El registrador nacional, Hernán Penagos, convocó a una rueda de prensa este miércoles 23 de octubre para responder a los señalamientos que hizo Andrés Idárraga de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República sobre el contrato adjudicado a la firma Thomas Greg & Sons para proveer los servicios logísticos y tecnológicos en las elecciones nuevas y complementarias de Juntas Administradoras Locales (JAL) que se harán el 17 de noviembre.
Penagos había optado por guardar silencio porque el proceso estaba en marcha y no quería generar polémica durante el trámite del mismo, pero como ya se adjudicó, señaló que no es justo que un funcionario del Ejecutivo esté actuando como juez y lanzando acusaciones sin sustento alguno.
Por esa razón, reveló que todo este proceso contractual estuvo acompañado por la Procuraduría General y que allí las acusaciones de Idárraga quedaron sin sustento alguno.
“Nosotros tuvimos la precaución de invitar a la Procuraduría para que acompañe todo el proceso, el Ministerio Público estuvo en muchos procesos de la convocatoria. Estuvo en las pruebas técnicas, acompañó las etapas y estuvo el pasado viernes acompañando y verificando el acto de adjudicación”, dijo.
Agregó: “El procurador delegado designado para este asunto dijo claramente que tras la revisión no se encontraron riesgos que dieran lugar a observaciones. Además, dijo que los señalamientos que se dieron desde una oficina del Gobierno no tienen fundamento desde la legalidad”.
El registrador explicó que todas las obligaciones que están contenidas en el estatuto contractual se cumplieron y que todos los propósitos para adelantar los procesos electorales se hicieron con mucho cuidado, por lo que no entiende los señalamientos del funcionario del Gobierno Petro.
“La Registraduría tiene la posibilidad de contratar directamente la logística electoral, pero dimos la orden de hacer una convocatoria pública, que hubiera participación de proponentes nacionales y extranjeros, además unos requisitos mínimos para el proceso. Esto hace mucho tiempo no se hacía. Todo el proceso fue transparente y debo hablar por los funcionarios que se encargaron de construir el proceso porque no es justo que los sentencien como si hubieran cometido fallas”, indicó Penagos.
Además, dijo que no es justo que Idárraga esté cuestionando a la entidad que sencillamente debe garantizar todos los procesos electorales en Colombia y que los más de 20 funcionarios que elaboraron el contrato en mención, están dispuestos a responder todas las dudas de los órganos de control, si así lo consideran
“Los funcionarios públicos responden ante los órganos de control, no ante los funcionarios de un gobierno. Un funcionario de un gobierno no puede sentenciar quién comete actos legales o ilegales, eso es una tarea de los órganos. Por lo menos en un Estado de derecho y democrático así funciona”, dijo haciendo mención a Idárraga.
Al ser preguntado sobre si desde el Gobierno Petro hay un interés por desacreditar a la Registraduría, Penagos fue prudente, pero respondió contundentemente. “Yo espero que no sea así, quiero pensar que se trata de desconocimiento y desinformación sobre cómo funciona el sistema electoral colombiano. Quiero pensar que no se trata de una actuación sistemática para ir desacreditando una entidad querida por los colombianos y que ha trabajado durante tantos años”.
Finalmente, Penagos indicó que todos los procesos de la Registraduría estarán acompañados por los órganos de control y que en la entidad únicamente estarán pensando en la organización electoral de los compromisos adquiridos y de los que se empezarán a organizar desde 2025 con miras a las jornadas que se deberán hacer en 2026.