Humberto de la calle, jefe negociador del gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de paz con las Farc, envió una carta a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, expresando sus preocupaciones hacia al proyecto de decreto con el que esta cartera busca acelerar la reforma agraria, el primer punto de los acuerdos firmados en 2016.
El proyecto de decreto busca darle a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) funciones jurisdiccionales que superan sus competencias, según Humberto de la Calle. De ahí, las consideraciones escritas que remitió a la ministra de Agricultura.
El senador, por ejemplo, criticó el artículo 3 del proyecto de decreto en mención:
“El artículo 3 del proyecto de decreto establece que, en los procedimientos administrativos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos, la extinción del derecho del dominio, así como en los de caducidad administrativa, condición resolutoria del subsidio, reversión y revocatoria de titulación de baldíos, la ANT tomará la decisión de fondo que corresponda. Esto implica darle una función jurisdiccional a la Agencia, excediendo las funciones del Ejecutivo (...) Permitir que una entidad de naturaleza administrativa ejerza las funciones de juez y parte resulta, a todas luces, contrario a los principios del Estado de derecho y, por lo tanto, inconstitucional”.
Humberto de la Calle también argumentó que es inconstitucional que la Agencia Nacional de Tierras, cuyas funciones son administrativas, ejerza las funciones de juez, como pretende el proyecto del Gobierno. Además, expuso que tales tareas son propias de la Jurisdicción Agraria.
Otro reparo que el senador vio en el proyecto de decreto es que no hay garantías de imparcialidad para que la Agencia Nacional de Tierras inspeccione los predios con fines de recuperación de baldíos y extinción de dominio.
“Para mencionar solo algunos ejemplos, el artículo 1 del borrador, al modificar el capítulo 3 del título 11 del Decreto 1071 de 2015 elimina la figura del perito y limita la inspección ocular, solamente cuando sea imposible verificar por medios de videograbación, fotografías o por cualquier medio de prueba. Ambas medidas, además de ser contrarias al Acuerdo Final de Paz y al Decreto 902 de 2017, afectan el debido proceso y la imparcialidad de la ANT pues, además de actuar como juez y parte, no tendrán elementos de prueba que garanticen la imparcialidad en la decisión que tome la entidad”, dijo.
“El proyecto de decreto, al buscar que se lleve a cabo la extinción de dominio predio a predio, lleva a que la ANT enfoque sus capacidades en la titulación individual y no la titulación masiva de la propiedad rural, como se estableció en al Acuerdo de Paz, desdibujando el objeto con el cual fue creada la Agencia”, agregó De la Calle, que reconoció los esfuerzos del Gobierno por la reforma agraria, aunque cuestionó el cómo se quiere hacer.
Consejo Gremial también había expresado su preocupación
Días atrás, el Consejo Gremial advirtió que el proyecto de decreto puede ir en contravía de la paz por la que apuesta el Gobierno Petro y, por el contrario, aumentar el ambiente de polarización que ha marcado a Colombia en los últimos tiempos.
“Desde el Consejo Gremial Nacional hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura y al Gobierno nacional para que las medidas de carácter reglamentario sean expedidas conforme al orden constitucional y legal, y estén encaminadas a proteger y salvaguardar el bienestar de toda la población. Al respecto, los proyectos de decreto que se publicaron para comentarios generan inseguridad jurídica y pueden ocasionar mayor polarización en detrimento de la paz y estabilidad social en los territorios”, sustentó a través de una misiva.
Así mismo, afirmó que el proyecto de decreto “elimina las garantías judiciales a la extinción de dominio y convierte el proceso en “administrativo” y a discreción de la Agencia Nacional de Tierras, sin intervención de la rama judicial”, hecho por el que se mostró preocupado.