Nueve exconstituyentes o protagonistas de la Constitución Política de 91 se pusieron de acuerdo y expidieron un comunicado donde rechazan la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea nacional constituyente que le abra la puerta, eventualmente, a una reelección presidencial.
Informaron que desde el 15 de marzo fueron convocados por Óscar Ortiz, quien fue gestor de la Séptima Papeleta, quien logró reunirlos y producir una declaración donde coinciden en proteger, desarrollar y hacer valer la Constitución de 1991, un documento que lo han considerado como “el más grande consenso democrático de Colombia”.
En el comunicado de prensa recordaron que la Carta Magna surgió en medio del tableteo de ametralladoras y de carros bomba que atentaban contra todos y, además, acabaron con la vida de tres candidatos presidenciales.
“La Constitución del 91 que confirmó la ciudadanía con 70 delegatarios, elegidos popularmente en circunscripción nacional, y cuatro por el EPL, el PRT y el Quintín Lame, tuvo una correlación de fuerzas sin antecedentes que contribuyó a la construcción de consensos que se reflejaron tanto en una presidencia tripartita, como en su contenido”, se lee.
Estimaron que la Constitución “dice cómo somos, qué queremos ser y contiene una serie de herramientas para recorrer ese camino”.
Además, la Constitución —según ellos— es amplia en mecanismo para su reforma porque los multiplica por tres. “Al denominado acto legislativo se le suman el referendo y la asamblea constituyente”, recordaron.
Enfatizaron que durante los 33 años de vigencia se han aprobado 60 actos legislativos por el Congreso. Esa elocuente cifra —añadieron— “evidencia una flexibilidad que algunos consideran criticable, pero a la vez desvanece cualquier apelación a la rigidez del texto como descripción o como diagnóstico”.
Dijeron que durante los dos primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro, el Congreso ha aprobado tres actos legislativos que reforman la Constitución, entre ellos, uno para crear la Jurisdicción Agraria y Rural y otro para reconocer el campesino como sujeto especial de protección.
Y agregaron: “En la Constitución del 91 el pueblo es soberano. Al residir exclusivamente la soberanía en el pueblo, de él emana el poder público. El pueblo la ejerce en los términos que la Constitución establece. Razón por la cual ningún servidor público puede pretender convertirse en el depositario de la soberanía, ni ejercer o suplantar las competencias que no le han sido expresamente asignadas”.
Estimaron que “reconocer y respetar el mandato a un presidente no puede implicar el desconocimiento de la voluntad de los electores de los representantes a la Cámara y de los senadores que configuran la Rama Legislativa del poder público, sino que exige liderazgo argumentativo y capacidad ejecutiva para aplicar las normas vigentes”.
Opinaron que las transformaciones en democracia se trabajan con “determinación y serenidad”, atendiendo convicciones y propiciando consensos, innovando y respetando el orden jurídico.
Además, se refirieron a la propuesta del excanciller Álvaro Leyva, que apunta a que la puerta de la constituyente quedó abierta en los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
“El planteamiento, según el cual, el acuerdo con las Farc es una norma, es un tratado internacional y, en consecuencia, habilita al presidente para convocar por decreto autónomo una constituyente para crear su propia reelección o ampliar su actual período, es un laberinto de redes, soportado en premisas falsas, sin asidero jurídico ni democrático alguno”, dijeron.
Y añadieron: “Sería, en ese caso, un decreto legislativo susceptible de ser suspendido por la Corte Constitucional por ser manifestante inconstitucional y poder producir efectos irremediables o llevar a eludir el control de constitucionalidad”.
Coincidieron en que la reelección únicamente puede ser creada por referendo constitucional de iniciativa popular o por Asamblea Constituyente, según el Artículo 197.
“Una asamblea nacional constituyente por fuera de lo establecido en el Artículo 376 suplanta al Congreso, a la Corte Constitucional y al pueblo; configura un golpe de Estado”, aseguraron.
El documento lo firman los constituyentes Gustavo Zafra Roldán (Partido Liberal), Hernando Herrera Vergara (Partido Liberal), Jaime Castro (Partido Liberal), Juan Carlos Esguerra (Salvación Nacional), Carlos Rodado Noriega (Partido Conservador), Angelino Garzón (Alianza Democrática, M-19), Álvaro Echeverri (Alianza Democrática M-19), Antonio Galán Sarmiento (Partido Liberal) y Guillermo Guerrero (Salvación Nacional).