El candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar confirmó este martes 12 de septiembre que, a menos de dos meses de las elecciones regionales, tendrá que acudir a un plan B para financiar su campaña política porque el Consejo Nacional Electoral no le define una demanda en contra de su candidatura.
“El CNE sigue dilatando el fallo sobre una demanda contra la inscripción de mi candidatura. Por este motivo, aún no obtengo préstamos bancarios para hacer mi campaña”, informó.
Dijo: “Es una desventaja antidemocrática por cuanto otras campañas ya invierten gruesas sumas de dinero. Por tanto, acudiremos a otras alternativas de financiación como rifas, colectas y una subasta de arte que haremos el 21 de septiembre, para lo cual espero la colaboración de artistas que me quieren donar una obra para venderla y compradores que quieran donar una obra para venderla y compradores que quieran adquirirlas”.
Prometió a sus seguidores mostrarles las obras con el crédito de sus autores.
Bolívar hace referencia a la demanda que la excandidata a la Alcaldía de Cali, Juanita Cataño, instauró en su contra en el CNE porque, según ella, habría una inhabilidad porque su renuncia al Senado no se publicó como ordena la ley.
La denunciante alegó, entre otras razones, que su inscripción como candidato a la Alcaldía de Bogotá debería quedar sin piso jurídico porque, aunque él renunció a su curul de senador el 31 de diciembre de 2022, su renuncia y la decisión de aceptación de la mesa directiva no fue publicada en La Gaceta del Congreso. Ella cree que él no renunció en los tiempos establecidos por la ley y estaría, posiblemente, inhabilitado.
SEMANA conoció que, aunque Bolívar está preocupado porque el CNE no toma una decisión, la investigación en su contra está en manos de la presidenta del tribunal electoral, Fabiola Márquez, quien es cercana al presidente Gustavo Petro y al Pacto Histórico.
La togada es quien debe presentar la ponencia y ponerla a consideración de los demás magistrados para que decidan la suerte de la aspiración a la Alcaldía de Bogotá. No obstante, no ha fijado su posición y, según el propio Bolívar, le está generando problemas a su candidatura.
Buen ambiente
Aunque la investigación contra Bolívar no ha llegado a la sala plena, hay buen ambiente para respaldar en derecho al líder del Pacto Histórico.
Una de las tesis apunta a que, más allá de la divulgación, lo que importa es que Gustavo Bolívar haya renunciado y la mesa directiva le haya aceptado la renuncia a 31 de diciembre de 2022.
Y eso ocurrió, según la resolución 166 del 31 de diciembre, “por medio de la cual se acepta la renuncia a un Honorable Senador de la República, Periodo Constitucional 2022 – 2026″, según se lee en el documento.
En su artículo primero, se acepta la renuncia a su investidura como senador y se pide comunicar la resolución a Gustavo Bolívar, a la Presidencia, la honorable Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Presidencia de la Cámara, entre otros. “La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición”, dice.
El documento es firmado por el expresidente del Senado Roy Barreras, el vicepresidente Miguel Ángel Pinto, el segundo vicepresidente Honorio Enríquez y el secretario general Gregorio Eljach.
Además, el 2 de enero de 2023, el secretario general del Senado, Gregorio Eljach, le envió una carta a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, en la que se dice:
“Le solicito de manera cordial se certifique el nombre, apellido y documento de identidad del candidato no elegido que, según el orden de la inscripción o votación obtenida, sigue en forma sucesiva y descendente en la lista de la coalición del Pacto Histórico para el periodo 2022-2026″, tras la renuncia de Gustavo Bolívar.
El propio Gregorio Eljach certificó que, mediante Resolución 166 del 31 de diciembre de 2022, la mesa directiva aceptó la renuncia de Bolívar.
En los pasillos del CNE, algunos abogados creen lo siguiente: “Los actos administrativos como los de carácter general o particular deben ser publicados (generales) o notificados (particulares), con objeto de cumplir con los lineamientos constitucionales”. Es decir, hecha la debida publicación o notificación, según el caso, se entenderá que se producen los efectos jurídicos de los mismos.
Esa teoría la respalda el reconocido abogado Carlos Mario Isaza, quien dijo que el acto de aceptación de renuncia —en el caso de Bolívar— es particular y concreto, “razón por la cual no se publica, sino que se notifica al interesado. Se trata de la Resolución 166 del 31 de diciembre de 2022 y fue notificada al exsenador Gustavo Bolívar”.
Otra tesis jurídica que respaldaría a Gustavo Bolívar es el Artículo 181 de la Constitución, que habla de inhabilidades e incompatibilidades y dice que, cuando se renuncia antes de acabar el periodo, las incompatibilidades se mantendrán por un año.
Es decir, si Gustavo Bolívar renunció el 31 de diciembre de 2022, se le acabaría la incompatibilidad el 31 de diciembre de 2023 y podría, si resulta electo el 29 de octubre, posesionarse como alcalde de Bogotá el 1 de enero de 2024.
Sin embargo, serán los magistrados del CNE quienes decidan la suerte de la candidatura de Gustavo Bolívar en los próximos días.