El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció medidas ante la advertencia que lanzó el gremio energético del país, sobre una alerta de desabastecimiento de energía que se registraría en el departamento de La Guajira.
Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano señaló que varias gigas dejaron de entrar el año pasado en Colombia por una “incompetencia gubernamental”.
En el mensaje también señaló que en su gobierno del Pacto Histórico se va a acelerar para materializar proyectos de líneas de conexión en La Guajira para evitar espantar el fantasma del desabastecimiento energético.
“Gracias por la advertencia. De hecho, dos gigas de energía dejaron de entrar el año pasado, como estaba previsto por pura incompetencia gubernamental. A partir de mi gobierno aceleramos los trámites para construir las líneas de conexión con La Guajira”, trinó Petro.
Los gremios señalaron que a raíz de los eventos sociales y bloqueos que vienen ocurriendo últimamente en esta región, “están retrasando considerablemente los cronogramas de construcción y desarrollo de estos proyectos, y requieren una atención especial por parte de todas las autoridades y agentes involucrados”, señalaron en un comunicado.
Y otro de los apartes del documento indicaron: “Es fundamental tener en cuenta que el adecuado desarrollo de estos proyectos, así como la futura permanencia y el desarrollo de nuevas iniciativas en este departamento”.
Y plasmaron los impactos de la generación de energía en la Guajira y las afectaciones si ese proceso se detiene:
- Contribuyen al desarrollo y crecimiento del departamento en relación con las iniciativas sociales, empleabilidad de mano de obra y dinamización de la economía local.
- Aportan avances en el proceso de transición energética justa, del cual, como ya lo mencionamos estos proyectos son fundamentales.
- Su suspensión o atraso puede resultar en riesgos de desabastecimiento de energía eléctrica en el año 2027, pues implica un desbalance en la matriz de generación eléctrica, por la no entrada en operación oportuna de proyectos que representan el 12 % de la capacidad disponible que se prevé para ese año.
- Adicionalmente, frente a la suspensión de los proyectos también se suspende el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los procesos consultivos que se han llevado a cabo con las comunidades y sobre los cuales las empresas están dispuestas a seguir avanzando.
Y el gremio energético del país envió un mensaje directo: “Solicitamos muy respetuosamente, reforzar la seguridad en el departamento y el acompañamiento y apoyo constante del Gobierno nacional hacia las empresas y sus contratistas, para proteger la integridad de sus trabajadores y el adecuado desarrollo de estos proyectos”.
Servicios públicos: intervenir los precios de la energía puede llevar al racionamiento, Creg
Ante la puesta en firme de la medida que llevó a que el presidente de la República, Gustavo Petro asumiera la regulación de los servicios públicos durante tres meses. Gremios del sector de la energía han salido a controvertir esta facultad del mandatario de los colombianos.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), por su parte, dijo que intervenir las tarifas de energía puede llevar al racionamiento.
“Intervenir los precios del mercado mayorista de energía, implica una distorsión en el comportamiento del mercado que elimina la posibilidad de usar el precio como mecanismo de racionalización de los embalses y traslada al Estado el riesgo de la operación de estos. De esta forma, si se llegase a presentar en el próximo verano una situación de hidrología seca extrema, frente a la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de El Niño, tendríamos un muy complejo panorama con el riesgo de enfrentar la posibilidad de no atender la demanda en forma continua”.
Lo anterior quedó advertido en una carta que la Creg envió a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la que aseguran que “afectará la sostenibilidad de los sectores que se intervengan”, y advirtieron la importancia de mantener un marco regulatorio que sea producto de una discusión técnica entre el Gobierno.
“Una intervención de tarifas por fuera del esquema creado desde 1994, con certeza afectará las obligaciones de prestación del servicio y modificará intrínsecamente las condiciones de remuneración, con su consecuente efecto en la continuidad, calidad y demás derechos de los usuarios del servicio; no solamente en el corto plazo, sino que afectará la sostenibilidad de los sectores que se intervengan y, directamente, la confianza para realizar inversiones en el sector”, advirtieron en la carta.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), a través de un comunicado, manifestó que están dispuestos a continuar trabajando conjuntamente con el Gobierno nacional y los demás actores interesados para seguir construyendo país.
“Entendemos que hay una coyuntura de tarifas que afecta a los colombianos, la cual no es ajena a los generadores de energía. Además de los esfuerzos que hemos realizado desde que empezó el Pacto por la Justicia Tarifaria, desde Acolgen estamos trabajando en una serie de propuestas que queremos presentarle al Gobierno la próxima semana, con objetivos alineados entre lo que el Gobierno está buscando y la sostenibilidad de nuestro sector”, indicaron en el comunicado de prensa.
Y también advirtieron que es fundamental que las decisiones que se tomen estén basadas en análisis técnicos, propios de una entidad como la Creg, que se ha caracterizado por su rigurosidad en sus estudios y resoluciones. Asimismo, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que las normas que se emitan respondan al marco constitucional y legal vigente, sean fruto del consenso y discusión de todos los sectores, se apoyen en argumentos técnicos y jurídicos sólidos, y se ponderen de forma tal que el cumplimiento de objetivos de corto plazo no sacrifique pilares básicos sectoriales, relativos a la suficiencia del abastecimiento y la seguridad energética.
Es de recordar que las facultades del presidente Petro en regulación de servicios públicos quedaron contempladas el Decreto 0227 del 16 de febrero de 2023, que fue firmado el pasado miércoles 15 de febrero por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo; la ministra Minas y Energía, Irene Vélez; la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y el director nacional de Planeación, Jorge Iván González.
En el oficio se hizo oficial la decisión del mandatario colombiano de reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
En consecuencia –se lee en el documento–, “las Comisiones de Regulación continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen a la fecha de la expedición del presente decreto”.