El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que este martes 3 de octubre, en horas de la tarde, estará presente en el acto de perdón público del Estado sobre los falsos positivos de Soacha, acompañando a las madres de las víctimas.
Por medio de su cuenta personal de X, antes Twitter, el mandatario colombiano reveló que realizará un discurso central, haciendo referencia a las ejecuciones extrajudiciales y el daño que esos crímenes le hicieron al país.
“Hoy a las cuatro de la tarde en la plaza de Bolívar estaré en el acto de perdón del Estado colombiano por la ejecución de miles de jóvenes en gobiernos pasados”, trinó Petro.
Y avanzó en el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Espero dar una intervención central sobre lo que estos hechos y el tipo de régimen que los produjo y que significa para el país”.
“Los y las espero en la plaza de Bolívar. Espero a toda la juventud bogotana en representación de las juventudes del país a este acto que nos muestra cómo un Estado desató el oprobio. Nunca más”, finalizó en el mensaje.
Falsos positivos: general Mario Montoya, imputado por la JEP por pedir “carrotancados de sangre” para demostrar resultados operacionales
El excomandante del Ejército Nacional, general (r) Mario Montoya, fue imputado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por 134 ejecuciones extrajudiciales registradas en 16 municipios de Antioquia cuando se desempeñó como comandante de la Cuarta Brigada entre los años 2002 y 2003.
“Por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”, precisó la magistrada de la Sala de Reconocimiento al advertir la responsabilidad directa del general Mario Montoya en este episodio de los falsos positivos.
“No fueron conductas aisladas”, precisó la magistrada Catalina Díaz. Las pruebas recolectadas señalaron claramente la forma en cómo se puso en marcha esta práctica para demostrar resultados operacionales. “Los ataques contra la población civil fueron sistemáticos”.
En este sentido, se encontró que “la obligación impuesta” por el general Montoya “a las unidades tácticas de reportarse en términos de ‘litros’, ‘chorros’, ‘ríos’, ‘barriles’, o ‘carrotancados’ de sangre fue una orden recurrente”. Las pruebas documentales y testimoniales indicaron claramente que, por medio de los programas radiales, el entonces comandante de la Cuarta División daba instrucciones claras y precisas a sus subalternos.
Entre estos, a los comandantes de los batallones de Infantería n.° 4 Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), donde se registraron el 80 % de las ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2003. “Los asesinatos y desapariciones ilegítimamente presentados como bajas en combate se enmarcan, por un lado, en un contexto de alta intensidad de la confrontación armada en el oriente antioqueño a inicios de la década del 2000″.
Esto trajo, según la Sala, “la degradación de la violencia, la estigmatización de sus pobladores y el incremento exacerbado de la vulnerabilidad de los habitantes sobre quienes las guerrillas habrían logrado ejercer un control ostensible. Las guerrillas de las Farc-EP y el ELN llevaban la iniciativa militar en la confrontación y habían escalado su capacidad de desestabilización y afectación de intereses estratégicos de las órdenes regional, nacional e internacional”.
Frente a estos hechos, la JEP imputó cargos al general Mario Montoya como autor directo de estas ejecuciones extrajudiciales.