Gustavo Bolívar sigue vigilando el proceso de la elección del contralor general, para el cual ya existe una nueva lista de 10 elegibles para el cargo. Este viernes, el senador denunció que están ofreciendo “cientos de puestos” para congresistas en medio del trámite.
Además, aseguró que la intención de algunos es “tener en el bolsillo” a quienes los vigilan desde el organismo de control.
“La pelea por la Contraloría está grotesca. Los corruptos se juegan 4 años más de impunidad. Están ofreciendo a congresistas cientos de puestos (corbatas) para esclavizar electoralmente. Les vale huevo arruinar el país con tal de tener en el bolsillo a quien vigila sus feudos”, publicó Bolívar en su cuenta de Twitter.
Bolívar también trinó sobre la reunión entre Alfonso Prada, perfilado para ser ministro del Interior, y María Fernanda Rangel, la candidata con más opción para ocupar el cargo. Según el senador, esto no es muestra de que el Pacto Histórico tomó una decisión.
“Sea lo que sea que hayan hablado Alfonso Prada y la candidata María Fernanda Rangel, lo que puedo asegurar es que el Pacto Histórico no ha tomado una decisión”, comentó el senador.
Bolívar radicó proyecto para regular cannabis de uso adulto
Este viernes 5 de agosto, el senador Bolívar radicó el proyecto de ley que busca establecer el marco regulatorio del cannabis de uso adulto o recreativo. Con esto, el miembro de la bancada de gobierno propone crear normas para cultivo, producción, abastecimiento, almacenamiento, transformación, comercialización, acceso y uso de la planta psicotrópica.
El proyecto de ley llama al Ministerio de Salud para reglamentar los mecanismos a través de los cuales las personas mayores de edad podrán acceder a esta planta “de forma segura, informada y por fuera de los riesgos de seguridad y salud pública que representa el vínculo con el mercado ilegal de esta sustancia”.
También permitiría el autocultivo en propiedad privada en un número no superior a 20 plantas para uso personal o colectivo. Esta modalidad no podría tener fines de comercialización o lucro.
A su vez, los congresistas proponen dispensarios de cannabis, los cuales pueden ser privados o públicos. La apertura de estos lugares tendría que tener la autorización previa de los gobernadores y alcaldes de los territorios. Además, podrían vender por medio de comercios electrónicos, verificando que quien reciba sea mayor de edad.
“Los públicos tendrán como principales objetivos facilitar el acceso a cannabis de uso adulto a consumidores de distintos niveles socioeconómicos y territorios, así como promover la inclusión de productos provenientes de pequeños y medianos cultivadores en la cadena de abastecimiento y oferta a consumidor final, con el fin de desincentivar la recurrencia al mercado ilegal”, detalla el proyecto de ley.
Estos dispensarios podrían tener limitantes en términos de la ubicación, ya que no podrían estar cerca de establecimientos donde se venda alcohol, tabaco o productos farmacéuticos.
Tal como en Países Bajos, existirían ‘lounges’ o ‘coffee shops’, lugares para consumo y venta ‘in situ’. Estos sitios combinarían la marihuana con gastronomía, entretenimiento y bienestar, según lo establezca el Ministerio de Salud.
En temas relacionados con la salud pública, según la propuesta de Bolívar, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad que reglamente especificaciones de calidad, empaque y etiquetado. Además, los empaques deberán incluir información de riesgos y efectos del consumo.
A su vez, tendría restricciones de publicidad. Según el proyecto, no podrá ser promocionado: “Redes sociales, radio, televisión, cine, medios escritos como boletines, periódicos, revistas o cualquier documento de difusión masiva, producciones teatrales u otras funciones en vivo, funciones musicales en vivo o grabadas, video o filmes comerciales, discos compactos, discos de video digital o medios similares”.
Entre otras medidas, el cannabis de uso adulto tendría un impuesto al consumo: “El 50 % de los recursos derivados del impuesto al que hace referencia este artículo tendrán una destinación específica a prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el 25 % para la sustitución de cultivos y el desarrollo sostenible. El 25 % restante se destinará al funcionamiento del Instituto de Regulación de Sustancias Psicoactivas y a otros gastos derivados de la implementación de la presente ley”.