El senador Humberto de la Calle, exjefe negociador en los diálogos con las Farc, y Sergio Jaramillo, exalto comisionado para la Paz en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, emitieron un comunicado conjunto en apoyo a la implementación de lo pactado con la extinta guerrilla.

El pronunciamiento ocurre luego de que Gustavo Petro centrara su discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en un balance agridulce de la puesta en marcha del acuerdo.

Ambos piden que “volvamos al acuerdo”, con el fin de que “no solo el gobierno nacional, sino la sociedad entera y la comunidad internacional retomen la implementación del acuerdo como un propósito nacional”.

Sin embargo, aseguran que no es necesario apelar al fast track para implementar el acuerdo.

“Tampoco creemos que sea necesario apelar a mecanismos de fast track, que en todo caso exigen reformas constitucionales que retrasarían en al menos un año la implementación del acuerdo”, expresa el documento.

Y recuerdan que el fast track surgió como “una garantía en un momento crítico como fue el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las Farc, que requería su coordinación con una serie de garantías jurídicas”.

Advierten, además, que no tiene justificación en temas que no son pertinentes al proceso con las Farc.

“Esa urgencia no subsiste hoy. Tampoco tiene justificación un nuevo fast track para temas ajenos al acuerdo”, indica el documento conjunto.

Tampoco están de acuerdo con la idea de Petro de promover un nuevo “tribunal de cierre”, luego de “los enormes esfuerzos que hicieron los tribunales de Justicia y Paz, y que ahora está haciendo la JEP”.

“No es solamente un asunto de costos: la idea de un tribunal de cierre que conduzca a un ‘perdón social’ —de facto a una amnistía general encubierta— echaría al traste con todos estos esfuerzos y derrumbaría la seguridad jurídica de quienes hoy están sometidos a la JEP. Colombia ha puesto un nuevo estándar internacional tras el cierre del examen preliminar de la Corte Penal Internacional. Lo tenemos que proteger. Alentamos a la JEP a trabajar de forma expedita y ceñida a los fines del acuerdo”, expresan dos de los funcionarios que se la jugaron por el acuerdo.

De la Calle y Jaramillo piden sacar adelante el acuerdo

Destacaron que los miembros del Consejo de Seguridad “llamaron a implementar de manera decidida el acuerdo de paz”.

Por eso, dos de los principales referentes del proceso creen que “si no hacemos todos un esfuerzo mucho mayor en los próximos años, el acuerdo puede naufragar”.

“Por eso nos alegra que el presidente Petro haya puesto en el centro de su intervención ante el Consejo de Seguridad un propósito primordial del acuerdo: la integración territorial y la inclusión social de las poblaciones más desfavorecidas de la Colombia rural. Como dijimos tantas veces, hacer valer la Constitución del 91 en todo el territorio y mostrar que los gobiernos toman con la misma seriedad los derechos de todos los ciudadanos es la gran oportunidad que nos presenta el acuerdo para avanzar en la consolidación del orden constitucional en todos los rincones de Colombia”, expresan en el documento.

Celebraron también que el presidente hizo énfasis en los dieciseis Planes Nacionales de la Reforma Rural Integral del acuerdo, invitando a que les insista a los ministerios que lo implementen, y les parece correcto impulsar un Plan Marshall para impulsarlo. Igualmente, dicen que el nombramiento de Juan Fernando Cristo, nuevo ministro del Interior, “debería facilitar la supervisión de estos esfuerzos y el cumplimiento de las metas”.

Pero hablaron sobre otra de las últimas propuestas del presidente, entre ellas extender los tiempos del acuerdo, lo cual consideran “razonable en relación con los procesos que exijan esfuerzos fiscales, pero no se debería extender a medidas transicionales de acuerdo que tienen límites legales e incluso constitucionales”.

Finalmente, los exfuncionarios del Gobierno Santos reiteran que “el corazón de la implementación del Acuerdo de Paz no está en las normas sino en el compromiso de todos los funcionarios públicos con el Acuerdo, en la vigorosa puesta en marcha de las políticas públicas necesarias para su implementación y en la inclusión de toda la sociedad en las regiones en un modelo que hemos llamado de ‘paz territorial’”.