Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), se pronunció tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el artículo que permitía al Gobierno del presidente Gustavo Petro la contratación directa con organizaciones sociales para vías regionales, y confirmó una dura noticia de cara a las obras que adelanta la institución que dirige.
El alto tribunal sorprendió este lunes 7 de octubre al declarar inexequible la norma que le permitía al Ejecutivo contratar de manera directa, a través del Instituto Nacional de Vías Regionales (Invir), a comunidades y organizaciones sociales, lo que significa un duro golpe.
La decisión se tomó tras una demanda de la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe), que argumentó que esta norma modificaba el régimen de contratación estatal por fuera de las competencias del presidente de la República. Tras analizar la acción, la Corte consideró que esta norma pasó por encima de la Constitución de Colombia.
“Si bien el presidente de la República tenía un margen razonable de apreciación respecto del contenido de los términos empleados en la norma habilitante para la definición del régimen jurídico del Invir y, en concreto, de su régimen contractual, su valoración debía coincidir con la teleología de la delegación legislativa”, indicó.
El anuncio de Bolívar
Ante esto, el exsenador mostró su desacuerdo y anunció que, como consecuencia de esta acción decretada por parte del alto tribunal, muchas de las obras del DPS se quedarán sin hacer. “Ante la decisión de la Corte Constitucional, tengo que anunciar, con mucho pesar, que se nos quedarán muchas obras en DPS sin realizar”, dijo a través de su cuenta de X, antes Twitter.
Bolívar sostuvo que esto beneficiará a los operadores que, según él, en años anteriores se encargaron de quitarle dinero a la entidad. “El proceso de contratación con las comunidades ya no se hará de manera directa y con autogestión, sino a través de operadores como los que en el pasado se robaron la entidad”, señaló.
“No es un golpe a Petro, es un golpe a las comunidades”, añadió.
La decisión tomada por la Corte ha despertado varias reacciones. Luis Guillermo Vélez, presidente de la Fundación que realizó la denuncia, aseguró que esta es una gran noticia para Colombia y que, además, ayudará de alguna manera a cuidar el dinero público.
“Son buenas noticias para el país que se le ponga un freno a este tipo de decisiones. Este fallo endurece el principio de transparencia y el control sobre la asignación de recursos públicos, aspectos fundamentales en la contratación estatal”, puntualizó.
Además, el mismo presidente Petro se pronunció mostrando su inconformismo por la actuación de la Corte Constitucional. El jefe de Estado aseguró que esto permitía el empoderamiento de la comunidad y que generaba transparencia en este tipo de procesos.
“Hace ganar en transparencia la contratación y libera al país de odiosos carteles que monopolizan como renta el dinero público y degradan por completo el Estado y la política”, escribió en su cuenta de X.