El presidente Gustavo Petro ha sido un crítico acérrimo de la Registraduría, especialmente en momentos en que las decisiones no lo han favorecido; o cuando ha visto que saldría beneficiada Thomas Greg & Sons, la empresa contratante de procesos electorales y de pasaportes contra quien también la ha emprendido.
“Lo que se está construyendo en Colombia puede afectar definitivamente la democracia. En el último año han logrado que Thomas & Sons, propiedad de los hermanos Bautista y con lobby de políticos muy, pero muy poderosos, pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones”, aseguró el mandatario a finales de febrero de 2024.
Además, dijo que supuestamente tendrían el control de las elecciones y se podría configurar un “fraude monumental”.
Esas discusiones, y algunas decisiones recientes de dependencias de la Presidencia, han generado que algunos consideren que el Gobierno estaría en contra de la Registraduría de cara a algunos comicios importantes, entre ellos, las elecciones complementarias de Junta de Acción Comunal (JAL) que se realizarán el próximo 17 de noviembre y que son un pilar fundamental para Petro para varios proyectos, entre ellos las vías terciarias; y las elecciones presidenciales de 2026 que ya se empiezan a organizar a través de los contratos. De nuevo aparece Thomas Greg como uno de los posibles contratantes, contra quien el presidente la ha emprendido.
Una de las que generó esta alerta de la supuesta persecución que se estaría dando contra la Registraduría fue la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde. “Golpe, y nada blando, es el que buscan darle a la Registraduría. No sólo fue el intento de quitarle recursos en el presupuesto, hay otros elementos que buscan minar la credibilidad de un ente autónomo”, aseguró.
La senadora recordó varios de los hechos por los que se reflejaría la arremetida del Gobierno en contra de la Registraduría. La última fue la denuncia del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien le pidió al registrador Hernán Penagos frenar la adjudicación de un proceso para logística, tecnología e informática por más de 41.000 millones de pesos que podrían quedar en manos de Thomas Greg.
La Registraduría le contestó a Idárraga a través de una carta -que llamó la atención que fue firmada por otros altos funcionarios de la entidad pero no por Penagos- en la que aseguran que los tiempos electorales no dependen exclusivamente de ellos y que deben cumplirlos. “Lo cual hace imposible que su inicio sea anterior y, a la vez, que el plazo de ejecución pueda extenderse por un tiempo adicional”, aseguraron. Y dijeron que todo estaba bajo conceptos del mismo Ministerio de Hacienda.
Otro de los puntos que puso sobre la mesa la senadora Lozano fue la inspección que realizó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a cargo de Cielo Rusinque, una de las más acérrimas petristas, que se llevó a cabo el pasado 12 de marzo en contra del órgano electoral. Allí se llevaron computadores y correos con información de firmas, entre ellas Thomas Greg e Indra, otra compañía contra la que también la ha emprendido Petro.
Además, Lozano denunció que supuestamente se estaría planteando incluir a un actor que ha desarrollado las elecciones en Venezuela. “Llama la atención que las observaciones de Presidencia fueron acompañadas con otras observaciones hechas por otro empresario que planteó incluir en estudios de mercado a Smartmatic, que estuvo a cargo del sistema electoral en Venezuela”, dijo Lozano.
La senadora cuestionó al presidente Petro porque habla de “toma de los procesos electorales”, pero que no alerta de este tipo de sugerencias. Y le recordó que este fue el sistema con el que él ganó en las pasadas elecciones del 2022.
Una tercer alerta es una denuncia que hizo la senadora de la Alianza Verde a finales de septiembre cuando mencionó que para el presupuesto del 2025 se pretendía reducir el 77 % de los recursos para la entidad, preciso en el año en el que se deben organizar las próximas elecciones.
A todo ese ambiente en contra de la Registraduría se le suma una demanda que cursa en contra del registrador Penagos en el Consejo de Estado que se espera que sea fallada prontamente con la que se pide anular su elección con el argumento de que fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Esto me hace pensar que puede haber una estrategia dirigida a minar la autonomía de la entidad de cara al 2026″, denunció Lozano.