Una primera alerta de lo que serían las acciones del gobierno de Gustavo Petro hacia las Entidades Promotoras de Salud (EPS) parece haberse recibido en los últimos días en el Congreso de la República, luego de la explicación de la ministra de Salud, Carolina Corcho, de la distribución de recursos en el sector en el Presupuesto General de la Nación para el próximo año.
Hace algunos días la funcionaria estuvo en las comisiones séptimas del Congreso, encargadas de asuntos laborales y de salud, explicando algunos aspectos de lo que serían las finanzas de este sector para el próximo año.
De acuerdo con la Asociación de Empresas Gestadoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud), gremio que reúne a 11 EPS del país, Corcho anunció el posible “no giro de los recursos pendientes por el mecanismo transitorio de presupuestos máximos para el pago de servicios y tecnologías que están por fuera de lo cubierto por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que ya fueron prestados a la población en 2021 con los debidos soportes ante el Ministerio de Salud y la Adres”.
Estos pagos serían correspondientes a otras clases de servicios médicos ya prestados por estas entidades a usuarios en 2021 y en lo que va corrido de 2022, lo que representaría “una posible desatención de igual o mayor volumen de prescripciones para los usuarios en lo que queda de esta vigencia”.
Y, por otro lado, la ministra habría anunciado la “disminución de recursos para financiar la UPC en 2023 en el Presupuesto General de la Nación, que pasaría de 14,1 %, según lo estimado como necesario por el propio Ministerio de Salud, a 12 %”.
Esta reducción anunciada para el próximo año significaría, según Gestarsalud, “una disminución de 2,1 puntos porcentuales. Esto en números absolutos significaría disminuir los valores del rubro de aseguramiento de 4 a 2,2 billones de pesos, sin tener en cuenta que para el año 2022 el incremento que se aplicó a la UPC fue del 5,6 % y hoy la inflación alcanza más del 9 %”.
Algunos de estos anuncios, según el gremio, derivarían en “un déficit en la disponibilidad de los dineros requeridos para continuar con la garantía de la prestación de servicios y la administración del riesgo en salud” de las EPS y una “afectación para las IPS y proveedores en el flujo de recursos en todo el territorio nacional”.
“Que no se giren estos recursos propiciaría, igualmente, un mayor desequilibrio financiero para las entidades responsables del aseguramiento impactando aún más los indicadores de habilitación financiera. Esto, además, repercutirá en el aumento de insatisfacción de los usuarios y, por ende, en el incremento nominal de quejas y tutelas, especialmente por necesidades de salud que no se encuentran excluidas y deben ser cubiertas por los presupuestos máximos”, manifestó el gremio.
Adicionalmente, Gestarsalud expresó que “las entidades responsables del aseguramiento se ajustaron a las reglas de juego y comprendieron las metodologías definidas por el Gobierno, tanto para presupuestos máximos como para la estimación de la UPC, contando con que se actuaría con la buena fe y la confianza legítima que deben regir las acciones dentro del Estado Social de Derecho”.
Ante esto, el gremio le solicitó a la ministra Corcho revisar las decisiones anunciadas para el Presupuesto General de la Nación en 2023 en relación con el sector de la salud.
Aunque las EPS no lo manifestaron de manera expresa, entre varios congresistas quedó la sensación de que esta sería una primera arremetida del Gobierno nacional hacia estas entidades, las cuales, según anunció el propio Petro en la campaña presidencial, serían objeto de una reforma que incluiría, incluso, su eliminación y sustitución por otro modelo de salud basado en la prevención de la enfermedad y en una red pública hospitalaria.
En las últimas semanas, no obstante, sectores del alto gobierno han dicho que esta propuesta se está evaluando y que el próximo año se avanzaría en las modificaciones en las EPS, las cuales, al parecer, sintieron un primer campanazo de alerta con los anuncios de la ministra Corcho, en el Congreso.