Una curiosa declaración dio el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre las herramientas que podría aplicar su Gobierno del Pacto Histórico para medir la efectividad y contundencia contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
El jefe de Estado, en una declaración que dio en la conmemoración de los 72 años del Comando General de las Fuerzas Militares, dijo sin tapujos que su administración podría medir el impacto de los operativos contra la cúpula del narcotráfico en el país “a partir del precio de la cocaína”.
Además, hizo referencia a profundidad sobre la inteligencia militar, la cual, según aseguró, debe ser capaz de alertar sobre movimientos de las organizaciones armadas al margen de la ley, las cuales tienen la capacidad de armar ejércitos de delincuentes.
“La inteligencia militar hoy también tiene que descubrir otros factores que permitan alertar sobre la conformación de ejércitos privados al servicio del narcotráfico en cualquier territorio de Colombia”, sostuvo Petro.
Y agregó: “Inteligencia son radares, por ejemplo, inteligencia es saber si el precio de la cocaína sube o baja; si el precio de la cocaína sube, tenemos éxito; si el precio de la cocaína baja, estamos fracasando”.
“Luego podemos medir nuestra efectividad a partir del precio de la cocaína, tenemos que saber si el consumo de drogas está variando en el mundo, si es cierto que los norteamericanos lamentablemente para esa sociedad se están pasando en masa de la cocaína al fentanilo”, insistió Petro.
Atención: presidente Petro ordenó reunión con generales de las FF. MM. para evitar “confusiones en la orden”; alertó que “puede llevar a fracasos”
El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló detalles de su nueva estrategia de seguridad que pidió que implemente la Fuerza Pública en todo el terrario nacional. En una declaración que dio el jefe de Estado anunció una importante decisión.
El jefe de Estado ordenó una reunión con todos los generales de la Fuerza Pública y mandos de alto nivel para evitar confusiones en la orden presidencial sobre los blancos que se deben atacar de la economía ilegal que manejan estructuras narcotraficantes.
“Yo creo que sería bueno hacer una reunión de generales y oficiales con mando territorial para aclarar estos aspectos de una nueva política de seguridad que cada vez van a ser más intensos. Con esos grupos que sabemos que están girando alrededor de economías ilícitas, ¿se puede hacer un acuerdo de paz?, ¿se pueden hacer negociaciones jurídicas?, ¿es posible una vía pacífica del desmantelamiento de la economía ilícita?”, sostuvo Petro.
Y agregó el jefe de Estado: “Si la respuesta es sí, solo tiene una condición y es porque no puedan seguir con la economía ilegal. Que se les haga difícil, no digo que imposible, pero que se dificulte tanto poder enriquecerse con la economía ilícita que haya otro camino como desmantelarla pacíficamente en una negociación jurídica.
“En esta nueva fase la confusión de la orden puede llevarnos a fracasos, un mando en un territorio, que sabe que el Estado tiene que entrar al terrario a ofrecer oportunidades a la población, pero que hay unos jueces negociando con el grupo armado. ¿Cuál es su actitud?, ¿quedarse quieto?, ¿esperar? Si se queda quieto y espera, la economía ilícita prospera y tendrá más fusiles en el territorio; no se puede quedar quieto”, explicó Petro sobre la orden a la Fuerza Pública.
Romper récord en incautaciones de cocaína, la estrategia que se juega el Gobierno Petro en Política de Seguridad Nacional
Uno de los propósitos este año del Gobierno del presidente Gustavo Petro es romper el récord de incautaciones de cocaína en el país. Para ello, la meta que se han propuesto no tiene precedentes y es llegar a las 832 toneladas del alcaloide decomisado.
El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, anunció que el Gobierno no tendrá como prioridad ir detrás de los pequeños cultivadores de hoja de coca, pues la nueva orden a la Fuerza Pública es ir detrás de los grandes ‘empresarios’ del narcotráfico en el país y para eso el primer paso es atacar sus finanzas, los cientos de millones que reciben por sus negocios ilegales y sus cargamentos.
“El diagnóstico está compuesto por las afectaciones en los territorios, particularmente las humanitarias; afectaciones a la seguridad ciudadana en los centros urbanos; afectaciones al medioambiente, especialmente en lo concerniente a deforestación; amenazas a la soberanía, integridad territorial, independencia y orden constitucional, además del problema mundial de las drogas y el problema de la confianza en las instituciones de seguridad”, dijo el ministro Velásquez.
Agregó que dentro de sus objetivos también está “aportar a la ‘paz total’, desarticular las organizaciones armadas ilegales, priorizar el territorio, abordar el problema mundial de las drogas, avanzar en la seguridad urbana, avanzar en el nuevo modelo de articulación entre nación y territorio, y fortalecer la seguridad de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad”.
El ministro también indicó “que lo que se busca con esta nueva política de seguridad nacional es fortalecer el talento humano, fortalecer la legitimidad de la Fuerza Pública (integridad, transparencia, derechos humanos y género), avanzar en el fortalecimiento de la Policía Nacional a través del Proceso de transformación policial más humana, apoyar el proceso transformación de los territorios, gestionar el riesgo de desastres”.
Según el ministro, con la estrategia de seguridad que empezarán a implementar lo que se buscará es disminuir cifras como las de 2022, en cuanto un total de 82.862 personas fueron afectadas por desplazamiento forzado masivo. De estas, las comunidades afrodescendientes representan el 49 %, y las comunidades indígenas, el 16 %. En términos geográficos, el 17 % deriva del desplazamiento intermunicipal y el 10 % del desplazamiento interveredal.
Finalmente, otro de los indicadores que busca el Ministerio de Defensa impactar es el de los delitos informáticos. De acuerdo con las cifras del Centro Cibernético de la Policía Nacional, en los últimos años los delitos cibernéticos han aumentado de manera considerable, pasando de 572 casos denunciados en 2009 a 7.753 en 2015 y a 51.585 en 2021.