En medio de un agudo malestar que han venido expresando varios sectores políticos y sociales en contra del Gobierno nacional del llamado cambio, el presidente Gustavo Petro reveló detalles del más reciente consejo de ministros que lideró en la Casa de Nariño con su equipo de trabajo.
El jefe de Estado habló de una supuesta estrategia de la “prensa tradicional” para hacer ver que existe un “shock de mal gobierno” en su administración.
Además, hizo mención que se trata de un “efecto sociológico”, expresando que es una situación de “artificios”.
Por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el presidente Petro reveló que en la más reciente sesión del consejo de ministros, que se llevó a cabo el lunes festivo 4 de noviembre, se abordó su controversial reforma tributaria.
“El efecto sicológico que hace la prensa tradicional sobre la ciudadanía tratando de demostrar que estamos en un shock de mal gobierno, se deshace día tras día. Siempre son artificios”, posteó Petro.
Y agregó en el mensaje: “El único daño que sobreviene para Colombia viene de la oposición y se planifica en este momento”.
“Se trata de no aprobar la ley de financiamiento para estrechar las finanzas del gobierno y que no se pueda realizar parte del programa del gobierno por falta de recursos”, aseguró el jefe de Estado en la reflexión que hizo en esa plataforma digital de X.
Finalmente anotó: “Hasta la una de la mañana de hoy, sesionó el consejo de ministros estudiando las alternativas”.
La particular postura de Petro se dio por un mensaje que divulgó en su cuenta personal de X el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en el que hizo referencia al supuesto fantasma del racionamiento de gas en Colombia.
“SIN un solo segundo de racionamiento, culminó a la medianoche el mantenimiento de la regasificadora”, dijo Camacho.
Además, afirmó: “Agradecimiento especial a los equipos del sector tanto público como privado que trabajaron por meses para llevar a cabo esta maniobra”.
Sin embargo, el plan fiscal del Gobierno Petro ha tenido varias voces críticas, es el caso de la oposición, que ha planteado sobre la mesa varias alertas.
En caso puntual, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia afirmó que el Senado aprobó que el 39,5 % de los ingresos de la nación se transfieran a las regiones en un periodo de 12 años. “Aunque la propuesta parece loable en términos de descentralización, tiene muchos inconvenientes”.
Y continuó: “La deuda neta de la nación llegará al 61 % del PIB en 2035, rompiendo el ancla de la regla fiscal del 55 %. El país va a necesitar varias reformas tributarias para financiar el hueco que le quedará a la nación. Para hacerlo, tendrá que cobrar por encima de lo necesario, pues ese mismo 39,5 % seguirá teniendo que transferirse”.
“A las regiones se les transfiere hoy el 23,8 % de los ingresos corrientes de la nación. El próximo año serán cerca de 80 billones de pesos. Los municipios deben usar estos recursos en un 58,5 % en educación, en un 24,5 % en salud, en 5,4 % en saneamiento básico y el resto en otros rubros como el plan de alimentación escolar. Aunque hay municipios con administraciones eficientes, hay también muchos donde los recursos no se ven. El 38 % de los hogares en la ruralidad no tiene acueducto, el 85 % no tiene alcantarillado y el 62 % no tiene sistema de recolección de basuras”.
Dentro del análisis de Valencia, se señaló que el 90 % de los recursos en educación se han girado a los salarios de los maestros. Un estudio de la Universidad de los Andes reveló que estos recursos se han multiplicado 2,8 veces por estudiante, pasando de $ 1,62 millones en 1994 a $ 4,63 millones en 2023.
“Sin embargo, los resultados de las pruebas internacionales nos muestran con graves rezagos en educación, y pese a los recursos, la calidad continúa muy mal. A esto se suman los escándalos por el robo a los programas de alimentación escolar de los niños y los hospitales públicos llenos de contratistas amigos de los políticos”, insistió la senadora del Centro Democrático.
Finalmente, expresó: “El otro asunto es que aún no se sabe en qué se invertirán los recursos. Destinaron los recursos y luego, en otra ley, determinarán las competencias. El orden, por supuesto, era primero determinar esas nuevas funciones, luego calcular los recursos necesarios. Los defensores de la iniciativa dicen que el proyecto no tiene “gasto fiscal” porque las competencias se trasladarán de la nación a las regiones, lo cual es altamente cuestionable. La nación tiene funciones que no se pueden volver territoriales: la deuda pública, la deuda pensional, la seguridad (Policía y Ejército) para empezar, y las ramas del poder público (jueces, fiscales…)”.