SEMANA: Está por conocerse la decisión de un tribunal de arbitramento en torno a un pleito por el manejo del relleno sanitario de Doña Juana. ¿Cuál es el centro de esta reclamación por parte de CGR?

IVÁN ACUÑA (I.A.): Desde el momento en el que se suscribió el contrato, en el 2010, CGR, que es el concesionario, había advertido que las tarifas que se habían establecido para remunerar y poder operar el relleno y a hacer todas las actividades del contrato no fueron suficientes.

Esto se hizo desde diciembre de 2010, pero eso fue desoído por la UAESP y por el Distrito durante ocho años. Solo hasta 2018 pudo adecuarse una nueva tarifa que se consideró ya suficiente para establecer todas las actividades a las que se había comprometido el contratista.

Por lo tanto, lo que quedó fue un vacío de remuneración desde el 2010 hasta el 2018, que es lo que se ha venido reclamando, en relación con que se tuvieron que asumir todos esos costos sin que la tarifa fuese suficiente.

La única forma que había para que se pudieran adelantar todas las actividades fue a través de una modificación de las tarifas, lo cual fue advertido oportunamente por CGR.

SEMAMA: La alcaldesa Claudia López da a entender que, cuando ustedes se postularon a esa licitación, las reglas de juego fueron claras. Ella dice que no hay manera de reclamar…

I.A.: Sí, eso es lo que manifiesta la alcaldesa. Lo que se hizo por parte de los proponentes fue presentar propuestas ajustadas a una información que ofreció la UAESP, pero cuya información resultó completamente incierta y falsa.

En ese sentido, todos presentaron propuestas similares desde el punto de vista económico. Lo que pasa es que, técnicamente, la propuesta que se adecuaba al pliego de condiciones fue la de CGR y finalmente terminó ganando.

SEMANA: Si sabían de un desequilibrio en las tarifas, como ustedes dicen, ¿por qué entonces siguieron participando de la licitación?

I.A.: La UAESP aseguraba, de manera determinante, que las tarifas eran suficientes y nunca exhibió el modelo financiero.

Lo que hicimos fue creer de buena fe. Esto no resultó cierto y lo advertimos inmediatamente conocimos la realidad de las tarifas. No es cierto que nosotros tuviéramos conocimiento previo de esta debilidad tarifaria.

Ellos manifestaban que las tarifas eran suficientes, pero nunca mostraron realmente la realidad contractual, los ingresos reales del contrato. Lo que hubo fue una indebida información. Tan insuficientes eran las tarifas que, en el mismo 2018, la CREG, el organismo regulador, tuvo que modificarlas.

SEMANA: La alcaldesa ha dicho que no va a pagar un peso más y los ha calificado de ser incumplidos. Ha dicho: “No vamos a dejar que se estafe a la ciudadanía”. ¿Qué responden?

I.A.: Esto no es un desafío contra nosotros, sino contra las decisiones judiciales. Uno no puede, como entidad pública o si quiere como persona privada, manifestar que no va a cancelar. Eso depende de las decisiones judiciales, las cuales se respetan y se acatan, aunque uno pueda no compartirlas en un momento determinado. Dependiendo de cuál sea la decisión de los árbitros a través del laudo, que equivale a una sentencia, el Distrito estará obligado necesariamente a cumplir con la decisión.

No es cierto y no es procedente una rebeldía por parte de la Administración contra una decisión judicial que está en cierre. Nosotros lo que podemos decir, contrario a lo que manifiesta la Alcaldía, es que estamos dispuestos a acatar la decisión que adopten los árbitros en el tribunal de arbitramento.

SEMANA: La alcaldesa afirma que la planta de tratamiento de lixiviados ya fue pagada por Bogotá y dice que ustedes no la han construido y que, por el contrario, según ella, ustedes se embolsillaron casi 193.000 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero?

I.A.: Los costos operativos de todo esto fueron asumidos directamente, sin que las tarifas fueran suficientes, por parte de los contratistas. Lo que dice la alcaldesa no es cierto. Los contratistas tuvieron que acudir a diferentes sistemas de financiación para poder cumplir con sus obligaciones. Eso es claro y está establecido y reconocido por parte de la Administración.

Los costos de operación, mantenimiento y las inversiones que se han hecho superan con creces esta cantidad de recaudos de que habla la Alcaldía. No es cierto de que se haya remunerado con el propósito de adelantar operaciones y mantenimiento.

En la licitación falsa, el Distrito dijo que se entregaba una planta de lixiviados que trataba 21 litros por segundo y posteriormente CGR encontró que trataba solamente 14 litros por segundo. Cuando CGR llegó encontró además un bypass que botaba lixiviado puro al río. CGR lo reportó y puso la denuncia penal ante la Fiscalía. El anterior operador nunca optimizó esa planta.

SEMANA: En el 2018 hubo un laudo arbitral que falló en contra de ustedes y le dio la razón a la UAESP y les ordenó realizar todas las actividades del contrato, incluyendo las inversiones para la planta de lixiviados. Si ya hubo un laudo en el que ustedes perdieron, ¿por qué vuelven a demandar?

I.A.: Eso es cierto por un lado, pero ese laudo fue por temas totalmente diferentes a los que están presentes hoy en la reclamación.

Aquel laudo era para precisar actividades. Lo que se está tratando en esta nueva reclamación son unos perjuicios ocasionados por costos que no fueron sufragados por parte del contratista porque las tarifas no eran suficientes.

SEMANA: La Personería y la Contraloría han advertido que CGR no le ha dado cumplimiento a ese laudo de 2018, ¿por qué no lo están cumpliendo?

I.A.: Muy sencillo: todo eso tiene una fuente de pago, y las tarifas del 2010 al 2018 no fueron suficientes, ni siquiera para adelantar las actividades de operación y mantenimiento de todo el sistema, mucho menos para hacer inversiones. Solo a partir de 2018 es cuando se han venido desarrollando unas actividades.

SEMANA: ¿Cuál es la realidad hoy del sistema de tratamiento de lixiviados en Doña Juana?

I.A.: Desde el momento en que se establecieron las nuevas tarifas, CGR ha venido con un proyecto de modernización único para Doña Juana. Se trata de Génesis, y consiste en la modernización de la planta ya existente. CGR ha invertido una cifra superior a 50.000 millones de pesos. Lo llamamos Génesis porque es único en América Latina, incluye procesos de nano filtración, ultra filtración y ósmosis inversa, además de todo el proceso físico químico que se hace previamente.

Son membranas que han sido creadas especialmente para Doña Juana porque el lixiviado de Bogotá es bastante agresivo.

SEMANA: ¿Pero cuál es la realidad hoy?

I.A.: La planta está construida en su totalidad en la segunda fase y está en un proceso de alistamiento.

SEMANA: Se ha dicho que la vida útil del relleno Doña Juana está llegando a su fin, ¿se pretende ampliar la concesión por otros 10 años?

I.A.: Estamos sujetos a los términos del contrato. Aquí vamos a tener que seguir contando con el relleno Doña Juana porque el tratamiento de basuras no puede ser tan rápido como se anuncia. Hay que buscar licencias que permitan seguir usando el relleno Doña Juana.

SEMANA: ¿Qué esperan del fallo del tribunal?

I.A.: Que se nos atiendan todas las reclamaciones, las cuales ya están definidas, se hicieron a través de un peritaje idóneo y están en manos de los árbitros.

SEMANA: En dado caso de que la ciudad sea condenada, se ha hablado que eso se pagaría vía tarifa, ¿qué responden ustedes?

I.A.: De ninguna manera se pagará vía tarifas. Lo que nosotros propondríamos en un momento determinados son alternativas de negociación. No vamos a buscar que el Distrito como empresa y la alcaldesa entren en una situación de dificultad financiera. Estaríamos dispuestos a presentar alternativas de negociación, por ejemplo, que una parte se pague en dinero en unos plazos previamente establecidos. Otra alternativa es es la ampliación del contrato para que se pueda ir amortiguando los pagos de acuerdo con el modelo financiero.