El presidente Gustavo Petro recibió esta semana el golpe más duro de su carrera política. Pero contrario a lo que se esperaba, no vino de parte de la oposición sino del propio seno de su familia: su hijo mayor, Nicolás Petro, confesó que entraron dineros de manera irregular a la campaña presidencial del hoy jefe de Estado en 2022. Esta dura revelación es el colofón de lo que ha sido el primer año de Petro en la Casa de Nariño: escándalos y controversias.
Las confesiones de Nicolás Petro ante la Fiscalía siembran un manto de duda sobre la legitimidad de la elección del presidente Gustavo Petro, no solo porque se trata del ingreso irregular de dinero a la campaña y la posible violación de los topes electorales, sino porque parte de estos recursos provendrían de fuentes ilegales.
En su interrogatorio ante la Fiscalía, Nicolás Petro reconoció que recibió dineros aportados por el exnarcotraficante Santander Lopesierra, conocido con el alias del Hombre Marlboro, y del señor Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del polémico contratista el Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca. Parte de estos recursos son los que habrían entrado a la campaña.
La supuesta financiación ilegal de la campaña pone al presidente Gustavo Petro en una difícil situación política y en el escenario de empezar a dar explicaciones ante instancias como la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral.
Más aún si se tiene en cuenta que la Fiscalía reveló un organigrama en el que aparecen 27 personas que estuvieron relacionadas con “conseguir recursos” para la campaña. En este, aparecen figuras clave del círculo cercano de Petro, como la primera dama de la nación, Verónica Alcocer; el exministro del Interior y hoy embajador en Francia, Alfonso Prada; el abogado penalista Miguel Ángel del Río; el ministro TIC, Mauricio Lizcano y la directora del DPS, Cielo Rusinque. Así mismo, se encuentran referenciados la exjefa de gabinete Laura Sarabia y el exembajador Armando Benedetti.
Justamente estos dos últimos nombres, el de Laura Sarabia y Armando Benedetti, son los protagonistas de otro de los grandes escándalos que le han estallado al Gobierno Petro en apenas 12 meses: el del presunto abuso de poder y las interceptaciones ilegales contra Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia.
Meza no solo fue llevada, por orden de Sarabia, a un sótano contiguo a la Casa de Nariño para ser sometida a una prueba de polígrafo, en medio de las indagaciones por la pérdida de un dinero en la casa de la exjefa de gabinete, sino que su línea telefónica fue interceptada ilegalmente por la Policía Nacional.
La Fiscalía General descubrió que, cuando el fiscal que lleva el caso del robo de la plata de un maletín de Sarabia ordenó investigar a la exniñera, ahí se descubrió que la línea telefónica ya estaba interceptada.
Lo más escandaloso del caso es que la ‘chuzada’ se ordenó con una maniobra ilegal, a través de un informe de Policía con el cual se vinculaba a Marelbys Meza con el Clan del Golfo. Con esa excusa se estaban realizando los seguimientos.
Pero el escándalo no paró allí. En medio del revuelo generado por las ‘chuzadas’, se conocieron unos los reveladores audios del exembajador Armando Benedetti en los que hablaba con Laura Sarabia sobre la consecución de más de $ 15.000 millones de pesos para la financiación de la campaña presidencial en la Costa, e incluso llegó a decir que si ‘contaba la verdad’ del origen de esos dineros ‘todos se caían’.
“No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”, le advirtió Benedetti a la exjefa de gabinete y hasta hace poco mano derecha del presidente.
Lo dicho por Benedetti empezó a encender las alarmas sobre las posibles irregularidades en el ingreso de dineros a la campaña del hoy jefe de Estado.
En medio del escándalo, el pasado 9 de junio ocurrió un hecho que enrareció mucho más el ambiente: el suicidio del coronel Óscar Dávila, coordinador de Protección Anticipativa al servicio del presidente, quien era una de las fichas clave en la investigación sobre las ‘chuzadas’ y el episodio del polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza.
El primer año del presidente también ha estado marcado por las inquietudes sobre los movimientos de Juan Fernando Petro, hermano del jefe de Estado, quien fue mencionado en el supuesto cartel de abogados que, al parecer, estaban negociando beneficios para extraditables para incluirlos en el proyecto de la ‘paz total’ y así frenar su envío a los Estados Unidos.
¿Nepotismo?
A pesar de que llegó al poder con el lema del cambio, este primer año del Gobierno Petro parece ser más de lo mismo. Además de que el jefe de Estado ha sido señalado por los sindicatos de la Cancillería de haber entregado el servicio diplomático a “familiares de clanes políticos y candidatos quemados”, constantemente se conocen casos de miembros del gabinete que tienen a sus familiares trabajando con el Estado.
Tal vez el caso más sonado recientemente ha sido el de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez, debido al contrato otorgado a su esposo, Sjoerd van Grootheest.
En la nómina del Estado también figura Víctor Olmedo Martínez, esposo de la ministra de Educación, Aurora Vergara. Olmedo Martínez ha sido objeto de controversia debido a su contrato directo con la Defensoría del Pueblo por un valor de 90 millones de pesos.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también ha sido señalada de nepotismo debido a los contratos otorgados a sus hijos.
Otro de los señalados es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, debido a la relación laboral de su cónyuge, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, quien ocupa el cargo de superintendente, delegada para Prestadores de Servicios de Salud. Aunque Jaramillo declaró el conflicto de interés en su declaración de bienes y renta, se ha cuestionado su participación en los contratos relacionados con el área de la salud.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, también se encuentra en medio de la controversia debido al contrato otorgado a su esposa, Claudia Liliana Cortés López, quien actualmente se desempeña como directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios (Upra), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura.
Un hecho que llama la atención en este primer año de Petro en la Casa de Nariño es que prácticamente ante cada nueva controversia que le surge a su Gobierno, Petro se va contra las instituciones y las responsabiliza de supuestamente estar buscando un “golpe blando” en su contra. Petro ha insistido varias veces en que participó en la redacción de la Constitución de 1991, pero durante su mandato parece desconocer uno de los principales cimientos de la Carta Política: la separación de poderes.
Por lo menos, así quedó en evidencia, por ejemplo, con la inspección que realizó la Fiscalía a la Casa de Nariño, en medio de la investigación por las ‘chuzadas’. Lejos de enmarcarlo en un procedimiento judicial, el mandatario no vaciló en catalogarlo como un allanamiento a la Presidencia con visos de ilegalidad y persecución política. Tampoco tuvo problema en irse de frente contra el fiscal general, Francisco Barbosa, a quien calificó de tener “actitudes sediciosas”, y aseguró que él, como presidente, es el jefe del fiscal.
Lo mismo ha hecho con la Procuraduría, no solo se negó a suspender al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, quien había sido sancionado por el Ministerio Público por irregularidades en contratación, sino que calificó a Margaritca Cabello de ser “una procuradora que, evadiendo la sentencia de la Cidh sobre mi caso, abre procesos para suspender congresistas del Pacto Histórico y, por esa vía, cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular”.
Así mismo ha señalado al Consejo de Estado de tratar de propinarle un “golpe blando” por haber sacado de su curul a congresistas del Pacto Histórico.
Mención aparte merece el peligroso discurso que el presidente ha construido en estos 12 meses contra la prensa. Petro ha insistido en responsabilizar a los medios de comunicación de diversas conductas, incluso de actos delictivos, para invalidar sus denuncias y restar credibilidad a las críticas que se le hacen a su gobierno. Todo aquel que se atreve a expresar una visión distinta es tildado de “mentiroso” y de liderar una “campaña de desinformación”.
Inestabilidad
Este ambiente de escándalo, controversia, confrontación permanente y desorden en la administración nacional ha llevado a inestabilidad en el equipo de gobierno del jefe de Estado. Con la aceptación en las últimas horas de la renuncia de Irene Vélez a la cartera de Minas y Energía, hasta el momento han salido 11 ministros desde que Petro llegó a la Casa de Nariño, es decir que, en promedio, el mandatario pierde un miembro de su gabinete al mes.
Hasta la fecha, de los 19 ministros que conforman su Gobierno, el jefe de Estado ha cambiado a cerca del 60 por ciento de su gabinete, en medio de choques internos, controversias políticas y escándalos. Así mismo, se vio obligado a sacar de su gobierno a Laura Sarabia por cuenta del escándalo de las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza y los audios de las conversaciones con Armando Benedetti.
El Gobierno ha visto la salida de ocho de los viceministros que son mandos medios que, aunque gozan de cierto poder e influencia, son muchas veces los dolientes —lejos de los reflectores— a la hora de atender ‘chicharrones’ y apagar incendios.
También han visto la puerta de salida en este periodo la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Concepción Baracaldo y el exdirector general de la policía Henry Sanabria.
Para dimensionar la inestabilidad que se vive actualmente en la Casa de Nariño, hay que tener en cuenta que, si se analizan los últimos 20 años, este es el gobierno que más ha tenido cambios de ministros en sus primeros 12 meses en el poder.
Esta inestabilidad en su equipo de trabajo y el ambiente controversial en el que se mueve su gobierno ha tenido un impacto directo en las promesas de cambio que había hecho Petro: no ha logrado pasar una sola de las reformas sociales que había anunciado.
A pesar de que al principio logró consolidar una coalición que le aprobó la reforma tributaria y la ley de ’paz total’, este año, cuando llegó la hora de la verdad de los cambios sociales, ante las líneas rojas que pusieron los partidos, Petro prefirió romper su coalición y los proyectos se convirtieron en un cuadrilátero político.
Esto resultó en que los partidos Conservador y La U se declararan en independencia, y Cambio Radical, que era independiente, pasó a la oposición. El Partido Liberal también decidiría dar un paso al costado y la Alianza Verde, que es más afín con el presidente, debate la posibilidad de distanciarse del Gobierno. Con una coalición rota, el Gobierno no solo ha tenido que ver sus reformas hundidas sino que también perdió la presidencia del Senado y de la Comisión Primera, dos instancias clave para las reformas.
El presidente Gustavo Petro ganó las elecciones con una de las metas más ambiciosas que haya hecho un jefe de Estado en la historia reciente: cambiar el país. Contrario a Álvaro Uribe, que se la jugó por la seguridad democrática, o Juan Manuel Santos, que buscó como su legado el proceso de paz con las Farc, Petro buscó cambiarlo todo. Pero en el primer año de Gobierno, el cambio parece más de lo mismo, controversia política, clientelismo y desorden. Un año de escándalos.