El decreto con el que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, busca liberar a los jóvenes de la primera línea detenidos por presuntos actos delictivos durante el paro nacional de 2021 continúa siendo objeto de reparos de un sector de la política colombiana. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, incluso comparó la determinación del mandatario con un golpe de Estado.
“El decreto con el que Petro pretende darle un golpe de Estado a Colombia”, escribió en su cuenta en Twitter María Fernanda Cabal la mañana de este 12 de diciembre, haciendo referencia a la foto del Decreto 2422 de 2022, con el que el presidente busca liberar a miembros de la primera línea y permitirles convertirse en gestores de paz.
La publicación de Cabal fue respondida por el senador Gustavo Bolívar, uno de los miembros del Pacto Histórico que más ha defendido esta iniciativa. De acuerdo con él, lo que desean los políticos colombianos de derecha es ver arder a Colombia, razón por la que se oponen a la iniciativa que tiempo atrás se discutió en el Congreso, previo a la aprobación de la Ley 2272, con la que se definió la política de paz del Estado.
“El decreto con el que la derecha se queda con los crespos hechos, pues su plan es ver arder a Colombia”, respondió Bolívar.
Pero no solo los miembros de la oposición han rechazado la medida de Gustavo Petro. La procuradora Margarita Cabello; el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa; el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz, le advirtieron al presidente que esta propuesta tiene varios riesgos constitucionales.
Incluso, juristas de renombre como Rodrigo Uprimny han cuestionado la posibilidad de que miembros de la primera línea salgan de la cárcel pues, aunque reconoce que su propósito puede ser admisible, “es problemático constitucionalmente”. En una columna para el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), opinó:
“El gobierno podría responder que la Ley 2272, que reformó la Ley 418, amplió la figura, pues autoriza que el presidente nombre como gestores de paz también a ‘integrantes de organizaciones sociales y humanitarias’ que estén detenidos y puedan aportar a la “conflictividad social” (...). Esta posible respuesta no es convincente, pues este texto legal es muy ambiguo (...) hoy lo hace con la primera línea, mañana podría hacerlo con cualquiera”.
El presidente Petro y el fiscal Barbosa discutirán el tema
Debido a la polémica que continúa suscitando la posibilidad de liberación de los miembros de la primera línea, el presidente Petro y el fiscal Barbosa se reunirán para analizar su impacto. El encuentro, según altas fuentes consultadas de la Casa de Nariño por SEMANA, se llevará a cabo el miércoles 14 de diciembre.
Valga recordar que ambos habían acordado conversar acerca del tema días atrás, pero debido a que el fiscal Barbosa había dado resultado positivo para covid-19, el encuentro no se pudo desarrollar. Quien preside el ente investigador y acusador ya había planteado su preocupación por los jóvenes de la primera línea relacionados con delitos como tortura, por ejemplo, y con quienes ya tienen una condena por su actuar durante las jornadas de protesta social.
“Las imputaciones y las acusaciones se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas. Aquí nos enfrentamos a delincuentes, no a manifestantes. Aquí los únicos que merecen pasar una buena Navidad son los ciudadanos que han cumplido la ley. Las decisiones judiciales no pueden ser intervenidas por otra rama del poder público”, dijo Francisco Barbosa en diálogo con SEMANA días atrás.