadas tanto en el texto radicado como en la ponencia. La dicotomía central es someter un asunto de interés general (la protección ambiental) a la prevalencia de lo agrario”, aseguró la parlamentaria.
Según Miranda, una de las ambientalistas más respetadas del país y quien fue directora por casi una década de Parques Nacionales, “el proyecto plantea que todo lo rural es agrario, ignorando el carácter colectivo de los bienes comunes y el derecho ambiental. Esto pone en riesgo la protección del ambiente”.
Agregó: “Ni el texto ni la ponencia reconocen la prevalencia de las normas ambientales, las cuales salvaguardan un interés colectivo y deben imponer límites a todas las actividades humanas, incluyendo la agricultura. Por el contrario, el proyecto pretende autonomizar el derecho agrario. Es decir, que se rige solo por sus propias normas y principios. Esto aparta la protección ambiental de su función en la regulación del territorio y el desarrollo”.
Miranda alertó sobre un tema muy grave para la conservación de los ecosistemas sagrados para los colombianos. “El proyecto propuesto por el Gobierno también quita la entidad propia de la función ecológica de la propiedad, sugiriendo que el respeto por los recursos naturales solo se busca en beneficio de la actividad agraria”.
La congresista aclaró que “no es cierto que los asuntos ambientales se hayan excluido de la Jurisdicción Agraria. Aunque es cierto que lo ambiental es fundamental para lo agrario, también lo es para todas las actividades económicas. No puede estar de nuevo sometido a intereses particulares”.
Miranda recuerda que las normas ambientales “son de orden público y deben prevalecer sobre todos los sectores productivos, incluidos los agrarios. Atribuir los asuntos ambientales a una jurisdicción que prioriza lo agrario desprotege el medio ambiente”.
Uno de los temas que más preocupa son las reservas campesinas que se plantean en el proyecto “para dotar de tierras a campesinos en baldíos inadjudicables es contrario a la ley. El Gobierno tiene facultades para sustraer tierras con vocación agropecuaria de las reservas, pero no podemos adjudicar tierras deforestadas. Los campesinos necesitan tierra con vocación agropecuaria. Bienvenidos a la economía forestal, pero necesitamos el bosque para eso. No podemos simplemente adjudicar tierras deforestadas que afectan la biodiversidad y el clima”, sostuvo.
La congresista ha hecho un llamado a sus colegas para que analicen en profundidad el articulado, que tiene mensaje de urgencia del Gobierno Petro. “En resumen: no podemos sacrificar la protección del medio ambiente para favorecer intereses agrarios privados. Las normas ambientales deben prevalecer para garantizar el bienestar de todos los colombianos”, concluye.
La representante Julia Miranda también ha alertado que en el proyecto está dispuesta la vía para la temida expropiación exprés. “El proyecto señala que serán sujetos de expropiación todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural. ¿Cuál es el rasero que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?”, cuestionó Miranda luego de haberse radicado el proyecto.
Los ambientalistas con más peso en el país han hecho una alerta sobre los efectos nocivos de este proyecto. “Hoy enviaremos una comunicación al Congreso sobre las inconveniencias del proyecto de ley de la jurisdicción agraria tanto desde la perspectiva ambiental como desde las perspectiva social”, aseguró el exministro Manuel Rodríguez Becerra.
“La legislación ambiental de Colombia está a punto de un grave debilitamiento y destrucción en todo lo atinente a la protección de la biodiversidad que no tiene antecedente en su historia. El proyecto de ley sobre la jurisdicción agraria y el proyecto de ley mediante el cual se habilita la adjudicación de tierras en las áreas de reservas forestales de la Ley 2 de 1959, así lo atestiguan. Son proyectos que van a contrapelo de la reciente estrategia sobre la biodiversidad presentada por la ministra @susanamuhamad en la COP16. Tiran por la borda a ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ como principio fundamental del gobierno de @petrogustavo”, había escrito el exministro.