Los funcionarios del Ministerio de Trabajo aprobaron la salida a huelga convocada por los sindicatos de esa entidad, lo que se traduce en que habrá una suspensión de los servicios en las oficinas de los 32 departamentos del país.
En la votación participaron 1.593 trabajadores de esa cartera de los que 1.225 votaron por salir a paro, mientras que 368 rechazaron el llamado a huelga.
Es otros términos: el 77% de los colaboradores de la cartera que dirige Gloria Inés Ramírez que salieron a votar aprobaron esa medida, mientras que solo el 23% optaron seguir en sus funciones.
Ese resultado significa que habrá un cese de actividades que comenzará cuando el comité de paro decrete la hora 0 para el cierre de todas las instalaciones en el ámbito nacional en las que se prestan servicios de atención a los ciudadanos y a las empresas.
Se estima que este miércoles (22 de mayo) habrá reunión de todos los presidentes de las 14 organizaciones sindicales que promovieron el llamado a paro para determinar las reglas de la huelga en el Ministerio del Trabajo.
Fuentes sindicales detallaron que saldrán a paro todos los funcionarios del Ministerio porque habrá un cierre total de las instalaciones en todo el ámbito nacional que compromete a las 32 direcciones territoriales y a las 132 inspecciones municipales.
Por ahora, se estima que los funcionarios seguirán recibiendo su salario durante el tiempo que dure la huelga. La única forma de que los trabajadores en cese de actividades dejen de devengar sus salarios es que un juez de la República declare la esta medida como ilegal, por los que los sindicalizados no descartan que pronto lleguen demandas contra la huelga.
Los motivos de la huelga
Las fisuras del Ministerio de Trabajo con los sindicatos integrados por funcionarios de esa cartera no son un asunto nuevo.
Desde hace más de una década se han presentado discusiones entre esos grupos y las administraciones de turno y quienes hoy salen a paro reconocen que hay promesas incumplidas por el Gobierno desde 2013, es más, estos mismos estuvieron en paro durante un lapso de 42 días que tuvo lugar en 2017, en medio de la administración de Juan Manuel Santos.
El despacho de la ministra Ramírez negoció nuevos acuerdos sindicales con esos grupos en 2023 durante una mesa en la que se comprometió a resolver los pendientes que dejaron sus antecesores y a nuevos puntos.
Por ejemplo, se había establecido que les darían una bonificación correspondiente al 50% de su salario para marzo de 2024, pero esa entrada extra para los bolsillos de los funcionarios no llegó. Es más, documentos conocidos por SEMANA constatan que solo para ese mismo mes se envió una carta al Ministerio de Hacienda pidiendo comentarios sobre un proyecto de ley que pretendía gestionar esos desembolsos.
La cartera de Hacienda respondió que era tarea de ese Ministerio garantizar la sostenibilidad de sus recursos y que ese tipo de asuntos se tratan directamente con Función Pública, que es la dependencia del Gobierno encargada de establecer los escalafones salariales.
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