A propósito de la terminación unilateral del contrato del San Juan de Dios por el Gobierno nacional y su ente interventor, el concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, reveló que el pasado 8 de agosto radicó ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad sobre la intervención forzosa a la Subred de Salud Centro Oriente, esto tras concluir que el Gobierno Petro no tendría motivaciones probadas para realizar tal intervención que ha generado, entre otras cosas, precisamente por acciones como la del San Juan de Dios.
Luego de que el interventor de la Subred de Salud Centro Oriente oficializara mediante acto administrativo la finalización del contrato suscrito con la firma española Copasa, el concejal Óscar Ramírez Vahos reaccionó ante esta nueva intromisión del Gobierno nacional en los asuntos de la ciudad.
“Esta decisión no plantea una solución definitiva para el San Juan de Dios y sí atenta contra la atención en salud a los bogotanos y en detrimento de las finanzas de Bogotá por cuanto la liquidación del contrato representa un proceso judicial para el Distrito por cerca de medio billón de pesos, esto además de la demanda arbitral que ya cursa contra Bogotá por 70 mil millones de pesos que reclama el contratista como indemnización y todo por los caprichos de Gustavo Petro”, señaló enfáticamente el concejal.
El cabildante enfatizó que es ampliamente conocido el especial interés del hoy presidente de la República por restaurar el San Juan de Dios y aunque el proyecto planteaba la demolición de la torre central del hospital para construir nueva infraestructura, lo visto es que Petro moverá lo que tenga que mover para impedir a toda costa la construcción de la Uhmes Santa Clara y el nuevo Complejo Hospitalario San Juan de Dios.
“Ya lo hizo a través del Ministerio de Cultura que, en su momento, no otorgó los permisos requeridos para la demolición y ahora lo hace mediante el interventor de la Subred de Salud Centro Oriente designado por la SuperSalud”, señaló Ramírez Vahos, pues el concejal recordó que fue justamente eso lo que detonó que se materializara el presunto incumplimiento del contratista y lo que llevó al grupo español a solicitar un tribunal de arbitramento internacional.
Continúa estando así en manos del Gobierno nacional el futuro del San Juan de Dios, ya que en 2023 un decreto habilitó a la nación para adquirir los complejos del San Juan y del Instituto Materno Infantil; sobre este tema no se conocen avances aún.
El concejal Ramírez Vahos, quien desde 2022 advertía esta situación, hizo además un llamado urgente a fortalecer la infraestructura en salud en Bogotá.
“Con esta situación pierde la ciudad y pierden los ciudadanos que siguen viendo postergada en el tiempo la posibilidad de contar con unidades atención en salud de alta especialidad”, e indicó que quedará atento al concepto que emita el Consejo de Estado y quien determinará la legalidad de la intervención del gobierno a la Subred y de esta manera se ponga freno a las intromisiones indebidas del gobierno sobre el sistema de salud de los bogotanos.