Luego de la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, se esperaba que cesaran las manifestaciones de los grupos estudiantiles. Sin embargo, las protestas violentas se mantienen, así como los actos vandálicos y el detrimento patrimonial a la infraestructura, que le corresponde al Estado reponer.
Múnera, como cabeza de la institución, puso a sus vicerrectores en todo el país a firmar acuerdos con los grupos estudiantiles con el fin de retomar las actividades. Estos no se han podido cumplir en su totalidad, por lo que la comunidad estudiantil sigue manifestándose, vandalizando las instalaciones y ejerciendo violencia en las inmediaciones, como los recientes enfrentamientos entre encapuchados y la Policía Nacional frente a la sede de Bogotá.
Para algunos estudiantes, profesores y funcionarios de la Universidad Nacional, Múnera perdió el control de la institución, provocando desmanes por no poder cumplir con exigencias insólitas de los grupos que pertenecieron al paro.
SEMANA conoció fotografías del estado de las sedes y documentos que prueban que la institución se comprometió a hacer un museo y a guardar la identidad de quienes atentaron contra las instalaciones.
En las sedes de Bogotá y Manizales hay grafitis en paredes y ascensores, así como posibles robos en la institución. En las instalaciones principales vandalizaron cajeros de Bancolombia y de Davivienda, manchándolos de pintura blanca y esparciendo en las máquinas lo que para los testigos parecen heces.
El origen del problema son los extensos acuerdos a los que llegó Múnera en las distintas sedes. En Bogotá, por ejemplo, la institución se comprometió a hacer un museo itinerante de la “memoria histórica de la comunidad universitaria”, que implica “reparación y garantías de no repetición frente a la violación de los DD. HH., reconociendo especialmente la criminalización”.
Por otro lado, en la sede de Manizales, el pliego de garantías, que la vicerrectora Belizza Ruiz prometió cumplir, incluye que no se tomen represalias “académicas, disciplinarias o judiciales contra miembros y/o funcionarios de la comunidad universitaria” que hayan participado en las protestas.
Además, la universidad accedió a “no aportar información personal ni material audiovisual (cámaras de seguridad, audios de redes sociales y/o fotos)” de quienes participan en la protesta. Incluso, se refieren a los robos cometidos en medio de los desmanes diciendo que “se permitió el acceso de algunos miembros de la comunidad universitaria, los cuales sacaron en varias ocasiones algunos bienes y elementos de trabajo de los cuales no hubo control de inventario”.
“Teniendo en cuenta lo anterior, se exige que no se tomen represalias, ni aperturas de procesos contra la comunidad que haya participado de la toma por posibles extravíos de elementos de la universidad”, dice el documento.
Esto pasa incluso cuando se pintó un grafiti en el bloque B de Manizales en el que aseguran que “saquearon la tienda universitaria ($15 millones), robaron herramientas de mantenimiento ($10 millones) y robaron discos duros y objetos personales”.
Por las implicaciones de los compromisos, más de 80 profesores de la sede de Manizales manifestaron su “indignación y profundo rechazo” por los pactos a los que llegó la vicerrectora, dado que los afecta en sus programas de trabajo académico.“Hacemos responsable a la administración de la sede y del nivel nacional de las afectaciones a nuestros derechos laborales”, se lee en un comunicado que conoció SEMANA.
Ni siquiera la victoria de Múnera apaciguó a los grupos de estudiantes que se toman con violencia y vandalismo las sedes de la Universidad Nacional. Se espera que en los próximos días se revisen los compromisos con el fin de garantizar la calma para las actividades académicas. Pero, en cualquier caso, en la Nacional no puede reinar la impunidad. Quienes cometieron delitos deben responder ante la ley.