"No tramitamos puestos, prebendas o notarías ante el Estado", dijeron Tomas y Jerónimo Uribe en un breve comunicado de dos puntos. "Jamás hemos llamado a funcionario público alguno a intrigar puestos, prebendas o notarías", agregaron los hermanos en su nota divulgada por la casa de gobierno en un correo electrónico. El caso de las notarías surgió el jueves cuando el ex Superintendente de Notarías, Guillermo Cuello Baute, entregó a la Corte Suprema, para que determinara si hay méritos o no para abrir una investigación, un listado de al menos 75 notarías en distintas localidades del país y que según Cuello Baute fueron asignadas por el gobierno entre 2004 al 2006 a distintas personas, incluyendo aliados del presidente como ex congresistas. Según el denunciante, la entrega de algunas de esas notarías fueron la forma en que el gobierno benefició a aliados, pero también pagó 'favores' como votos positivos en el congreso entre el 2004 y el 2005 por proyectos de ley como la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en los comicios del 2006. En el listado de notarías, divulgado a la prensa por Cuello Baute, aparece dos asignadas, una en marzo y otra en abril del 2006, a una persona identificada como Milton Contreras y al lado de su nombre aparece escrito entre paréntesis las palabras 'hijos del presidente'. Ex el director de la Superintendencia, una oficina que depende del Ministerio del Interior y Justicia y vigila el funcionamientos de mas de un millar de notarías en todo el país, no ha dado detalles de esa anotación sobre los hijos del jefe de estado. En abril pasado, la revista Semana y el noticiero Noticias Uno aseguraron que Tomás y Jerónimo se habrían enriquecido ilegalmente, en un monto aún por determinar, debido a que son accionistas de una empresa dueña de terrenos en la localidad de Mosquera, a las afueras de Bogotá, en los que la oficial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) creó una zona franca en diciembre pasado. Con la creación de la zona franca, los terrenos se revalorizaron y los hijos del mandatario habrían visto multiplicada su inversión con el aumento de los precios de los terrenos, unas 32 hectáreas, según Semana. Los hijos del presidente han admitido ser parte de la empresa dueña de los terrenos, Residuos Ecoeficiencia, pero que no tienen el 60% de ella sino el 7%, que compraron los terrenos legalmente y que nunca pidieron la creación de la zona franca. (Fuente: AP)