Iván Alfaro Gómez, el abogado de Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, beneficiado en un millonario contrato de 24 millones de pesos mensuales en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, rompió su silencio.
Lo hizo este martes 14 de mayo, tras recibir múltiples señalamientos del director de la entidad, Carlos Carrillo, quien lo asoció a la administración del controvertido Olmedo López y dijo que él es el director jurídico de facto.
“No puedo pagarle 24 millones de pesos mensuales para que responda peticiones, quejas y reclamos (PQR)”, manifestó Carrillo.
Él le pidió que entregara el contrato, pero Alfaro se opuso argumentando que la ley lo cobija porque es contratista y saldrá del puesto cuando finalice su contrato.
“Él se la pasa dando vueltas en la entidad y la gente de Jurídica es de él”, manifestó Carrillo, quien dejó claro que no puede dejarlo como su jefe jurídico porque no hay confianza.
El contrato de Alfaro no deja de sorprender porque él, curiosamente, es el abogado defensor de Laura Ojeda, la pareja del hijo del presidente, en el escándalo de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro, quien lo señaló en SEMANA de recibir dineros en medio de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Por eso, en un comunicado de prensa que divulgó en sus redes sociales, el abogado Iván Alfaro Gómez dijo que rechaza de manera categórica que se haya estigmatizado a la ciudadana que representa, “se le vincule con alguna irregularidad o supuesta remuneración indebida, pues se trata de asuntos disímiles que no tienen relación alguna y que las conjeturas maliciosas han querido afectar a su familia, solo por motivaciones políticas, pasiones coyunturales o intereses electorales de quienes acceden a la función pública y tergiversan la información”.
Informó que en junio de 2023 celebró un contrato de prestación de servicios profesionales con la Fiduciaria La Previsora S.A - Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Fondo Nacional para la atención de Desastres.
“Las actividades que se pactaron corresponden a la prestación de servicios jurídicos especializados, pero en ningún caso contemplaron la gestión de la contratación ni la ordenación del gasto, pues tales funciones corresponden de forma exclusiva a las áreas administrativas (Dirección General y Secretaría General)”, dijo.
En enero de 2024, agregó, celebró un nuevo contrato, el cual se encuentra vigente y “no ha sido incumplido por el contratista. Tanto el contrato anterior y el actual contemplan la realización de actividades de asesoramiento, exclusivamente con la oficina asesora jurídica de la entidad”.
Afirmó: “En ningún caso actué como ‘jefe de facto’ ni superior de los funcionarios que ejercieron como secretaria general ni de la Oficina Jurídica, pues era evidente su experiencia en el sector público y su destacada formación académica”.
Según él, como contratista de prestación de servicios no existe ninguna inhabilidad o impedimento para el ejercicio independiente del derecho, mucho menos como abogado penalista “pues es la especialidad que ejerzo desde hace más de 20 años. Fue por ello que varios meses después de la vinculación a la UNGRD, por recomendación de una persona, me contactó con la señora Laura Ojeda para que la representara como defensor ante la Fiscalía General, pues la habían citado a una audiencia de conciliación por una querella que se interpuso contra ella”.
Destacó que, como defensor, no puede ser obligado a conocer los intereses personales, familiares, políticos, religiosos, entre otros, de los ciudadanos que le confían sus asuntos.
“Agradezco a todas las personas que, ante los ignominiosos ataques recibidos, manifestaron su solidaridad, respeto por la dignidad y apoyo irrestricto y motivaron la expedición de este documento que será el único pronunciamiento público que haré”, remató.
Carlos Carrillo, en diálogo con SEMANA, también denunció la hoja de vida del abogado.
“La única carta de experiencia que acredita el señor Alfaro es la de su propia empresa, pues en el membrete de la certificación dice que su empresa es partner de Capstone Group. Y es a Capstone Group a quien la señora Ana María Castaño, secretaria general, y la directora jurídica de ese momento pretendían darle un contrato de 1.200 millones de pesos. La firma de ese contrato por esa cuantía en ese momento es posible también gracias a una circular proyectada días antes por el mismo Alfaro, que es la Circular 0113, con la que Olmedo, ya en medio de esta turbulencia y sabiendo que tiene los días contados, delega la ordenación del gasto en las demás subdirecciones y en la secretaría general. Olmedo les da atributos a los subdirectores y a la secretaria general para contratar lo que se les dé la gana sin límite de cuantía unos días antes, y esa circular la proyectó el mismo Alfaro”, precisó.