El Gobierno nacional y la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, firmaron este sábado el acuerdo de compra de 3 millones de hectáreas dentro de la política de reforma agraria que adoptará esta administración para permitir el acceso a tierra en varias regiones del país.

Ante el hecho, el senador de la República, Gustavo Bolívar, publicó en su cuenta de Twitter: “Me saca la piedra las mentiras de la oposición. Petro no expropió un metro de tierra: las compra y a precio comercial. Toda una cátedra de economía política que busca corregir el neoliberalismo que concentró la riqueza y nos volvió uno de los países más desiguales de la Tierra”.

Y agregó: “Algo parecido hicieron en Francia, cuando la Asamblea Nacional Constituyente de la Revolución, indemnizó al 1 % de los más ricos que poseían el 25 % de la riqueza nacional y les compró las tierras (páginas 160 a 166 del libro ‘Capital e ideología’, Thomas Piketty”.

Luego de la firma, el presidente Gustavo Petro destacó la suscripción del acuerdo y señaló que los predios que sean adquiridos permitirán que los campesinos accedan a la tierra y calificó la firma del mismo como un hecho histórico.

“Esta foto en mi opinión hará historia. Es el pacto entre Fedegán y el Gobierno del cambio. Garantizar tres millones de hectáreas que se comprarán, de máxima fertilidad, con destino al campesinado”, señaló el mandatario.

Añadió que “el pacto social y la paz son posibles”. El documento fue suscrito por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio del Interior y el Alto Comisionado para la Paz, a nombre del Gobierno y por el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie.

El Gobierno destacó el acuerdo como resultado del proceso diálogo y concertación puesto en marcha en torno al objetivo común de lograr una ‘paz total’, “que dignifique la vida de todos los colombianos, que facilite la convivencia en medio de las diferencias y que haga posible el desarrollo con equidad”.

Igualmente, indicó que la participación del gremio ganadero “en este acuerdo constituye una expresión de buena voluntad con la construcción de paz territorial. El Gobierno nacional también considerará otras fuentes para la adquisición de las tierras por compra directa con el fin de alimentar el Fondo”.

El acuerdo establece que los tres millones de hectáreas de tierra deben ser acreditados como propiedad privada conforme a la ley, no tener ningún proceso agrario en curso ni medidas de protección, y cumplir con las disposiciones ambientales y agrarias, así como las condiciones ecológicas.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Cecilia López, señaló que “son tierras que no tengan ningún tipo de problema legal”, es decir, que deberán estar saneadas en términos fiscales y con posesión en manos de sus propietarios y que “estén absolutamente listas para hacer el proceso de compra de estas tierras”.

“El ministerio tiene toda la institucionalidad para determinar y eso lo hace la Upra. Qué tierras y dónde son productivas y cuál es la capacidad productiva. Allí se mira la capacidad productiva de cada una de las ofertas”, explicó la funcionaria. Se precisará la ubicación de los predios a escala municipal y veredal.

Añadió que junto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, se fijarán precios mínimos y máximos de la compra de la tierra “y se tratará de hacer piloto del catastro multipropósito. Ese conjunto de elementos nos dará el precio de la tierra que será a precio de mercado” tal como lo dispone la Ley 160 de 1994.

Además, el acuerdo indica que se propenderá por que la adquisición de tierras se focalice en número de hectáreas, que facilite la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables.

“Se va a requerir que haya grupos de productores y esos grupos de productores van a ser apoyados por la Agencia de Desarrollo Rural, porque se trata de llevarle proyectos productores”, señaló la ministra López.

Así mismo, el Gobierno nacional adelantará, de forma inmediata, planes de choque para la construcción y mantenimiento de las vías terciarias necesarias para facilitar a los productores la comercialización de sus productos en condiciones de competitividad.

Por su parte, el Gobierno asumirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico. El pago se efectuará con bonos de deuda pública u otra forma de pago que determine el Ejecutivo.

“La reforma agraria es una realidad. Ya había comenzado con la entrega de 681 mil títulos en todo el país. Vamos a tener 150.000 hectáreas de tierra que van a pasar a ser arrendadas por grupos de campesinos de afrodescendientes de indígenas”, destacó la funcionaria.

Agregó que seguirá con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre baldío. “Así la reforma agraria es una realidad en Colombia, algo que no habíamos podido hacer, durante toda la historia, por lo menos reciente del país”, indicó.