SEMANA: El Ministerio de Hacienda pidió a cada entidad recortar 5,6 por ciento de su presupuesto. ¿Cómo lo van a ejecutar en el DPS, que es el encargado de los subsidios a los más vulnerables?
Gustavo Bolívar: El presidente nos pidió en el consejo de ministros que tratemos de no afectar el programa de gobierno. Debo decir que en entidades como el DPS hay forma de hacer recortes, dado que tienen muchos contratos de prestación de servicios andando, demasiados diría yo, que cuando se venzan vamos a hacer unos recortes muy drásticos. Ahí hemos encontrado cosas escandalosas: áreas de la entidad donde hay 200 o 300 funcionarios, que, a mi manera de ver, podrían funcionar con menos personas. De hecho, estamos haciendo un estudio de cargas y cuando tengamos los resultados podremos definir el recorte en cada área. Ese sería el principal ajuste que nos corresponde a nosotros, pero también vamos a hacer un recorte al programa jóvenes en paz, pues la idea es no afectar a los beneficiarios de renta ciudadana, ni de Colombia Adulta.
SEMANA: ¿Por qué el recorte es en el programa de Jóvenes en Paz?
G.B.: Jóvenes en Paz es el programa con el que el Gobierno intenta competirles a las bandas criminales en el reclutamiento de los jóvenes en los territorios de más violencia en Colombia. A ellos se les ofrece un pago de un millón de pesos a cambio de que estudien y hagan trabajo por la comunidad. La idea es que puedan elegir entre la banda criminal, que ofrece 1,8 o 2 millones de pesos con muchos riesgos, o un millón tranquilo, aportando a su comunidad y formándose. Es un programa que tuvo mucha polémica en su momento porque decían que les íbamos a pagar a los jóvenes por no matar, pero su esencia real es competirles a esas bandas criminales en sectores de Colombia con violencia y sin empresas, ni alternativas laborales lícitas.
SEMANA: ¿Y siendo tan bien intencionado por qué lo recortan, o es porque aún no ha arrancado?
G.B.: Jóvenes en Paz ya arrancó, pero en el camino nos hemos encontrado con cosas muy difíciles, como, por ejemplo, cuando anunciamos los pagos ya hay bandas criminales esperando a que los jóvenes reciban el millón de pesos para quitárselo. Nos toca hacer las transferencias muy callados, obviamente, cumpliendo los requisitos. Es un programa que ya está avanzando, aunque no con la cantidad de jóvenes que queríamos porque su focalización ha sido difícil. Los beneficiarios deben entregar muchos datos y ellos en los territorios aún desconfían del Estado. Como consecuencia, algunos se niegan a entregar los datos y no les podemos dar ese subsidio si no sabemos quiénes son, dónde están, ni hacerles seguimiento sobre el uso del dinero. La inscripción ha sido más baja frente al estimativo que teníamos.
SEMANA: Como ha sido difícil focalizar a los jóvenes, ¿ese sería el recorte o habría algo más?
G.B.: Sí. Nosotros estimamos pagarles este año a 60.000 jóvenes y vamos a terminar con 45.000. Entonces, ese dinero que no vamos a girar lo aportamos a esa vaca que está haciendo el ministro de Hacienda para poder congelar 20 billones de pesos. También vamos a usar los recursos de las personas que no se acercan a reclamar las transferencias, que son entre 5 y 6 por ciento del total. El dinero va quedando acumulado y lo vamos a devolver.
SEMANA: ¿Además estaría la no renovación de contratos de prestación de servicio, que usted considera demasiados?
G.B.: El DPS tiene más o menos 1.500 funcionarios. Y tiene posibilidad, según el último estudio de cargas, de contar con unos 700 contratistas, para llegar a 2.200 personas. No hemos llegado a esa cifra, pero ya estamos en cerca de 1.900. Tenemos 450 contratistas y el resto son de carrera y no se pueden tocar. Así que estamos mirando entre esos 400 si hay algunos que se pueden suprimir sin afectar el funcionamiento de la entidad. Voy a poner un caso, que me mete un poco en problemas, pero que sirve para ilustrar. En la oficina jurídica encontré 100 abogados. Eso no puede pasar.
SEMANA: ¿Qué les dijo el presidente en el consejo de ministros, en donde se dio la indicación del recorte? ¿Estaba molesto?
G.B.: El presidente tiene la obsesión de cumplirles a las comunidades más olvidadas de Colombia y, por eso, le duele que ese recorte afecte el gasto de inversión. De ahí que nos insistiera tanto en que tratáramos de que el 5,6 por ciento no toque la inversión, sino que busquemos dentro de los gastos de funcionamiento. Y no lo vi molesto, sino triste de que esos 20 billones de pesos dejen de ir a las regiones para superar esa pobreza extrema que tenemos.
SEMANA: Pero en general, ¿cómo estuvo el ambiente de ese consejo de ministros?
G.B.: Nos quitó la tensión, dado que el anuncio de la semana anterior sí había sido más terrible, pues arbitrariamente el ministro de Hacienda había dicho que le iba a recortar a cada entidad sin consultarnos. Y nosotros: “Uy, no, de ahí no nos pueden recortar. Por favor, tenemos compromisos”. Sin embargo, en el consejo de ministros se anunció que cada entidad podría decir de dónde recortar y eso nos dio alivio. Nos dio la oportunidad de reunir a nuestros equipos para preguntarles en dónde puede sobrar, en dónde podemos sacar un poco de dinero para aportar a ese déficit.
SEMANA: Usted es cercano al presidente, ¿qué opina del ruido en torno a la posibilidad de una constituyente?
G.B.: La constituyente nació de la imposibilidad que ha tenido el presidente de pasar sus reformas sociales en el Congreso. Se presentó una reforma a la educación, que va mal; una a la salud, que se cayó, y hay dos andando, la laboral y la pensional, ambas prácticamente chilingueando con los tiempos muy medidos. Al ver que todas las reformas sociales que prometió en campaña no cuentan con un Congreso que responda, dentro de la lógica de la democracia representativa, a los intereses del pueblo, sino a unos intereses corporativos, pues él dice: “Bueno, el pueblo tiene que autoconvocarse”. Aquí ha habido una mala interpretación porque el presidente ha dicho que es el pueblo el que debe exigir que haya una asamblea o constituirse como constituyente primario para demandarle al Congreso que trabaje, que haga las leyes. O hacer esas leyes dentro de una asamblea constituyente. No es que el Gobierno convoque una constituyente. Además, en este proceso se evidenció que en el acuerdo de paz hay una herramienta para ese fin, que no sé si el presidente la vaya a usar. La verdad, de esto no hemos conversado.
SEMANA: ¿Cree, entonces, que sí es posible acudir al acuerdo de paz para convocar la constituyente?
G.B.: Depende de la interpretación que se le dé, y la del Gobierno es que sí se podría. Pero yo no sé si tendría que ir a un control constitucional y si el tiempo alcance; lo que sí tenemos claro todos los funcionarios que conocemos al presidente Petro es que él es un demócrata y no se va a saltar nada que no esté escrito en la ley. Seguramente estarán buscando algún mecanismo, pero hoy no hay nada concreto. Además, una constituyente por parte del pueblo tendría que surtir tres estados. El primero es recoger más de cinco millones de firmas para que el pueblo, por medio de una ley de iniciativa popular, pueda convocar a la constituyente. El segundo es que debe pasar, sí o sí, por el Congreso, el cual debe darle un aval a la solicitud de esa ley. Eso es posible, pero ya entra el tema de los tiempos. Estamos a dos años y recoger ese número de firmas toma de cuatro a seis meses, después el Congreso debe tramitar esa ley, que no sé cuántos meses más requiera, y luego tienen que pasarle la orden a la Registraduría, que es el tercer paso, para que convoque unas elecciones. Y calculo que esas tres cosas toman un año y medio. ¿Vale la pena hacer una constituyente ya al finalizar el mandato? Eso lo sabrá el presidente, no ha sido objeto de una charla dentro del consejo de ministros.
SEMANA: Si Petro en un futuro cambia de opinión y convoca una constituyente planteando su reelección, ¿lo apoyaría?
G.B.: Es una pregunta difícil porque en política la coherencia es el bien intangible más grande que tenemos algunos de quienes nos dedicamos a ella y nosotros coherentemente hemos dicho que él no se va a reelegir. Si se llega a dar esa situación, tendría que analizar cuál posibilidad tomar. Pero hoy yo diría que no, pues la promesa del Gobierno fue estar cuatro años. Sin embargo, hay una base importante que le está pidiendo reelegirse. Yo puedo dar fe que hasta hoy él ha dicho que no.
SEMANA: ¿Y usted de qué lado está?, ¿de los de congresistas como Isabel Cristina Zuleta, que quieren que Petro se reelija, o de los que piden cumplir las promesas de campaña en el cuatrienio?
G.B.: A la gente hay que decirle la verdad, duela o no duela; toque o no toque callos. Yo pienso que él le hizo una promesa a la gente y tengo la confianza de que él la va a cumplir.
SEMANA: Otro de los temas que hoy afecta la relación Gobierno-Congreso es el escándalo de la UNGRD. ¿Cómo lo ve?
G.B.: Terrible, lamentable. A mí me ha causado tristeza porque nosotros llegamos aquí con una bandera anticorrupción. Y doy fe de que la gran mayoría de los funcionarios la hemos cumplido dentro de las entidades, con un trabajo de mucha transparencia y austeridad, pero nos falló por el lado más flaco, que es el que les ha fallado a todos los Gobiernos: el de la Unidad de Gestión de Riesgos. Esa es una entidad que maneja el efectivo del Gobierno, justo porque está encargada de atender desastres. Eso hace que sus funcionarios puedan hacer contratos rápidos y ahí es donde empieza la corrupción, porque no tienen controles. Lo que hicieron estos tipos es imperdonable, son unos hampones de marca mayor. Después de robarse la plata a manos llenas, ahora están negociando un principio de oportunidad para quedar libres e irse a comer los miles de millones de pesos que se robaron. De hecho, el presidente, y yo lo apoyé en esa iniciativa, le ha pedido a la Fiscalía que estos señores no pueden quedar libres si no devuelven lo que se robaron.
SEMANA: Olmedo López dijo en entrevista con Vicky Dávila que en el Gobierno funcionó un cónclave de funcionarios que decidía esta trama de corrupción. Cuando leyó eso, ¿qué sintió?
G.B.: Ojalá más rápido que pronto entregue pruebas de lo que ha dicho. Considero que todo lo que ha denunciado es bastante grave, y de llegar a comprobarse, obviamente tienen que rodar cabezas. Muy grave si existió ese cónclave. Yo no lo descarto, ni puedo dar fe de que existió. Nunca fui invitado a esos temas. Sin embargo, pueden ser reuniones de personas que dicen “está complicado pasar tal proyecto” y para avanzar preguntan cómo sería la participación de los partidos; eso se hace en todos los Gobiernos y no estoy diciendo si está bien o mal. Estoy contando cómo funciona y doy fe de que el Gobierno no nos ha dado una orden en ese sentido. El presidente jamás nos daría una orden para que saquemos plata de la entidad y se la pasemos a un congresista. Meto mis manos al fuego, pero pudo haber pasado en otros niveles de la administración y en el Congreso pudo haber pasado. Por eso estamos atentos a las pruebas de Olmedo López y de Sneyder Pinilla.
SEMANA: ¿El Pacto Histórico tiene con qué ganar las elecciones de 2026?
G.B.: Hemos reconocido que el golpe del saqueo de la UNGRD es muy fuerte reputacionalmente; nos afecta la bandera electoral de la anticorrupción. Si logramos recomponer de aquí a dos años esa reputación que se perdió, creo que tenemos posibilidades, pues a mí no me cabe duda de que va a haber una buena gestión al final del mandato. Se les están entregando tierra a los campesinos, se está disminuyendo la pobreza, se está avanzando en la lucha contra la deforestación y el turismo está creciendo. Eso contradice lo que se decía en campaña de que Petro iba a acabar con la economía e iba a volver a Colombia como Venezuela. Si al final de los cuatro años logramos recuperar la bandera anticorrupción, mostrar que fuimos capaces de gestionar y hacerlo de manera transparente, hay una buena posibilidad de que elijamos presidente. Hoy, unas encuestas le dan al Gobierno una popularidad sobre el 40 por ciento y otras sobre el 30. Necesitaríamos subir esa aceptación al 50 por ciento si queremos tener una posibilidad de competir en 2026.
SEMANA: Hablando de gestión, recientemente Hacienda presentó las cifras de ejecución a mayo y allí se ve que el DPS registra 10,26 frente a un promedio de todas las entidades del 29,9 por ciento. ¿Qué pasó ahí?
G.B.: Yo nunca había dirigido una entidad del Gobierno y ya adentro veo que son monstruos difíciles de mover. Cuando el presupuesto cabalga sobre unas mafias de contratación vuela, es muy fácil ejecutar y eso era lo que hacían justamente anteriores administraciones acá en el DPS. Por eso está en la cárcel Ciro Ramírez y un exsubdirector de esta entidad. Le entregaron contratos a amigos a cambio de una participación para ellos, para el alcalde, el senador y demás involucrados, entregando plata a manos llenas. Como resultado, en agosto ya habían ejecutado todo, ya no tenían plata. Yo acá, en cambio, he encontrado que es muy difícil. Por ejemplo, me pidieron firmar siete u ocho contratos y le dije: “No, un momentico, yo no voy a firmar nada, yo no sé ni de qué se trata eso, déjenme estudiar”. Y me demoré un mes verificando su valor real. Nosotros en el Gobierno somos muy cautelosos, porque tenemos, como debe ser, una procuradora que es de la oposición, y digo que debería ser porque incluso alguna vez presenté un proyecto en ese sentido, pero no duró ni un día. Los órganos de control deberían estar en manos de la oposición en una democracia. La situación actual hace que nos cuidemos más para ejecutar y nos demoremos más. Y lo he dicho y me sostengo: prefiero que en noviembre me digan “ese Bolívar no ejecutó y es un inepto”, a que me digan que soy un corrupto. Es que si uno se asusta por tener mucha plata y no estarla gastando, empieza a soltarla sin los respectivos controles y ahí viene la corrupción. Les garantizo que nuestra ejecución va a estar por encima del 90 por ciento. Yo la recibí en 3 por ciento y ya la llevamos como en el 13. Para agosto tenemos un estimativo de 45 por ciento, justamente por la cautela que estoy aplicando. Aquí todo se está haciendo con licitaciones, con subastas públicas, transparentes, que yo publico.
SEMANA: Dos consejos que le daría al presidente Petro para lo que resta de su mandato...
G.B.: Los he dado en los consejos de ministros. Uno es recuperar la confianza de la gente en que el Gobierno está haciendo las cosas de manera transparente, porque eso golpea mucho, no solo la reputación, sino también la legitimidad. Hay que hacer unas comunicaciones eficaces, que la gente sepa cómo se están manejando las entidades. Dos, definir el legado del presidente. El de Uribe fue la seguridad; el de Santos, la paz y Duque, a mi manera de ver, no dejó un legado, pero el de nosotros tiene que ser la justicia social; por ende, tenemos que enfocarnos en eso. Si el Gobierno se centra en disminuir la pobreza y las brechas de desigualdad sustancialmente, vamos a tener un legado, junto con el de la educación, sector para el que se ha aumentado el presupuesto, pero en el Congreso empiezan a meterle artículos a la reforma educativa que dañan ese legado. La idea es enfocarnos en el tiempo que queda en dos o tres cosas y desarrollarlas. No hacer mil que no dejen una huella.
SEMANA: Finalmente, ¿consideraría volver a poner su nombre en unas elecciones presidenciales en 2026?
G.B.: Por ahora no. En este momento estoy enfocado en esto. Necesito demostrarle al país que soy capaz de manejar una de las entidades más grandes del Gobierno. Si puedo mostrar que no me quedó grande, que di resultado, ya podría empezar a pensar en otras cosas. Yo no tengo mucha adicción al poder y esto aquí me está gustando. Quisiera acompañar al presidente hasta el final, si él lo considera.