El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, metió esta semana en un nuevo escándalo al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin calcular el calibre de sus declaraciones, el médico y promotor de la reforma a la salud confesó que la Alianza Verde tenía participación burocrática en la Casa de Nariño con el Sena e Icetex y casi que presionó para que los congresistas votaran su iniciativa a cambio de los cargos.
“Uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el Gobierno, representación importante en Bogotá a través del Sena, importante a través de institutos como el Icetex y hacer oposición. Este presidente (Gustavo Petro) es muy generoso porque les permite a los que están disfrutando del gobierno hacer toda la oposición, a pesar de que disfrutan de las posiciones en el alto Gobierno que se las hemos negado a nuestros propios militantes”, expresó puntualmente Jaramillo en conferencia de prensa este miércoles 22 de noviembre, después de salir del encuentro entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, consciente del terremoto político y hasta jurídico que armó Jaramillo, salió a ofrecer “perdón” por la intervención sin filtro del ministro.
Más allá de que las explosivas confesiones del ministro generen un coletazo contra la reforma a la salud que agoniza por falta de tiempo en la plenaria de la Cámara de Representantes, podría generar un nuevo escándalo de tinte judicial y ético.
Algunos opositores al Gobierno, como el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, adelantarán acciones penales contra el ministro y los congresistas de la Alianza Verde ante la Corte Suprema de Justicia y los directores del Sena e Icetex en la Fiscalía.
El delito, según le dijo Martínez a SEMANA, es cohecho: dar o recibir, el mismo que llevó a la cárcel a la ex parlamentaria Yidis Medina, quien fue condenada por recibir una notaría a cambio de votar positiva del expresidente Álvaro Uribe.
Y es que gran parte de la opinión pública entendió las palabras de Jaramillo como un chantaje. “Es realmente increíble ver a un ministro de gobierno chantajeando a un partido político sin ningún pudor, creyendo que una representación en el Gobierno puede entenderse como moneda de cambio por votos para proyectos en el Congreso”, manifestó la congresista Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.
Recordemos que un hecho similar ocurrió con el exdirector del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, quien confesó en W Radio repartija de puestos a políticos del Partido Liberal mientras se tramitaba las reformas del Gobierno en el Congreso.
“Yo fui a una bancada, me preguntaban qué estaba haciendo allá, ¿cómo así que yo qué estaba haciendo allá? ¿No ve que yo hago parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro? Allá estaban los ministros, todos somos parte del Gobierno”, aseguró Rondón.
Dijo que como hace parte del Gobierno tiene que contribuir a que las reformas del Gobierno salgan adelante. “Ese es mi ejercicio, porque entonces yo qué hago en el Gobierno”, afirmó.
“Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa, y en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro”, afirmó el director del FNA. Petro lo removió del cargo en menos de 48 horas.
SEMANA consultó al abogado penalista Francisco Bernate sobre el calibre de las palabras de Jaramillo.
“Estas declaraciones en sí mismas, no son constitutivas de un delito, pero lo que sí es importante es que pueden dar lugar a abrir una línea de investigación: el hecho de recibir beneficios burocráticos o cualquier tipo de prebenda a cambio de votar un proyecto de ley, ciertamente, se llama cohecho impropio en el que el funcionario público recibe cualquier beneficio a cambio de cumplir con su trabajo y el trabajo de los congresistas, es entre otras cosas, votar. Por eso se llama cohecho impropio y fue, precisamente, lo que ocurrió con la yidispolítica”, expresó.
Y añadió: “Valdría la pena determinar si existen o no congresistas que están votando afirmativamente los proyectos a cambio de participación burocrática. Eso es considerado- insisto- un delito llamado cohecho impropio”.
Según Bernate, cosa contraria ocurriría “si el caso es que haya funcionarios que están recomendando hojas de vida, pero ello no condiciona su actuar como parlamentarios, es una práctica indebida, si se quiere antiética, pero no es un delito, como ocurre con el exdirector del Fondo Nacional del Ahorro, donde el exfuncionario dijo que estaba dando una participación burocrática, pero en ningún momento afirmó que esa participación condicionaba el actuar del parlamentario”.
Por su parte, el abogado y excandidato presidencial, Enrique Gómez Martínez, dijo que las palabras de Jaramillo sí se constituyen en un delito “porque el ministro reconoce que interfiere en la formación de la decisión parlamentaria. De acuerdo a la Ley 5, los congresistas deben votar bajo un sistema de convencimiento racional y lo que él resalta es que el Gobierno ha entregado esas entidades para condicionar el voto positivo del partido Alianza Verde y se queja, afirma que los congresistas reciben los puestos, pero no cumplen y se salen de las plenarias”.
La declaración de Jaramillo ―a juicio de Enrique Gómez Martínez― es peor que la que hizo exdirector del Fondo Nacional del Ahorro.
La razón, según él, “es que el exdirector del FNA no reconoce específicamente haberles entregado puestos a cambio de votos, no condiciona el voto. En cambio, el Ministro sí, afirma que el Gobierno les entregó los cargos y no le han votado. Está probado el cohecho”.
Otros abogados consultados por SEMANA y quienes pidieron reserva de su identidad, apuntan que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no tendría problemas jurídicos porque el director del Sena, Jorge Londoño y el del Icetex, Mauricio Toro, no llegaron al Gobierno de Gustavo Petro en medio del trámite de la reforma a la salud en el Congreso.
En cambio, sí lo hicieron meses antes de discutido el proyecto en el Congreso. Además, no hacen parte de la representación política de un congresista en particular sino del partido político.
La justicia tendrá la última palabra.