Ante la ola de violencia que sacude varias regiones del país por la injerencia de grupos criminales armados que tienen en jaque a la población, el presidente de la República Gustavo Petro habló de manera directa sobre las próximas elecciones regionales de octubre, donde se elegirán alcaldes y gobernadores.
El mandatario colombiano, aseguró por medio de sus redes sociales, que su Gobierno del Pacto Histórico garantizará que sí se realice la jornada electoral, enviando a su vez un dardo a la Defensoría del Pueblo sobre el mapa de riesgo de violencia en el país.
Petro aprovechó su cuenta personal de Twitter para desmentir la cifra que entregó la Defensoría del Pueblo en la cual advirtió que en 300 municipios de Colombia existe riesgo electoral por hechos violentos.
El jefe de Estado indicó que se trata de 17 municipios, regiones en las cuales según el presidente Petro existe la presencia de la fuerza pública y del Gobierno del llamado Cambio.
“No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y allí estaremos. Habrá elecciones en todo el territorio nacional”, trinó Petro.
Y agregó en el mensaje: “Heredamos una violencia innecesaria por ‘hacer trizas la paz’, pero la sociedad colombiana ha decidido la paz y lo logrará”.
Escalofriante cifra reveló el defensor del Pueblo tras reunión con el presidente Petro: 380 municipios, en riesgo alto de violencia
En medio de la difícil situación por la que atraviesa el país en materia de orden público con hechos criminales en varias zonas del territorio nacional, se registró hace varios días, una reunión de alto nivel entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Al término del encuentro, que fue a puerta cerrada, el defensor del Pueblo reveló una escalofriante cifra. Según el funcionario, cerca de 400 municipios de Colombia están en “alto riesgo” por violencia y vulneración de derechos humanos.
“380 municipios del país entre riesgo alto y riesgo extremo, es decir, que existen altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios a los derechos humanos”, sostuvo Camargo.
De la misma manera, señaló en una declaración que dio en la Casa de Nariño: “Le expresamos, a su vez, al señor presidente de la República el acompañamiento desde la Defensoría permanente a la política pública de ‘paz total’”.
“Pero le hicimos una precisión muy puntual y tiene que ver en exigirles a los grupos armados ilegales el cese inmediato; óigase bien, cese inmediato de cualquier afectación en los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones en el territorio”, anotó Camargo.
En ese momento también alertó: “Y cuando hablamos de cese inmediato, estamos hablando que haya un proceso de descontaminación del territorio, es decir, que se eviten la siembra de artefactos o de minas antipersonales que están inundando el territorio en unas regiones más que otras, pero que esto afecta de manera individual y colectiva a las distintas comunidades, y esa es una preocupación que con el señor presidente hemos compartido”.
Defensoría emite alerta por confinamientos en el corregimiento Santana Ramos en Puerto Rico, Caquetá
La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia sobre el riesgo de vulneraciones a los derechos de la población civil por la disputa entre grupos armados ilegales que viene ocurriendo en el corregimiento Santana Ramos, del municipio de Puerto Rico, en el departamento del Caquetá.
La grave situación por la que atraviesa esta región del país, ya completa una semana y media en la zona rural del municipio. La comunidad denuncia estar en un temor permanente por los homicidios selectivos, las amenazas y los combates.
“Nuestros equipos en terreno advierten que en Santana Ramos ha habido, de manera infortunada, homicidios selectivos, amenazas, enfrentamientos armados en medio de la población civil, restricciones y prohibiciones a la movilidad, hechos que han afectado la seguridad alimentaria y las posibilidades de atención. Esta situación ha configurado un escenario de confinamiento desde el pasado 11 de agosto”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Sectores de los municipios de San Vicente del Caguán y Puerto Rico continúan siendo epicentro de confrontaciones armadas entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, ambos grupos disidentes de las Farc, lo cual ha generado afectaciones a los derechos de las comunidades e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
Los combates no solo han generado temor entre los habitantes del corregimiento, sino que también generan riesgos para su salud por los cuerpos sin vida de presuntos combatientes que, según las denuncias, no son levantados a tiempo por las autoridades a las que les compete esa labor.
Ante esta situación, el organismo de defensa de derechos humanos hace un llamado para que las entidades del Estado atiendan de manera urgente y articulada la grave situación de afectación a los derechos humanos, ya que desde el pasado mes de mayo no ha habido presencia de los diferentes entes de los niveles nacional, departamental y municipal. Tampoco se cuenta con presencia de fuerza pública que pueda garantizar el acceso a la zona.