El presidente Gustavo Petro tiene claro que, tal y como están las cosas, difícilmente obtendría un triunfo en el Consejo Nacional Electoral, en medio de su investigación por la presunta financiación irregular de su campaña. De un lado, las pruebas contundentes en su contra lo tienen contra las cuerdas y del otro, sus recios ataques contra los magistrados del CNE que lo ubican en un papel incómodo ante el tribunal administrativo.
Por eso, la defensa del primer mandatario tiene claro que la única salida favorable para el jefe de Estado es alcanzar la caducidad de la investigación que, inicialmente, estaba contemplada para junio de 2025, pero que podría extenderse hasta agosto.
A juicio de varios investigadores del Consejo Nacional Electoral se deben correr los 60 días que tardó la Sala Civil del Consejo de Estado en dirimir la competencia del CNE frente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
En otras palabras, todos los caminos conducen a ganar tiempo, presentar recursos, adelantar jugadas jurídicas y así acercarse hasta el segundo semestre de 2025, cuando el proceso podría morir.
Petro y su defensa jurídica tienen claro que las medidas judiciales serán otro camino que, eventualmente, podría frenar de tajo la investigación administrativa en su contra. O, en el peor de los casos, acercarlo hacia la caducidad.
Por eso, el propio jefe de Estado demandó ante el Consejo de Estado las competencias del CNE para investigarlo y alegó que debe hacerlo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Todo pese a que ese alto tribunal ya se ha pronunciado en varias oportunidades y ha sido claro en que el Consejo Nacional Electoral es competente para investigarlo como candidato, pero no para sacarlo del cargo de Presidente. De hecho, la Sala de Consulta Civil aclaró que en caso de comprobarse alguna responsabilidad del candidato frente a la financiación irregular de su campaña, los magistrados solo podrían multarlo económicamente.
El propio Ricardo Roa, hoy gerente de Ecopetrol y quien fue gerente de la campaña, presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra el Consejo Nacional Electoral en busca de ponerle freno a la investigación en su contra. Solicitó medidas cautelares, pero se las negaron.
Sin embargo, la tutela fue admita para revisión. Él quiere acogerse al fuero presidencial para que también lo investigue la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, donde hoy Gustavo Petro tiene mayorías.
Como si fuera poco, el abogado de Sucre Sebastián Méndez Tolosa ya demandó ante el Consejo de Estado la Resolución 05175 de 2024 de formulación de pliego de cargos contra el jefe de Estado donde alega que el Consejo Nacional Electoral no tenía las competencias para elevar cargos contra el Presidente.
SEMANA conoció que en el CNE esperan a Gustavo Petro, Ricardo Roa y sus abogados desde este lunes 21 de octubre para notificarlos.
Y si el próximo martes 29 no lo hacen —es lo más seguro para ganar tiempo—, se procederá a notificarlos por estrados e iniciará la investigación en firme, un escenario donde los abogados del Presidente y los directivos de su campaña podrán defenderse y refutar cada una de las pruebas en su contra.
El tiempo marcará el rumbo de una de las investigaciones más taquilleras del 2024.