El presidente Gustavo Petro denunció este miércoles, 4 de septiembre, en una alocución presidencial, la compra del software de espionaje Pegasus en el año 2021. De acuerdo con el mandatario, este le costó 11 millones de dólares al Estado colombiano, los cuales fueron enviados a Israel en efectivo a bordo de aviones.
Además, acusó a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional de adquirir el sistema en medio del estallido social en Colombia.
“La Dipol compró en efectivo, por 11 millones de dólares a una empresa israelí, un software para espiar celulares, en medio del estallido social y antes de las campañas”, indicó el mandatario.
El presidente detalló, de acuerdo a lo que dicen sus documentos, que un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en julio o agosto de 2021.
“En relación con un depósito de 5.500.000 dólares en efectivo en la cuenta de la empresa, es decir en Israel. El pago estaba relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares, firmado entre NSO Group Technologies Limited y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia, se llama Dipol, para la compra de Pegasus”, contó Petro.
De acuerdo con Petro, el efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá hasta Tel Aviv, en Israel.
“El 27 de junio de 2021 fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio de 2021. Según el reporte de actividad inusual, se esperaba que el resto de los ingresos, otros 5.500.000 dólares se transfirieran en septiembre u octubre de 2021″, agregó el presidente.
Y ahí el presidente Petro se pregunta: “¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo, en un avión o en dos, desde oficinas estatales? Catam, quizás. De la Dipol hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas y políticas. Quizás durante meses”.
También pregunta si hubo otros “interceptados” y si se emitió una orden judicial para ello, tal como indica la ley para que estas no sean delito.
“¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el Presupuesto nacional, en la comisión de crédito o la oficina de transacciones, como usualmente cualquier ciudadano tiene la obligación de hacer?”, preguntó Petro.
Y sugirió que se trata de un “lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir en las comiunicaciones”.
“Esta investigación nunca se realizó y, por tanto, he pedido a la Uiaf que entregue la información en el papel oficial enviado a la señora fiscal general de la Nación. Le he pedido al general Salamanca que encuentre el software dentro de la Dipol o fuera de él, y se le entregue a la Fiscalía General de la Nación para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado”, dijo.
También abrió la posibilidad de que lleguen “expertos internacionales” para colaborar en la investigación que debe dirigir la Fiscalía.
En su cuenta de X, calificó los hechos como “alianzas internacionales no santas contra los derechos ciudadanos colombianos”.