La representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, denuncia que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no ha ejecutado recursos para atender a 163.283 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en vulnerabilidad. De acuerdo con la parlamentaria, la entidad tiene a su disposición $ 371.000 millones de pesos para dicho fin desde el 1 de enero.
De acuerdo con la congresista, durante 10 meses, el ICBF tuvo a su disposición dicho presupuesto para garantizar los derechos de niños y niñas entre 6 y 13 años. Además, debía colaborar en la construcción de sus proyectos de vida para adolescentes y jóvenes entre 14 y 28 años.
Arbeláez asegura que esta atención no se cumplió, lo cual habría dejado desprotegidos a niños, adolescentes y jóvenes. De acuerdo con la congresista, están en riesgo de “reclutamiento forzado, consumo de sustancias psicoactivas, violencias y embarazo adolescente”, entre otras situaciones.
“Para el gobierno de Gustavo Petro, los únicos jóvenes que importan son los que están delinquiendo. Esos jóvenes criminales a los que pretenden pagarles un millón de pesos por no matar. Hemos evidenciado que desafortunadamente los recursos de este año, destinados para atender a más de 160.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en estado de vulnerabilidad, por parte del ICBF no se están ejecutando”, dijo Arbeláez.
Además, la congresista de Cambio Radical recalcó que también están en riesgo los niños en La Guajira.
“También a los niños y niñas de La Guajira, que se mueren de sed y de hambre. De 371.000 millones de pesos que tenían disponibles para esta población, no se ha invertido ni un solo peso”, agregó Arbeláez.
La congresista le hizo un llamado a Gustavo Petro: “Presidente, los niños y jóvenes que no son delincuentes también necesitan ser atendidos. Queda claro que este es un gobierno que poco materializa su discurso social”.
“Es el colmo que el presidente y su gabinete estén tan desconectados de las necesidades de las regiones y de las poblaciones más vulnerables, como son los niños y los jóvenes de nuestro país. Esperemos que el señor presidente algún día deje de gobernar por Twitter y le exija a los funcionarios que ejecuten los recursos para cumplir con esa promesa de cambio, que hasta la fecha es puro engaño”, concluyó Arbeláez.
La congresista también resaltó que según la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio se registraron 125 casos de reclutamiento forzado. Casos que, según Arbeláez, pudieron haberse evitado con la ejecución de dichos recursos.
Mientras tanto, el programa Jóvenes en Paz del Ministerio de la Igualdad, que busca entregarles a jóvenes un millón de pesos mensuales para que no cometan delitos como el asesinato, ya tiene un proyecto de decreto. Gareth Sella, miembro de la primera línea y recién nombrado viceministro de la Juventud, será el encargado de manejar la iniciativa gubernamental.
Esta iniciativa está diseñada para llegar a más de 100.000 jóvenes e incluiría menores de edad desde los 14 años. Estas transferencias tendrán un costo total de 1.2 billones de pesos, según estima el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.