Este 28 de diciembre, mediante la moción de orden del día, el Congreso de Perú rechazó la intromisión de algunos jefes de Estado de Latinoamérica en los “asuntos internos” de ese país, entre ellos los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, de México, desde que Pedro Castillo salió del poder. Sin embargó, el mandatario colombiano, lejos de acatar el mensaje, volvió a pronunciarse.
“El artículo 23 de la convención americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar este derecho se necesita sentencia de juez penal. Tenemos un presidente en Suramérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal”, afirmó el presidente Gustavo Petro, en defensa de Pedro Castillo, uno de los representantes de la izquierda política en el continente.
El presidente Gustavo Petro también agregó: “La violación de la convención americana de DDHH es manifiesta en el Perú. No puedo pedirle al gobierno venezolano que reingrese al sistema interamericano de DDHH y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en el Perú”.
Valga recordar que la salida de Pedro Castillo de la presidencia de Perú se desarrolló el pasado 7 de diciembre, fecha en que iba a ser sometido a su tercer juicio político en el Congreso, entre otros, por su relación con presuntos casos de corrupción.
Ese día, antes del juicio político, Castillo instauró un Estado de excepción que le permitiera gobernar mediante decretos mientras instalaba un nuevo Congreso, decisión considerada por un sector de la política como antidemocrática, tanto como para que se le señalara por la intención de dar un golpe de Estado.
Tras ello, el Congreso lo destituyó y las autoridades lo capturaron minutos después de que abandonara el Palacio de Gobierno del Perú.
El comunicado conjunto, incluida Colombia
La razón por la que el Congreso de Perú —con 61 votos a favor, 41 en contra y 5 abstenciones— pidió a Colombia y México, además de Bolivia y Argentina, no entrometerse en sus asuntos internos es un comunicado, emitido el 12 de diciembre, en el que manifestaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
En la misiva conjunta los cuatro países afirmaron que “para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
De tal manera, en ese entonces, pidieron: “A todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
Petro y su defensa a Castillo
No es la primera vez que el mandatario colombiano señala que Pedro Castillo fue encarcelado sin juez y sin defensa, insistiendo que el expresidente fue elegido popularmente.
El pasado 14 de diciembre, por ejemplo, trinó: “La crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico latinoamericano”.
Pero ya había defendido a Pedro Castillo el 8 de diciembre, es decir, el día de su destitución: “Pedro Castillo, por ser profesor de la Sierra y presidente de elección popular, fue arrinconado desde el primer día. No logró la movilización del pueblo que lo eligió, se dejó llevar a un suicidio político y democrático. Ojalá Perú encuentre la senda del diálogo de su sociedad toda”.