Este jueves 13 de julio, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, definirá si acepta o no la demanda de Nicaragua contra Colombia y con la que alega que tiene derechos sobre el lecho y subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional, aunque esto suponga solaparse con la plataforma continental de Colombia por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Debido a la importancia de la decisión que tomará la CIJ, diferentes personalidades de la política colombiana se han manifestado en Twitter sobre este nuevo episodio en el litigio que sostienen ambos gobiernos desde la década pasada.
Precisamente, el senador Humberto de la Calle fue uno de los que se pronunció en la red social al respecto; sin embargo, aprovechó la coyuntura para hacer referencia a las actuaciones del embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz, a quien se le vio participando de una marcha en apoyo al régimen de Daniel Ortega, justo cuando está por conocerse la decisión de la CIJ.
De la Calle llamó a estar atentos a lo que suceda en La Haya y aseguró que todos los colombianos estarían atentos al desenlace de este hecho, menos Muñoz, objeto de la polémica por haberse pronunciado y manifestado a favor del gobierno de Nicaragua.
“Pendientes todos de La Haya. Todos haciendo fuerza por Colombia. Menos uno: el Embajador nuestro en Nicaragua. Puede un ESTADO aceptar esa profunda incompatibilidad?”, fue el mensaje que publicó el Humberto de la Calle en su perfil de Twitter.
Con su mensaje, el exnegociador de paz con las Farc deja sobre la mesa la evidente contradicción que existe por cuenta de un embajador que se manifiesta a favor del Gobierno de un país con el que Colombia viene sosteniendo un litigio internacional que pone en riesgo la soberanía del país sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia.
León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua, califica de “admirable” y “maravillosa” la dictadura de Daniel Ortega
Una profunda polémica despertó que el embajador colombiano en Nicaragua, León Fredy Muñoz, participara y exaltara el régimen de Daniel Ortega, precisamente, cuando está a punto de conocerse el fallo de la Corte Penal Internacional de La Haya en el caso entre ambos países sobre límites marítimos en el archipiélago de San Andrés.
“Esto es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué a Nicaragua, aquí estoy de embajador. Es un pueblo alegre, bonito, amable y, sobre todo, un pueblo que está convencido de su revolución”, aseguró el embajador Muñoz.
Y agregó: “La verdad estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico aquí esta celebración, esta conmemoración de este 7 de julio es una cosa maravillosa”.
Sus declaraciones y la participación en esta celebración del régimen de ese país ya han generado críticas incluso en el panorama internacional. El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, criticó a Muñoz.
“Es inconcebible que el embajador del Gobierno Petro aplauda una revolución marxista y sangrienta. Es un grave insulto a todos los nicaragüenses y exiliados que aún sufren las repercusiones de los sandinistas”, criticó Rubio.
La celebración, en la que participó el embajador colombiano, se realizó el pasado 7 de julio en ese país, por la conmemoración de los 44 años de la revolución sandinista. En la caminata en la ciudad de León se le vio con trajes alusivos a ese movimiento de izquierda, como la pañoleta roja y negra en el cuello y la gorra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que lidera el presidente de ese país, Daniel Ortega.
Según medios locales, en el evento también estuvo el congresista colombiano Alejandro Toro, del Pacto Histórico. Los medios oficialistas dijeron que se trató de la “diplomacia colombiana”.
En la caminata, además de Ortega, estuvieron líderes del sandinismo, como el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y otros funcionarios cercanos al régimen nicaragüense.
La polémica internacional está servida, ya que otros líderes han expresado que, según la Convención de Viena, los diplomáticos no deben inmiscuirse en asuntos internos de un Estado, por lo que eso podría ser una clara incidencia.