Este miércoles 25 de enero, Alfonso Prada, ministro del Interior, respondió a las críticas del fiscal Francisco Barbosa sobre el cese al fuego bilateral con grupos narcotraficantes como el Clan del Golfo. Según el líder de la Fiscalía General de la Nación, la decisión del Gobierno es comparable a pactar un alto a las hostilidades con Pablo Escobar o el Cartel de Cali.
Frente a esto, el funcionario del Gobierno aseguró que existe una “falta de comprensión” de la política de ‘paz total’ por parte del fiscal.
“Creo que hay una falta de comprensión del modelo de ‘paz total’ que hemos planteado, que el Congreso de la República ya aprobó la Ley 2272. El fiscal ha tenido algunos reparos, esos reparos los vamos a revisar en una reunión entre él y el presidente de la República. El próximo 30 de enero quedó concertada la cita y ahí, estoy seguro, vamos a poderles dar alcance a las inquietudes”, dijo el ministro del Interior.
En medio de su visita a Washington (Estados Unidos), el fiscal Francisco Barbosa anunció que, en la reunión agendada con el presidente, manifestará sus dudas sobre el alcance de los decretos expedidos para establecer un cese bilateral al fuego con varias estructuras al margen de la ley, entre ellas grupos narcotraficantes.
Para el jefe del ente investigador, es necesario que el presidente Petro verifique el contenido de ese decreto cuyo alcance es inédito en la historia del país. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o con el Cartel de Cali”, sostuvo Barbosa.
Frente a esta situación, le manifestará al primer mandatario que existen grandes dudas sobre la forma en que se debe actuar en estos casos. “Es función del presidente verificar si él tomó una decisión con esos decretos que se hicieron para el cese de hostilidades con organizaciones de narcotraficantes”, afirmó.
En este punto, reiteró que el artículo segundo ordena el cese de actividades policiales y militares, pero al tiempo dice que no se suspenderán los derechos y compromisos con el orden constitucional de las fuerzas. “Sin embargo, hoy tenemos problemas de narcotráfico, 1.900 órdenes de captura sin ejecutar por homicidios dolosos en Colombia”.
Esta situación fue calificada como “complicada” por el fiscal general, puesto que “pone en entredicho” la institucionalidad. Todo esto le será puesto de presente al presidente Gustavo Petro en la mencionada reunión “para reequilibrar lo que está ocurriendo y para que todos podamos seguir pensando que el país se construye bajo la base de unas ideas, por supuesto, de un gobierno que ganó en agosto, pero también del Estado de Derecho y de la separación de poderes”.
Esta misma preocupación la comparte la justicia de los Estados Unidos, con la que Barbosa sostuvo una reunión este martes 24 en Washington. El fiscal general manifestó que sus miedos radican en que con este tipo de resoluciones se “desarticule la política de persecución judicial en Colombia. ¿Por qué es importante para mí? Porque esa es la función del fiscal general de la Nación. Cuando se habla de narcotráfico no es un asunto que le compete solamente al presidente de la República”.
Reiteró que la lucha contra el narcotráfico y la persecución criminal está avalada en el Código Penal, que los catalogó como conductas criminalizadas en todo el territorio nacional, y le confirió la responsabilidad al fiscal general de atender toda esta situación.